Son más de 45.000 las personas desaparecidas en Colombia, según datos oficiales. La fundación Hasta Encontrarlos y otras organizaciones vinculadas con los derechos humanos trabajan en su búsqueda e identificación. Intentan, además, articularse con otras de la región para intercambiar experiencias en el marco de la Red Latinoamericana contra las Desapariciones Forzadas. Uno de sus integrantes, Pablo Cala, visitó Montevideo para contactarse con organizaciones uruguayas y conversó con la diaria sobre la búsqueda de los desaparecidos en Colombia y el lugar que se debe dar a las víctimas del conflicto en la etapa que ahora transita ese país.
El acuerdo de paz firmado por el gobierno y las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC] marcó un quiebre en la situación de violencia en el país, pero esta sigue siendo dramática y todavía ocurren nuevas desapariciones. ¿A qué lo atribuye?
Un primer factor es que las desapariciones forzadas en Colombia no son responsabilidad de la guerrilla sino del Estado; por eso, con o sin guerrilla van a continuar, aunque no en el número de antes. En segundo lugar, ha habido una pretensión de vincular todo al conflicto armado, pero no todo sucede en este marco, siempre han existido violaciones de los derechos humanos por fuera del conflicto, y persisten. En estos dos factores hay que tener una mirada muy aguda acerca de las responsabilidades. Efectivamente la guerrilla las tiene, pero en distinto grado que el Estado colombiano, no solamente por la cantidad sino también por el tipo de violaciones y porque el Estado, que tiene que protegerte, es el que te agrede. Un tercer factor es que se firmó el fin del conflicto en términos militares y para generar el ambiente propicio para empezar a construir un escenario de paz; no es dar vuelta la página y ya está, no es de un día para otro, sino que es un proceso, y como tal requiere una serie de condiciones.
¿Qué tipo de condiciones?
Por ejemplo, no podemos hablar de paz cuando no hay respuestas sobre los desaparecidos; requerimos una paz sin desaparecidos. Para eso se creó en el acuerdo la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que entre sus tareas inmediatas tiene la de definir claramente cuántos y quiénes son los desaparecidos. De manera complementaria, hay una Jurisdicción Especial para la Paz [JEP] y una Comisión de la Verdad para esclarecer lo que ha sucedido en el marco de la confrontación.
En una entrevista reciente usted decía que la JEP implicaba “un escenario de impunidad” para los agentes del Estado. ¿Por qué?
La JEP tiene elementos de justicia transicional, por lo cual, a cambio de verdad, se dan ciertos beneficios. El riesgo pasa por qué tipo de verdad es la que se revela. La demanda de las organizaciones es que sea toda la verdad, ¿pero qué militar va a estar dispuesto a decir toda la verdad? Hay un riesgo muy latente de impunidad, porque hasta hoy los militares no han querido aportar a la verdad ni en Colombia, ni en Argentina, ni en Uruguay ni en ningún país. Este es un tema de fondo que tenemos que tener siempre presente, pero no quiere decir que estemos en contra de la JEP; es un llamado a que no se puede transar si no es por toda la verdad. Porque no creemos que con el castigo se resuelva todo; sin verdad no puede haber conclusión de justicia. ¿De qué nos vale tenerlos en la cárcel si seguimos preguntando dónde están los desaparecidos?
Durante las negociaciones del acuerdo de paz se habló mucho de la participación fundamental que tendrían las víctimas durante y después de la firma del acuerdo. ¿Eso está ocurriendo, o la participación de las víctimas se reduce a una silla en cada mesa de discusión?
La participación es clave; el tema es cómo la entendemos. No puede ser “ven y te doy un informe” o “ven a una reunión, firmemos asistencia”. Tiene que ser activa, decisoria y determinante, y eso se traduce en que sea diaria. En el caso de la búsqueda de los desaparecidos, los familiares se tienen que involucrar, pero también los organismos de derechos humanos, porque llevamos años haciendo estas búsquedas, tenemos experiencias de por dónde hay posibilidad de resultados y por dónde no, y eso puede ayudar mucho a los resultados de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Si el papel de las víctimas solamente se deja en lo técnico, es posible que los resultados no vayan a venir o que vayan a tardar más de lo necesario. Hay una experiencia acumulada que debe ser tenida en cuenta.
¿Y en cuanto a la Comisión de la Verdad?
La Comisión de la Verdad no puede simplemente estar recibiendo información, tiene que darles el lugar que les corresponde a las víctimas y los organismos de derechos humanos, que pueden aportar tanto información como análisis y comprensión de las causas y las consecuencias del escenario que vivimos. En el caso de la JEP, hay muchas pruebas que las víctimas y las organizaciones no podemos, técnicamente y materialmente, aportar, pero sí podemos orientar hacia dónde buscarlas. El escenario de participación se ha planteado en el acuerdo como un eje central. Eso ahora, en la implementación, se tiene que traducir en algo real, participación con decisión y orientación, como algo determinante ante las acciones que se puedan hacer. Si no es sí puede pasar lo que ha pasado en otros países: que las víctimas tienen que esperar mucho tiempo pasivamente por un resultado y, cuando lo hay, se les informa.
¿Qué perspectivas tienen en ese sentido? ¿Confiás en que se puede dar un proceso de esas características?
Lo nuevo siempre genera expectativas, pero también mucha preocupación. En el marco de las expectativas, vamos a poner a disposición de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas todo lo que tenemos para trabajar de la mano, porque esa unidad es nuestra, así sea un organismo de gobierno con autonomía. También hay una oportunidad de que se pueda, por fin, agilizar el nivel de respuesta para la búsqueda de desaparecidos en Colombia y avanzar no solamente con casos emblemáticos sino también con aquellos de la Colombia profunda que han sido olvidados y nadie los ha atendido.
¿Y cuáles son las preocupaciones?
Que pueda más la formalidad de la institucionalidad que la oportunidad de dar respuestas, que es algo que ya hemos vivido con otras instituciones. Que un cambio de gobierno pueda limitar el accionar de esta unidad, en particular desde la acción de la Fiscalía. Que no se produzcan resultados pronto y que el alto nivel de expectativas termine siendo contraproducente. Apoyamos y respaldamos la unidad, y hemos optado por que fuera dirigida por una integrante de nuestras organizaciones, Luz Marina Monzón. Ella sabe que tenemos puesta la confianza en ella y conoce nuestras preocupaciones. Veremos en la marcha cómo se van dando las cosas. Lo cierto es que no podemos dejar de hacer lo que nos corresponde. La experiencia de otros países nos indica que el hecho de que haya una institución no implica que las organizaciones dejemos de hacer lo que tenemos que hacer.
¿Cuáles son los principales riesgos para que se pueda terminar con las desapariciones y avanzar con la búsqueda?
La frustración. Haber apostado tanto para llegar a algo que parecía imposible y que por fin se logró, que es el fin del conflicto, y que en el momento de implementar lo acordado no se cumpla. Volver a un escenario como los anteriores sería una frustración muy grande. También es necesario hacer un llamado para que el gobierno cumpla su palabra. No puede seguir engañando al pueblo diciendo que quiere la paz, logrando un premio Nobel de Paz, haciendo que todo el mundo respalde el proceso y que se termine este gobierno con todo yéndose a pique. Esa sería una frustración enorme. Pero seguimos tercos en la esperanza.
Hasta Encontrarlos y otras organizaciones de Colombia, México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Argentina conformaron la Red Latinoamericana contra las Desapariciones Forzadas. ¿Cuál es la dinámica con la que funciona?
Era claro que era necesaria una articulación entre organizaciones del continente, un esfuerzo de construcción de confianza, de intercambio de experiencias y de aprendizajes para fortalecer las luchas de cada organismo en su país y respaldarnos mutuamente. La red gana sentido con las acciones conjuntas de las organizaciones. No hay una intención de crear otro aparato, eso ya lo hemos hecho y las estructuras funcionan para una coyuntura pero no generan cambios sustantivos y nos amarran a la formalidad.
Llama la atención la presencia de Argentina, un país en el que en la actualidad no se producen desapariciones forzadas de manera sistemática.
No hay un tiempo para la desaparición forzada, hay desaparición forzada mientras falten respuestas sobre dónde están. Hasta que no sepamos la verdad de cómo ocurrieron, las desapariciones perduran. Nosotros hemos aprendido muchísimo del pueblo argentino, sobre todo de algunas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. En particular, en cuanto a entender que la búsqueda de la verdad y la justicia no está necesariamente en los tribunales sino en la exigencia social, en la memoria cotidiana.