Cuando en las elecciones de 2014 se conformó el actual Congreso, fueron varias las organizaciones sociales y los analistas que advirtieron que este sería el más conservador desde el regreso a la democracia en Brasil. Esta tendencia se profundizó durante el proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, y se alimentó de las necesidades de respaldo parlamentario de quien quedó en su lugar, Michel Temer, para hacer avanzar, en particular en la Cámara de Diputados, una agenda conservadora.
La eliminación de restricciones a la compra de armas, la baja de la edad de imputabilidad, los cambios en el proceso de delimitación de las tierras indígenas o la declaración de que “todos son iguales ante la ley desde la concepción” son algunas de las iniciativas que han avanzado en el Congreso de Brasil, en su mayoría en la Cámara de Diputados. Todavía no llegaron al plenario y faltan etapas para que enfrenten votaciones definitivas, pero reflejan claramente el conservadurismo que crece en el Congreso de Brasil sin enfrentar mayores escollos, sobre todo desde la destitución de Rousseff. Esta tendencia se traduce, entre otras cosas, en una fuerte candidatura del diputado Jair Bolsonaro a la presidencia.
Ejecutivo y Legislativo se alinearon ideológicamente en 2016 y a partir de entonces los frentes parlamentarios más conservadores aprovecharon la situación. No fue sólo una cuestión ideológica: en más de una ocasión el gobierno de Temer necesitó el voto de legisladores conservadores para aprobar iniciativas que consideraba importantes y, a cambio, tuvo que dar o entregar votos a proyectos que no necesariamente respalda.
La bancada más conservadora del Congreso es conocida por el apodo BBB, por las palabras bala, buey y Biblia, y reúne a tres frentes parlamentarios: el de seguridad pública, el agropecuario y el evangélico. Los frentes parlamentarios son grupos de diputados y senadores de diferentes partidos que tienen intereses comunes. En el caso de estos tres frentes, su habitual comportamiento en bloque es lo que ha llevado a que tengan la denominación común. Cuando actúan en conjunto, los tres ocupan 393 de las 513 bancas de la Cámara de Diputados y 29 de las 81 del Senado.
Temer necesitó el respaldo de la bancada BBB en las votaciones más importantes que impulsó en el Congreso: la que estableció que el gasto público no podrá aumentar más que la inflación durante 20 años, la que modificó la distribución de los recursos obtenidos por la explotación de petróleo en la plataforma marítima, las dos que impidieron que el Supremo Tribunal Federal investigara al presidente, la reforma laboral y la que amplió las tercerizaciones que pueden hacer las empresas, incluso en su principal rama de actividad.
En cambio, el oficialismo y el gobierno han permitido, con sus votos en el Parlamento y desde el Poder Ejecutivo, que avancen algunas iniciativas ultraconservadoras que no necesariamente defendían antes. A este intercambio de favores se atribuye, por ejemplo, que Temer haya reducido el presupuesto de los organismos estatales dedicados a atender los reclamos de las comunidades indígenas o los recursos de los poquísimos programas dedicados a la salud sexual y reproductiva. No se trata de una relación que el gobierno encara a disgusto: el presidente designó como ministro de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento a un reconocido integrante de la bancada ruralista, Blairo Maggi, y a la hora de nombrar a un responsable para la intervención de la seguridad de Río de Janeiro con el Ejército, mantuvo conversaciones con la “bancada de la bala”.
Son pocos los casos en que las iniciativas impulsadas por la bancada BBB y los gestos de Temer se pudieron frenar desde la sociedad civil. Sí fue posible cuando, en setiembre, el presidente firmó una propuesta que abría la Reserva Nacional del Cobre y Asociados, ubicada en la Amazonia, a la exploración de empresas mineras privadas. La acción de organizaciones ecologistas llevó a que se diera marcha atrás con esa decisión, pero no con el avance de la privatización de las tierras de la Amazonia. A ese avance, organizaciones civiles atribuyen el incremento en el número de dirigentes indígenas asesinados por conflictos vinculados con la tierra en esa zona. De acuerdo con datos de organizaciones civiles, en 2016 hubo 48 homicidios de este tipo, 19 antes de que Rousseff fuera destituida, el 31 de agosto, y 29 después.
También se atribuye a la presión de la bancada ruralista, y de sus colegas de las otras bancadas BBB, el cierre apresurado de una comisión parlamentaria que se formó para investigar si hubo irregularidades en las demarcaciones de tierras indígenas por presión del sector privado. Esa comisión terminó por publicar un informe en el que denuncia, con pocos argumentos, que se está beneficiando con las concesiones de tierras a “falsos indios” que “no representan a los primitivos habitantes de las Américas, sino del África negra”.
Los frenos han llegado, sobre todo, desde otros partidos que han sido parte del oficialismo o suelen acompañarlo en sus votaciones. Es el caso, por ejemplo, del Partido de la Social Democracia Brasileña y de Demócratas, dos organizaciones políticas de derecha que en algunos pocos casos se han negado a respaldar iniciativas de la bancada BBB o algunas impulsadas por el gobierno con el respaldo de esas bancadas. Este fue el caso, por ejemplo, del decreto de Temer que redefinía el trabajo esclavo y reducía a un mínimo inaceptable los controles que se aplican para combatirlo. Unos pocos partidos de la base aliada del gobierno se desmarcaron de esta reforma, que fue retirada después de ser duramente criticada por la justicia laboral y por organizaciones civiles brasileñas e internacionales, y de que una jueza del Supremo Tribunal Federal la calificara de inconstitucional.
Otro freno ha sido la Cámara de Senadores, donde las bancadas BBB son más débiles que en Diputados. En octubre, mientras se trataba en la cámara baja un proyecto para la renegociación de deudas con distintos sectores privados, diputados evangelistas lograron aprobar una enmienda para que se perdonen las deudas de las iglesias con 271 votos a favor y 171 en contra. Pero esa enmienda fue retirada del proyecto en el Senado.
Si bien algunos de los impulsos de la bancada BBB han quedado por el camino, otros avanzan en comisiones de la Cámara de Diputados y amenazan con convertirse en ley. La aprobación de los proyectos más polémicos suele votarse de forma general, sin tratarlos en detalle, y de a varios a la vez, de un modo que llama menos la atención de diputados opositores, periodistas o movimientos sociales. Una clara muestra de esto es lo que sucedió en noviembre en una comisión especial creada para analizar dos proyectos de ley que amplían la licencia maternal de 120 a 240 días. La comisión, integrada por 18 hombres, decidió unificar ambas iniciativas y, en el proceso, el presidente de la comisión, el diputado evangelista Tadeu Mudalen, hizo un agregado, el artículo 5: “Todos son iguales ante la ley desde la concepción”. Así, una iniciativa que beneficiaba a las mujeres se transformó en un proyecto que busca penalizar el aborto en todos los casos y fue aprobado en la comisión. A la salida de la votación, algunos diputados reconocieron que no habían notado la incorporación del artículo 5.
La reacción fue fuerte, hubo protestas de movimientos feministas y de diputadas que salieron a criticar el nuevo proyecto. Incluso se pronunció el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, aunque muy tímidamente: “La prohibición del aborto en el caso de [embarazos resultado de] violaciones no va a pasar por la cámara”, escribió en Facebook, sin referirse al caso de la inviabilidad de vida del feto, una situación en la que el aborto está permitido por ley en Brasil.
Pero ante cada freno hay un nuevo embate: la bancada evangelista también promueve, con el respaldo de los BBB, el Estatuto del Nacimiento, cuyo tratamiento en la cámara baja estaba trancado desde 2007 por falta de apoyo hasta que comenzó el gobierno de Temer, cuando se aceleró. Allí se establece que el aborto es ilegal en todos los casos y se aumentan las penas tanto para las mujeres como para quienes faciliten los medios para llevarlo a cabo.
A medida que se acerca el final del gobierno de Temer, el 1º de enero de 2019, todo indica que la bancada que se va a ver más atendida en sus reclamos e iniciativas es la de la bala. La intervención federal de la seguridad de Río implicó un giro en la agenda del gobierno y también en la del Congreso, que coloca en un lugar central la política de represión de la delincuencia con las fuerzas de seguridad. Esa política de “mano dura” ya tenía un espacio destacado en Brasil, que tomaba forma, por ejemplo, en la candidatura presidencial del diputado y ex militar Jair Bolsonaro, que aparece en todas las encuestas en un segundo lugar de intención de voto para las elecciones de octubre. Además, Temer ya anunció que la “seguridad” ocupará un lugar central en su agenda de este año, en el que sugirió que buscará la reelección.
La bancada de la bala espera el momento adecuado para someter a votación de la Cámara de Diputados modificaciones al Estatuto de Desarme, vigente desde 2003, para que, pese a lo que indica su nombre, habilite la tenencia de armas a cualquier ciudadano mayor de 21 años. Este proyecto y otro que posibilita la tenencia de armas para los residentes de áreas rurales ya fueron aprobados en comisiones y esperan para entrar en el plenario, algo que Maia parece querer evitar, al menos por ahora.
En 2017 también avanzaron, tanto en el Senado como en Diputados, proyectos de ley que reducen la edad de imputabilidad de 18 a 16 o incluso a 14 años. En Brasil, este tipo de proyectos, que implican una reforma de la Constitución, no pueden ser votados mientras dure una intervención federal como la que se lleva adelante en Río de Janeiro.
Pero no se trata sólo de las iniciativas de estos diputados que son mayoritariamente ex militares o policías, sino también del poder que pueden sumar dentro del Congreso debido al cambio en la agenda y a los intercambios de favores que suelen ocurrir en el Legislativo brasileño. Por ejemplo, a comienzos de mes se conformó una comisión especial para analizar la creación de un sistema único de seguridad y se eligió como titular de esa comisión al presidente del Frente Parlamentario de Seguridad Pública, el diputado Alberto Fraga. Esa posición le permite modificar el texto enviado por el Ejecutivo y también utilizar la comisión para promover sus propios intereses.
La bancada de la bala, usualmente una de las más sigilosas de las tres BBB, ha ganado visibilidad en las últimas semanas por otro tema: mientras miles de personas se movilizaban en Brasil en repudio al asesinato de la edila de izquierda Marielle Franco, una férrea crítica de la actuación de las fuerzas de seguridad en las favelas de Río de Janeiro, diputados que pertenecen al Frente Parlamentario de Seguridad Pública utilizaron las redes sociales para difundir noticias falsas sobre ella y acusarla de defender “bandidos”.