Miles de muertos, otros miles de heridos, millones de refugiados, un paisaje de escombros y una grave crisis humanitaria es el saldo del conflicto en Siria, que cumplió siete años sin expectativas de una paz en el corto plazo. Es que a las complicaciones que se tejen entre el gobierno sirio y la oposición, que no logran llegar a un acuerdo para ponerle fin a la violencia, se han sumado los intereses –y la artillería– de otros países, que convirtieron la guerra civil en un conflicto internacional.
Todo empezó con un puñado de protestas en el marco de la llamada “primavera árabe”, esa revolución que, en nombre de la “democracia” y la “libertad”, logró desbancar en 2011 a varios presidentes autocráticos que detentaron el poder durante más de diez o 20 años. No fue lo que pasó en Siria, donde las movilizaciones fueron reprimidas con violencia –los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejaron manifestantes muertos y decenas de detenidos– y el presidente, Bashar al Assad, siguió en el cargo. La ilusión de la revolución se diluyó a los pocos meses, la protesta se convirtió en guerra civil y la violencia quedó instalada.
Hoy, siete años después, el sirio se convirtió en el conflicto armado más largo y mortífero de los últimos 25 años. Ya costó alrededor de 350.000 muertos, cinco millones de refugiados –cuyo desplazamiento, a su vez, provocó una crisis migratoria que desbordó la capacidad de acogida de varios países vecinos– y más de seis millones de desplazados dentro de Siria.
Al mismo tiempo, la contienda civil entre las fuerzas leales al gobierno y las milicias opositoras evolucionó en un conflicto internacional, con varias partes implicadas, que respaldan a alguno de los dos bandos de acuerdo con sus propios intereses, combaten a los yihadistas, o las dos cosas a la vez. Vale la pena repasar cómo se divide la contienda.
Por un lado está el ejército de Al Assad, que hoy cuenta con 150.000 soldados –perdió la mitad en estos siete años– y es respaldado por cerca de 200.000 milicianos de facciones favorables al gobierno. Además, las fuerzas sirias tienen el apoyo de entre 5.000 y 8.000 combatientes del grupo libanés Hezbolá. El aliado de Damasco con más peso es Rusia, que opera en suelo sirio formalmente desde setiembre de 2015. Su aviación permitió a las tropas gubernamentales recuperar varias zonas claves, como la ciudad de Alepo. Otro aliado fuerte del gobierno es Irán, que desde 2013 ha enviado a miles de combatientes y también proporciona consejeros militares.
Del frente contrario al gobierno la cuestión es un poco más compleja, porque la oposición –que llegó a agruparse, en su mayoría, bajo el nombre de Ejército Sirio Libre– se dividió después en numerosas facciones, que van de los combatientes sin identificación religiosa a los grupos islamistas. Para algunos expertos, esta división es la principal razón de su actual debilitamiento.
Uno de los grupos opositores más poderosos es el Frente Islámico Sirio, constituido en 2012 por 11 grupos islamistas con el objetivo de derrocar al gobierno de Al Assad y formar un “Estado islámico”. Otra organización opositora que cobró fuerza es el Frente al Nusra, que en 2013 rompió relaciones con Al Qaeda y declaró su lealtad al grupo yihadista Estado Islámico (EI), otro de los protagonistas de la contienda. Ese mismo año, EI irrumpió en el conflicto sirio y conquistó grandes zonas del país. Un año después, proclamó un “califato” en los territorios conquistados en Siria y en el vecino Irak, que por momentos pareció consolidarse pero hoy está desintegrado.
Sometido a los ataques del ejército y las milicias leales al gobierno y de las Fuerzas Democráticas Sirias, alianza kurdo-árabe apoyada por Estados Unidos, EI sufrió numerosos golpes y, a fines de 2017, sólo controlaba 5% del territorio sirio, frente a 33% que estaba en su poder a principios de ese año, según datos de la agencia de noticias AFP.
Justamente con el propósito de combatir a EI fue que en 2013 entró formalmente Estados Unidos en el conflicto, a la cabeza de una coalición militar que incluye a más de 60 países, incluidos Reino Unido, Francia y Canadá. Washington apoya a la oposición y respalda específicamente a las milicias kurdas que combaten a los yihadistas, proveyéndolas de armamento y entrenamiento militar.
En tanto, Turquía –que al principio apoyó a las milicias opositoras mayoritariamente sunitas– llegó a una alianza inédita con Moscú, que permitió que Ankara desplegara tropas en la ciudad de Afrin, al norte de Siria. Esta ofensiva, que empezó el 20 de enero, tiene como objetivo expulsar a las Unidades de Protección del Pueblo, una milicia kurdo-siria que Turquía considera “terrorista” por su vinculación con la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, organización civil opositora con sede en Londres, en el marco de esta misión murieron 78 militares turcos, más de 400 combatientes sirios aliados de Turquía y 289 civiles.
Mientras tanto, las fuerzas de Al Assad iniciaron el 25 de febrero una ofensiva para desalojar a las milicias opositoras de la zona de Guta Oriental, al suroeste del país, que ha ocasionado el desplazamiento de más de 70.000 civiles –el mayor desde 2013– y cerca de 1.400 muertes. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó el domingo que el ejército sirio ya controla 82% de este territorio.
En estos siete años hubo múltiples treguas humanitarias violadas y conversaciones de paz fallidas, porque ninguna de las facciones ha querido ceder. Esas negociaciones, que tenían lugar en Ginebra, pasaron a desarrollarse en Astaná, la capital de Kazajistán, en enero de 2017. Irán, Rusia y Turquía actúan como países garantes del proceso. El viernes, los cancilleres de esos países anunciaron que los presidentes Hasan Rohani, Vladimir Putin y Recep Tayipp Erdogan se reunirán el 4 de abril en Estambul para renovar el diálogo con las partes implicadas e intentar, una vez más, allanar el camino a una solución política en Siria.
Más allá de las balas
Como ha sucedido en otros conflictos armados, la violencia sexual también ha sido utilizada en Siria como arma de guerra por todas las partes implicadas, según denunció la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un informe presentado el jueves. El documento, titulado “Perdí mi dignidad: violencia sexual y basada en el género en Siria”, afirma que todos los bandos han abusado sexualmente de mujeres, niñas, niños y hombres para infundir “miedo, humillación, castigo o, en el caso de los grupos terroristas, para imponer su orden social”.
La investigación concluye, después de 454 entrevistas con sobrevivientes, familiares, testigos, personal médico y abogados, que las fuerzas gubernamentales y sus aliados perpetraron violencia sexual contra la población civil durante sus operativos, en los puestos de control y en los centros de detención en todo el país sin excepción y de una forma “generalizada y sistemática”. El informe detalla que muchas mujeres y niñas denunciaron haber sido víctimas de múltiples violaciones y de “violaciones en grupo”, mientras que los hombres y los niños sufrieron vejaciones como la introducción de objetos como palos o botellas, así como descargas eléctricas y mutilación genital.
Según la comisión de la ONU que lideró la investigación, estos delitos pueden considerarse crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, por lo que pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional(CPI).
Por otro lado, la ONU reveló que “si bien son considerablemente menos comunes que las violaciones perpetradas por las fuerzas gubernamentales”, hay pruebas que indican que entre 2011 y 2016 varios grupos opositores también cometieron “violaciones de mujeres” en las provincias de Damasco y Alepo.
A la vez, el informe acusa a EI y al Frente al Nusra de haber impuesto en las zonas bajo su control un estricto código de vestimenta y de negarles a las mujeres la libertad de movimiento, excepto en el caso de que estén “custodiadas” por un hombre.
Las “prácticas brutales” de EI también incluyen la lapidación de mujeres y niñas acusadas de adulterio, ejecuciones de miembros de minorías religiosas arrojados desde azoteas, matrimonios forzosos con niñas de hasta 14 años y latigazos a mujeres por “violar” la ley islámica. Para los investigadores, todo esto también equivale a crímenes de guerra.
El brasileño Paulo Pinheiro, que estuvo a cargo de la investigación, consideró en la presentación del informe que es “totalmente repugnante” que las partes beligerantes sigan cometiendo “actos brutales de violencia sexual y de género” que, de forma “desproporcionada”, suelen ir dirigidos a mujeres y niñas.
Por su parte, Karim AbuZayid, una delas integrantes de la comisión, instó a tomar medidas para combatir “el daño físico y psicológico” que este tipo de abusos acarrea para los sobrevivientes y “para combatir la percepción de vergüenza y culpa que a menudo agravan el sufrimiento”.
La comisión investigadora refirió los casos al Consejo de Seguridad de la ONU para que directamente haga la denuncia ante la CPI.