La división de Argentina de Amnistía Internacional (AI) difundió un informe en el que advierte sobre las amenazas y agresiones que reciben en redes sociales algunos periodistas y militantes por los derechos humanos desde cuentas cercanas al gobierno y sobre el efecto “disciplinador” que esto podría tener.
Se analizaron 354.000 tuits publicados entre octubre y noviembre de 2017, un momento en el que el foco de la atención estaba puesto en la muerte de Santiago Maldonado, la prisión preventiva de dirigentes kirchneristas y la difusión de las imágenes de la detención del ex vicepresidente Amado Boudou en su casa. Se analizaron las cuentas de ocho periodistas que fueron elegidos porque “su carácter diverso, su diferente inserción en distintos medios de comunicación y sus reconocidas posiciones también variadas en términos ideológicos y de afinidades político culturales, dota a los resultados de mayor representatividad”. Entre los seleccionados están, por ejemplo, Ernesto Tenembaum y Nelson Castro. También se incluyeron una cuenta de difusión del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y las menciones a la vocera de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belski.
Cuando los tuiteros relevados eran críticos con el gobierno o algún funcionario, eran automáticamente víctimas de lo que AI denomina “cibertropa”, una combinación aleatoria de cuentas personales –a veces de referentes políticos–, trolls –a los que define como cuentas anónimas que publican “mensajes agresivos, violentos o despectivos con el objetivo de molestar a las comunidades”– y bots –cuentas que están “total o parcialmente automatizadas en sus interacciones”–. El objetivo de las cibertropas es “generar acciones con el fin de producir algún efecto en la opinión pública, en la circulación de la información o en la persecución de opiniones críticas”, indica el informe.
De acuerdo con el análisis, el primer paso consiste en que un dirigente político u otra figura relevante para las cuentas de la cibertropa señala una determinada publicación que puede ser objeto de un ataque. Entre estos referentes están, por ejemplo, el diputado de la coalición oficialista Cambiemos Fernando Iglesias y el periodista Eduardo Feinmann. Una vez que el ataque comienza, las figuras ya no se involucran en las agresiones.
En los casos estudiados, estas acciones digitales “tienen el propósito no sólo de descalificar sino también de funcionar como un dispositivo de disciplinamiento y autocensura”. En este sentido, AI advierte que “dada la premisa democrática de garantizar la amplia circulación de un rango variado de perspectivas, es preocupante que la exposición de objeciones a la conducción estatal dispare como reflejo una reacción inmediata y concertada de acoso contra quienes señalan o informan sobre la existencia de dichas objeciones”.
La organización aclara que no responsabiliza al gobierno por estos hechos, aunque sí hay algún dirigente involucrado en la “secuencia de responsabilidades”, y en este sentido señala que “el gobierno y el resto de las formaciones políticas deben evitar la participación de sus representantes en la producción de noticias falsas con fines difamatorios, el discurso del odio y las acciones concertadas de ataques y agresión a periodistas y defensores de los derechos humanos”.