El próximo mes se cumplen cuatro años desde que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) abrió la licitación pública internacional para que dos empresas cultiven, cosechen y distribuyan cuatro toneladas anuales de cannabis para vender en farmacias.
Desde entonces hasta finales del año pasado se vendieron algo más de 500 kilos de cannabis en la docena de farmacias que lo comercializan en todo el país. Las dos empresas produjeron una cuarta parte de lo que se suponía que iba a estar en la calle. Dos toneladas cada seis meses. Media tonelada es lo mismo que carga una avioneta paraguaya promedio.
A fines de diciembre había 20.000 uruguayos registrados para comprar cannabis en las farmacias. Si durante los primeros seis meses todos hubieran comprado, le habría tocado a cada uno 0,4 gramos. El cannabis llega una o dos veces a la semana a las farmacias, que agotan su stock en unas pocas horas. Los adquirientes que se enteran primero y tienen 40 minutos o una hora para esperar se quedan con la bolsita de cinco gramos.
Farmacias: 0,4 gramos por usuario
Monitor Cannabis, un grupo académico multidisciplinario que funciona en la órbita de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, estima que la demanda total de cannabis en Uruguay es de 34.578 kilogramos. A febrero de 2018, había 8.145 cultivadores domésticos registrados, 78 clubes de membresía y 21.559 personas que optaron por comprar a los boticarios. Si cultivadores hogareños y clubes produjeran su máximo permitido, 40 gramos por mes, la regulación cubriría 16% de la demanda total, consideran en Monitor Cannabis.
Desde el 19 de julio hasta el 14 de febrero las farmacias vendieron 586 kilogramos. Si se duplicara ese volumen (para estimar la venta durante un año) se llegaría a satisfacer 20% de la demanda regulada por la Ley 19.172, votada por el Parlamento en diciembre de 2013.
Si las farmacias dispusieran del stock de cuatro toneladas anuales ya tendrían que haber comercializado dos; el sistema regulado alcanzaría así a (casi) tres de diez usuarios de cannabis. Si los casi 22.000 registrados para comprar en farmacias compraran su máximo (40 gramos al mes), se necesitarían algo más de diez toneladas por año en las farmacias. Ese volumen sería suficiente para satisfacer la demanda de casi la mitad de los usuarios totales.
“Esa brecha, entre el 20% de ahora y el 46% que proyectamos es una muestra, un indicador, de que estamos en una implementación parcial. Queda mucho por cubrir por esta vía, que además es la preferida por el grueso de los usuarios”, indicó a la diaria el magíster Mauricio Coitiño, de Monitor Cannabis.
En las farmacias hay una “implementación parcial porque cuando miramos la cantidad de puntos de distribución y su ubicación hay un importante problema de cobertura”. “Tenemos una red escasísima”, apuntó Coitiño.
De las palabras al hecho
2013 fue el año privilegiado para el llamado Debate Nacional sobre Drogas. Por entonces se podían escuchar cuáles eran los objetivos que debía alcanzar la reforma presentada en junio de 2012 por el gabinete del ex presidente José Mujica. Por entonces, se decía que la regulación iba a atacar a esa difusa bolsa conceptual (y nunca bien definida en Uruguay) llamada narcotráfico.
El informe de Monitor Cannabis
Redactado por el sociólogo Marcos Baudean de la universidad ORT, señala que el efecto de la “regulación en la percepción de seguridad de la población” es “remoto”. “En la medida en que la regulación [...] no afecta delitos de forma directa, difícilmente pueda promover cambios en la percepción y sensación de seguridad”. La literatura especializada remarca que los mercados no regulados de cannabis “no son violentos”, según señala el único equipo académico que ha intentado definir indicadores y variables para conocer cuál ha sido el resultado de la reforma del cannabis.
“Se debe ser muy cauto al momento de evaluar los resultados de la regulación en la seguridad”, indica Baudean, que relata expectativas “un poco exageradas sobre los posibles efectos inmediatos y de mediano plazo”. “Muchas de las peores consecuencias del narcotráfico dependen de la eficacia de otras políticas. [...] Política de seguridad, sistema penal, prisión y rehabilitación. Por otro lado, políticas sociales, educativas y de vivienda que permitan mejoras en los ámbitos sociales y urbanos donde el narcotráfico tiene sus bases sociales”, señala el informe “Línea de base para la evaluación y monitoreo de la regulación del cannabis recreativo en Uruguay: objetivo, seguridad y convivencia”.
Sin indicadores
La medición de los resultados no es fácil. Los reportes de Monitor Cannabis marcan que no existe una política clara de evaluación ni monitoreo de la ley que reguló el mercado de cannabis. Además, cada oficina pública recopila los datos a su manera; a veces no son comparables y en otras oportunidades directamente no existen. Los cientistas sociales señalan que no pueden obtener datos del Poder Judicial que permitan evaluar en profundidad la política, tampoco del Ministerio del Interior o del Ministerio de Salud Pública, encargado de la evaluación y el monitoreo y que sólo produjo una relatoría desde la creación de una comisión ad hoc llamada Unidad de Evaluación y Monitoreo (UEM). Ni el gobierno de Mujica ni el de Tabaré Vázquez (en América Latina las políticas públicas en drogas dependen directamente de los presidentes) pudieron trazar una línea clara para la medición de los resultados de la Ley 19.172.
“A cuatro años de aprobada la ley, la información está desperdigada. [...] No hay nadie que la recopile ni que oriente cómo debe producirse. Cada ministerio la produce a su manera, el Poder Judicial, la Policía,los hospitales”. Cada cual la mira de costado.
Monitor Cannabis publicó su primer reporte en 2015, y desde entonces no han podido acceder a información básica. “Nosotros necesitamos saber cuántas personas fueron procesadas por tenencia de cannabis, por ejemplo, y no lo sabemos. Se puede reconstruir el dato, pero no es tan fácil hacerlo. Hoy tendría que haber menos procesados que hace cinco años. Tendría...”, deja flotando las palabras Baudean.
Lo que se deja ver en los escasos datos es que entre 2012 y 2015 aumentó la participación de personas de entre 18 y 24 años en las ofensas contra las leyes de drogas. Pero los datos que recopila el Poder Judicial, según los investigadores, no permiten diferenciar con claridad posesión de tráfico, por ejemplo. Tampoco se conoce por cuál sustancia se procesa a alguien, sino que todas se esconden tras esa sola palabra: droga, un término que no dice nada y que esconde mucho.
A pesar de que desde el gobierno se viene prometiendo una pronta mejora en el sistema de distribución en farmacias (un sistema siempre demorado), todavía no se puede abastecer a las pocas que se adhirieron al sistema de expendio. El impacto de la nueva política de cannabis puede ser enorme, moderado o insignificante. Nadie lo sabe. Al momento, lo que se puede decir de la repercusión es más cercano a cero que a uno.