Durante un encuentro celebrado en la ciudad marroquí de Marrakech, 164 estados integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron la semana pasada el denominado Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. La iniciativa había sido acordada en julio por todos los estados miembros de la ONU, con la excepción de Estados Unidos.
Desde entonces, varios países han tomado distancia del texto a pesar de que no es legalmente vinculante y respeta la soberanía de los estados para gestionar sus fronteras y sus políticas migratorias.
En el caso de Bélgica, la firma del acuerdo desató una crisis política interna. La Nueva Alianza Flamenca (N-VA), un sector derechista y separatista, que además tiene la mayor representación en el Parlamento, retiró a sus ministros de la coalición gobernante la semana pasada después de que el primer ministro, Charles Michel –que cuenta con mayoría parlamentaria gracias al aporte de socialistas y verdes–, rechazara la petición planteada por los flamencos de no firmar el pacto migratorio.
Ante esto, el N-VA convocó una movilización el domingo, en Bruselas, en la que más de 5.000 personas manifestaron su repudio a la firma del pacto, superando en número ampliamente a otra marcha convocada por ciudadanos que defienden el pacto migratorio, en su mayoría militantes de partidos de izquierda y organizaciones sociales.
Durante la manifestación, los sectores más radicales del partido independentista flamenco chocaron con la Policía y fueron detenidas unas 100 personas, según informaron agencias internacionales de noticias. Como telón de fondo, más allá de la cuestión migratoria, analistas coinciden en que la retirada de los flamencos del gobierno se enmarca en el comienzo de la campaña electoral para los comicios de mayo.
Otras posturas
El pacto migratorio impulsado por la ONU incluye 23 grandes objetivos. Entre esas metas, hay algunas genéricas, como la cooperación para abordar las causas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal. Pero también hay compromisos concretos, como medidas contra la trata y el tráfico de personas, y otras para evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes indocumentados sólo como última opción o reconocer el derecho de esas personas a recibir salud y educación en sus países de destino.
Pese a que el pacto no implica obligaciones para los países y deja claro que cada Estado es soberano para determinar sus propias políticas en este ámbito, algunos países –entre ellos Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Israel, Australia, Chile y República Dominicana– decidieron no firmarlo, la mayoría de ellos bajo el argumento de que es incompatible con su soberanía o de que podría tener un efecto de incitación a la inmigración ilegal.
En el caso de Chile, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, hizo una declaración oficial para explicar su negativa a sumarse al pacto en la que aseguró que “el texto discutido en la ONU choca con las normas de Chile para tener una migración segura, ordenada y regular”. Por su parte, Rodrigo Ubilla, subsecretario del Ministerio del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, dijo al diario El Mercurio: “Nosotros decimos que la migración no es un derecho humano”.
Los partidos de la oposición chilena calificaron la actitud del gobierno de “vergonzosa y autoritaria”, y en una línea similar se manifestó la ex presidenta Michelle Bachelet, quien actualmente se desempeña como alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Dijo estar “muy decepcionada con las autoridades de los países que no firmaron el pacto” y agregó que piensa que “lo que pasa hoy es que muchos líderes, en lugar de dirigir y dar el ejemplo, prefieren mirar las encuestas para ver si la gente le tiene miedo a la inmigración”.
Este fenómeno es seguido desde muy de cerca por la ONU, pero en 2015 el organismo internacional entendió que era momento de tomar medidas concretas después de que más de un millón de personas llegaran a las costas de Europa, la mayoría de ellas huyendo de la guerra en Siria y también de la extrema pobreza que domina numerosos países africanos.