La desaparición de 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, en 2014, ocupó esta semana la agenda de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al tiempo que en México los familiares y compañeros de los jóvenes siguen reclamando que se esclarezca qué les sucedió. El 27 de abril marcharon con sus fotos para recordar que se cumplían 43 meses de su desaparición, y el martes llevaron esas imágenes a la sede de la cancillería, cuando sesionaba la CIDH en República Dominicana.
En esa sesión participaron Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes, José Ángel Navarrete, y Joaquina García, madre de Martín Sánchez. Ella acusó a las autoridades mexicanas de “no hacer nada” para llegar a la verdad sobre lo que le sucedió a su hijo, y de decirle “sólo puras mentiras” a los familiares. En respuesta, los representantes del Estado mexicano en la sesión manifestaron que “nunca se ha detenido el esfuerzo” para encontrar a los 43 jóvenes y brindar respuestas.
Los familiares reclamaron también que se presente en México una investigación elaborada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, publicada en marzo y titulada “Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del Caso Ayotzinapa”. El gobierno acusó el lunes a los responsables del documento de sacar conclusiones “prematuras”.
En respuesta, esa oficina de la ONU ratificó ayer su informe y defendió tanto su metodología como sus “hallazgos”. Según el documento, durante las primeras etapas de la investigación sobre lo ocurrido en setiembre de 2014, entre los sospechosos que fueron interrogados hubo 34 personas o más que “fueron torturadas y detenidas arbitrariamente”. Estas acciones “fueron a su vez inadecuadamente investigadas” o “encubiertas”.
En cuanto a la investigación de fondo sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes también surgieron nuevos cuestionamientos. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Luis Raúl González, denunció públicamente que la Procuraduría General de la República está demorando la entrega de información que le solicitó. Se trata, en particular, de la referida al diálogo telefónico y por mensaje de texto entre supuestos integrantes del grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos.
Según publicó el 12 de abril el periódico Reforma, miembros de esa organización que estaban en Chicago, Estados Unidos, y otros que se encontraban en el municipio mexicano de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, intercambiaron información acerca de los jóvenes. Se trata de conversaciones interceptadas por orden de un juez que detuvo a varias personas en Chicago por narcotráfico. De acuerdo con la prensa mexicana, surge de los diálogos que integrantes de Guerreros Unidos creyeron que la movilización estudiantil en Iguala era parte de una operación de un grupo rival, Los Rojos. Uno de los hombres le dice a otro que hay “60 paquetes ya guardados y otros con San Pedro”, en una supuesta referencia a personas capturadas y a otras muertas. En otra conversación, días después, se mencionan “50 chavos desaparecidos”.
El responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana manifestó que esta información se conoció de manera parcial porque hubo filtraciones, pero que su institución tuvo dificultades para acceder a ella, informó la agencia de noticias Efe. “Nos la han hecho copiar [a mano], nos permiten el acceso para copiar y nos faltan 300 páginas, cuando ya algunos medios dieron cuenta de ello”, dijo González.