La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM o NAIM) en Texcoco, en el Estado de México, cercano a la capital del país, será detenida. Una consulta finalizada el domingo en la que un millón de personas votaron arrojó que 70% prefiere reacondicionar el aeropuerto actual y el de Toluca en el Estado de México, además de construir dos pistas en Santa Lucía, una base aérea militar a 50 kilómetros de la Ciudad de México. La decisión de los votantes legitima la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien como candidato prometió que detendría el NAICM en Texcoco, y echa por tierra el proyecto emblemático del hasta ahora presidente Enrique Peña Nieto, quien desde que era gobernador del Estado de México (2005-2011) mostró intenciones de que el aeropuerto fuera construido en Texcoco.
La consulta propuesta por AMLO y su partido, Movimiento de Regeneración Nacional, provocó polarización en la sociedad mexicana, dado que López Obrador no ha tomado posesión como presidente aún y por denuncias de irregularidades en la consulta popular, entre ellas que las personas votaron dos o más veces, habían boletas no numeradas y faltaba un registro de los votantes.
Pero desde un inicio el proyecto del aeropuerto creó polémica por la oposición de los pobladores: acusaciones de falta de transparencia, la forma en que se adjudicaron los contratos y asuntos ambientales. Más adelante, el esquema financiero y los costos generaron cuestionamientos sobre la viabilidad del aeropuerto más ambicioso de América Latina.
Aquí presentamos los detalles más controversiales del aeropuerto cancelado:
Los contratos
Si bien el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), empresa estatal a la que le fue adjudicada la concesión del NAICM, creó un sitio donde publicaría todos los procesos de contratación, la forma en que adjudicó algunos de los contratos generó cuestionamientos a la transparencia del proyecto.
De 536 contratos realizados desde 2012 y hasta septiembre de 2018, 70% fueron adjudicados sin concurso de por medio. Además, 55% del monto gastado en la contratación fue a parar a las manos de cinco empresarios de los más ricos en México, como Carlos Slim y Carlos Hank Rhon, según documentó la investigación disponible en torredecontrol.org, de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
Fuera de los contratos de mayor importe, se adjudicaron contratos por menor importe a personas ligadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido del presidente Peña Nieto.
El lago
Grupos de la industria turística, además de las aerolíneas, veían necesaria la construcción del aeropuerto en Texcoco para que México fuera un país de clase mundial en turismo. Sin embargo, las poblaciones aledañas, conformadas por 19 comunidades y organizaciones de la sociedad civil, reclamaron la falta de consulta previa, libre e informada, además de expropiación de sus tierras y daño ambiental irreversible.
Uno de los puntos más polémicos fue que el aeropuerto sería construido en el antiguo lago de Texcoco, con un suelo de naturaleza pantanosa y húmeda, para lo cual se necesitaría un trabajo importante para evitar su hundimiento, como sucede con varias zonas de la Ciudad de México, también ubicada sobre un antiguo lago. Esto llevó a que se explotaran cerros cercanos para extraer un material conocido como tezontle, que sirve para absorber y estabilizar el suelo. El paisaje de los alrededores cambió para siempre.
Ahí también se ubica el lago Nabor Carrillo, un vaso regulador y santuario de 250 especies de aves nativas y migratorias, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
La cercanía de este cuerpo de agua llevó a una propuesta inicial de secar el lago y crear nueve lagunas artificiales alrededor para reubicar a las aves, pero en mayo de 2017, ya habiendo empezado la construcción, la dependencia encargada no había hecho los nuevos cuerpos de agua.
El dinero
Una de las razones del presidente Peña Nieto para defender la construcción del aeropuerto era que generaría más de 400.000 puestos de trabajo, además de que impulsaría económicamente la zona por medio de la Aerotrópolis, un hub de negocios alrededor del aeropuerto.
Sin embargo, nunca habló de la opacidad del esquema financiero creado para mantener el aeropuerto. Los recursos fueron obtenidos con créditos bancarios, la emisión de bonos verdes internacionales y la transferencia de lo recaudado por la Tarifa Única Aeroportuaria (TUA), un impuesto pagado por los viajantes en cada boleto de avión.
El dinero fue guardado y movido mediante tres fideicomisos en los que no se transparenta la proporción de recursos públicos y privados, según documentó PODER. A dos de los fideicomisos privados en los que se recauda la TUA, ni la Auditoría Superior de la Federación, el órgano encargado de auditar las cuentas públicas, ha tenido acceso.
Diferentes instituciones y dependencias divergen en el costo total y parcial estimado del proyecto. Primero, se habló de que toda la construcción costaría 169.000 millones de pesos mexicanos (unos 8.500 millones dólares), pero después el monto sólo para la primera fase del aeropuerto ya duplicaba la primera cifra. Finalmente, la viabilidad del proyecto nunca fue recalculada.
Ante los resultados de la consulta, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México respondió en conferencia de prensa que se continuará con la construcción del aeropuerto hasta el 30 de noviembre, un día antes de que López Obrador tome posesión como presidente.
AMLO comentó que el terreno podría ser usado como un centro deportivo para la Ciudad de México.
Mientras que los mercados y grupos empresariales reaccionaron negativamente a la cancelación del aeropuerto en Texcoco, las comunidades aglomeradas en Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto, festejaron el resultado de la consulta. Para ellos representa una victoria ante casi 18 años de lucha por su tierra y su modo de vida.
Cortesía de El Nuevo Herald. Claudia Ocaranza es periodista de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), que ha realizado una extensa investigación sobre el caso del aeropuerto.
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