El caso de Teodora Vázquez es emblemático dentro y fuera de El Salvador, y resonó fuerte en diciembre, cuando un tribunal ratificó su condena a 30 años de prisión por abortar. Había sido sentenciada a esa pena en 2008, cuando se la declaró culpable de homicidio agravado, pese a que ella aseguró que no buscó interrumpir su embarazo, sino que sufrió complicaciones obstétricas, no recibió la atención que necesitaba y su hijo nació muerto en la escuela en la que ella trabajaba como limpiadora. Por entonces Vázquez tenía 24 años y un hijo de cuatro. Recién ayer, diez años después, pudo volver con su familia.
La Corte Suprema salvadoreña le conmutó a Vázquez la pena a diez años y siete meses de prisión. Según dijo a la prensa el viceministro de Seguridad, Raúl López, la decisión se tomó por “razones de justicia, de equidad de género y jurídicas”. La Corte Suprema desestimó los argumentos que esgrimió el Tribunal Segundo de Sentencia en diciembre para ratificar la condena, y concluyó que “la prueba científica no permite determinar ninguna acción voluntaria que condujera a la muerte de la criatura que se estaba gestando”, informó la agencia de noticias Efe. La legislación de El Salvador es una de las pocas del mundo que penalizan el aborto en cualquier circunstancia. En esto coincide con Nicaragua, Haití, Honduras, Andorra, Malta y Surinam, señaló la BBC.
Vázquez celebró ayer con su familia su liberación, y manifestó públicamente su intención de “seguir luchando” para que otras mujeres en circunstancias similares a las suyas salgan de la cárcel. La Organización de las Naciones Unidas les pidió en noviembre a las autoridades de El Salvador que revisen esos casos. Algunas organizaciones sociales estiman que hay 13 mujeres condenadas por abortar en El Salvador, y otras elevan el número a 27. Esta última cifra es la que maneja Amnistía Internacional, que ayer reclamó que el caso de Vázquez sirva para modificar la legislación salvadoreña.
“La liberación de una mujer a la que han obligado a pasar un decenio entre rejas en El Salvador tras haber sufrido complicaciones en el embarazo debe abrir la puerta al final de la extrema legislación del país contra el aborto”, manifestó Amnistía Internacional en un comunicado. “Resulta alentador ver a Teodora salir de la cárcel –donde nunca debió haber estado, para empezar–, pero El Salvador aún está lejos de garantizar plenamente los derechos de las mujeres y las niñas”, dijo la directora para las Américas de esa organización, Érika Guevara-Rosas. La dirigente llamó a “derogar urgentemente esta indignante prohibición del aborto, que ha creado un contexto generalizado de discriminación, dolor e injusticia”. En el caso de Vázquez, aunque fue liberada, la conmutación de la pena no implica una anulación de la condena ni un reconocimiento de su inocencia.
Alberto Romero, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dijo a Efe que está a consideración del Parlamento una iniciativa de despenalización en “circunstancias límite”, y consideró que los diputados de la actual legislatura, que termina el 30 de abril, “deberían dejar como una herencia la aprobación de la despenalización para que El Salvador deje de ser de esa minoría de países del mundo que todavía mantienen estas leyes contra las mujeres”. Ese proyecto de ley contempla la despenalización en caso de que la vida de la mujer embarazada corra peligro, de que no sea viable la vida del embrión fuera del útero y de que la concepción sea consecuencia de la violación de una niña.
Pese a que por ahora los distintos llamados a cambiar la legislación de El Salvador no han tenido respuesta, la liberación de Vázquez fue celebrada ayer por organizaciones sociales como una señal de apertura.
Antes de que se conmutara la pena a Vázquez, se había tomado una decisión similar para Isabel Quintanilla, cuya condena a 30 años de prisión fue considerada “excesiva, desproporcionada e injusta”. La pena de Quintanilla se conmutó a tres años.
Romero dijo también que varias organizaciones sociales pidieron la conmutación de la pena de otras seis mujeres en circunstancias similares a las de Vázquez y Quintanilla, y que la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto espera que sean liberadas en los próximos meses. De acuerdo con esa organización, que prepara otras solicitudes de ese tipo, son 13 las mujeres que en El Salvador están en la cárcel acusadas de interrumpir su embarazo.