Las estudiantes universitarias de Chile se hartaron de la discriminación, el acoso, los abusos y otras prácticas machistas que viven en los centros educativos y decidieron pasar a la acción. El 17 de abril, las alumnas de la Universidad Austral ocuparon el edificio como forma de protesta y, desde ese día, ya no hubo marcha atrás.
La medida fue replicada por escuelas, facultades y otros establecimientos universitarios del país. Actualmente, ya son 23 los centros educativos que viven lo que las protagonistas bautizaron como “tomas feministas”.
Además de pedir la creación de protocolos que regulen cualquier tipo de abuso y discriminación en los centros educativos, las estudiantes exigen la salida de los ministros de Salud, Emilio Santelices, y Educación, Gerardo Varela, a quienes acusan de tener conductas y opiniones machistas.
El viernes, un centenar de alumnas ocuparon la sede central de la Universidad Católica, el centro más conservador de Chile. Sin embargo, las estudiantes terminaron la ocupación el lunes después de lograr que el rector de la universidad, Ignacio Sánchez, aceptara tres de las exigencias de una larga lista que presentaron.
Las jóvenes lograron que las autoridades aprobaran la regularización de pagos a los trabajadores subcontratados –que, en su mayoría, son mujeres–, consiguieron que en el caso de estudiantes trans el centro los llame por el nombre con el que se identifican y también que habiliten baños neutros en todo el recinto.
Exigían, por otro lado, las disculpas de un profesor acusado de violencia doméstica. El docente se llamó a silencio pero el rector pidió perdón en su lugar, al mismo tiempo que prometió “depurar” las denuncias de 40 casos de abusos que se presentaron en esa universidad desde que comenzó el año.
El miércoles pasado, 37 días después de que comenzó la ola de movilizaciones, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó la “Agenda Mujer”, con una lista de 12 medidas a favor de la igualdad de género. En uno de esos puntos, el gobierno establece la creación de la comisión de equidad de género del Ministerio de Educación, que se encargará de “revisar todas las políticas de la cartera en materia de equidad de género, desde el currículum hasta la formación docente, para evitar así cualquier sesgo de género y asegurar igualdad de trato y oportunidades a nuestras estudiantes”, según se lee en el texto fundacional.
En el marco de esa agenda, el mandatario también firmó el lunes un proyecto de ley para incluir en la Constitución la obligación de promover “la igualdad de derechos, deberes y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso, acoso o discriminación arbitraria”, explicó.
Las estudiantes consideraron que la batería de medidas propuestas por Piñera “no es suficiente” y, además de llamar a mantener las ocupaciones, convocaron a una marcha nacional para el 6 de junio. Las dirigentes de las agrupaciones estudiantiles aseguraron que, si bien algunos cambios legislativos anunciados por el presidente “son necesarios y simbólicos, no son suficientes ni responden a la demanda principal del movimiento estudiantil feminista: la educación no sexista”. Por eso, continuarán con las movilizaciones.
Las mujeres agregaron que la lucha que lideran es mucho más profunda y va más allá de lo que sucede en los salones de clase: abarca también las discriminaciones que sufren todos los días las mujeres chilenas en el ámbito laboral y familiar, así como en el acceso a una vivienda digna y a los servicios públicos.