Las investigaciones judiciales contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva son varias; una de ellas refiere a una casa en São Bernardo do Campo, San Pablo, vecina a la residencia que Lula tiene en esa localidad. Allí el choque entre acusación y defensa es muy similar al que refiere al tríplex de Guarujá, por el que Lula ya fue condenado en primera y segunda instancia. Durante la presidencia de Lula el Estado alquiló la casa de São Bernardo do Campo para que allí vivieran los guardias de seguridad del presidente, y él la siguió utilizando después de terminar su mandato. Según la defensa, Lula la alquiló legítimamente a su propietario, Glaucos da Costamarques; según la acusación, Costamarques la compró con dinero de la constructora Odebrecht para entregársela a Lula como forma de soborno.
Mientras Lula pelea para mantener su candidatura para las elecciones de octubre pese a la condena por el caso del tríplex, las demás causas avanzan y tanto la defensa como el Ministerio Público presentan distintas pericias ante los jueces de los diferentes casos.
El viernes el diario Folha de São Paulo informó que la defensa de Lula presentó una pericia en la que se prueba que Odebrecht había falsificado una de las pruebas utilizadas por el Ministerio Público para acusar a Lula en el caso de la casa de São Bernardo do Campo. De acuerdo con el estudio, se falsificaron resúmenes bancarios de la compañía constructora para que Lula apareciera como uno de los beneficiarios de la contabilidad paralela que llevaba adelante la empresa. Esta falsificación se hizo mediante la inserción de texto en las fotocopias de los documentos, indica el peritaje.
Para este estudio la defensa contrató a un perito que ya había trabajado con otros documentos de la causa: los recibos de varios meses de alquiler pagados por la esposa de Lula, Marisa Letícia, ya fallecida. En ese caso los peritajes de la defensa y del Ministerio Público coincidieron en que los documentos eran auténticos.
Ya se había denunciado que Odebrecht había presentado documentos falsificados. El primero en acusar a la empresa por esto fue el abogado Rodrigo Tacla Durán, que trabajó durante décadas para la compañía y es considerado uno de los cerebros de la contabilidad paralela que llevó adelante durante varios años. Fugado en España, donde está detenido para ser juzgado por los delitos de los que se lo acusa en Brasil, en noviembre Tacla Durán acusó a la empresa de falsificar documentos para involucrar a dirigentes del Partido de los Trabajadores, en particular a Lula, porque si presentaran los originales quedaría demostrado que Lula es inocente.