Cuando el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que adelantaba las elecciones presidenciales para el 24 de junio, los partidos políticos opositores se enfrentaron a una situación que esperaban resolver, al menos, dentro de un año. Es que, inicialmente, el calendario electoral fijaba esa votación para noviembre de 2019. El cambio de fecha fue anunciado el 18 de abril, y el plazo para presentar las candidaturas finaliza el domingo, lo que le dio a la oposición un margen muy estrecho para organizar la breve campaña.
Los próximos comicios serán los primeros que se celebran en el país desde que en abril de 2017 se aprobó –en un polémico referéndum– una reforma constitucional que convirtió el sistema parlamentario en uno presidencialista.
Erdogan se basó, justamente, en la necesidad de que entre en vigencia el nuevo sistema de gobierno para justificar el adelanto de las elecciones. “La situación en Siria y en otros lugares hace que sea urgente cambiar al nuevo sistema ejecutivo para adoptar pasos sólidos de cara al futuro de nuestro país”, defendió Erdogan. Después, confirmó que alcanzó un acuerdo con el derechista Movimiento de Acción Nacionalista (MHP), que se sumará a la papeleta del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).
El líder del MHP, Devlet Bahçeli, argumentó, por su parte, que “se ha convertido en demasiado dificultoso” llegar a noviembre del año que viene “con estabilidad y equilibrio bajo las circunstancias actuales”. Para los expertos turcos, la decisión, en realidad, tiene que ver con la difícil situación económica que vive el país.
Ayer, en una votación que no sorprendió a nadie, los 316 diputados del AKP eligieron a Erdogan como candidato a la presidencia.
Los últimos sondeos publicados le dan a la coalición oficialista cerca de 40% de intención de voto, seguida por el Partido Republicano del Pueblo (CHP), el principal de la oposición, que reúne alrededor de 20% de las preferencias. Juntos, el AKP y el MHP reúnen actualmente 351 de los 550 escaños del Parlamento turco. El CHP, por su parte, ocupa 116.
Ante este panorama adverso, la oposición decidió unirse en una alianza “por la democracia” que, según se prevé, será formalizada el lunes. La integran el laico y socialdemócrata CHP, la formación de centroderecha IYI, el islamista moderado Saadet y el conservador Partido Demócrata.
El partido IYI se constituyó después de escindirse del MHP, tiene apenas siete meses de existencia, conserva 21 escaños en el Parlamento y está dirigido por Meral Aksener, ex ministra del Interior. Algunas encuestas le dan más de 15% de los votos. Es la única formación política que, por su orientación política, podría restarle apoyos a la coalición que encabeza Erdogan.
En tanto, Saadet y el Partido Demócrata son partidos con una larga trayectoria, pero en las últimas elecciones no han logrado superar, solos, la barrera del 10% para entrar en el Parlamento.
Los partidos que integran la alianza propondrán a sus propios candidatos, aunque es muy probable que la opción más fuerte sea la del CHP, que presentará hoy a su aspirante. Algunos medios turcos, como el diario Hürriyet, aseguraban ayer que el elegido será el diputado Muharrem Ince.
Si bien la nueva coalición reúne a gran parte de la oposición, deja afuera al izquierdista y pro kurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), el tercero en el Parlamento turco con 59 escaños. Esta formación anunció el miércoles que presentará como candidato a la presidencia a su ex líder Selahattin Demirtas, que permanece encarcelado desde noviembre de 2016.
El HDP aseguró que la candidatura de Demirtas se presentará oficialmente el martes en dos actos que se llevarán a cabo en Estambul y Diyarbakir, la principal ciudad de mayoría kurda en el sureste de Turquía. “Podemos ver un futuro brillante [...] Nos reuniremos para compartir nuestra alegría de anunciar la candidatura a la presidencia de Selahattin Demirtas”, dijo la organización política en un comunicado.
Demirtas, de 45 años, fue arrestado junto con una docena de diputados del HDP en el marco de las purgas iniciadas por el gobierno de Erdogan después del fallido golpe de Estado de julio de 2016. Él, en particular, es acusado de liderar una “organización terrorista” y de hacer “propaganda terrorista”, cargos por los que enfrenta hasta 142 años de prisión.
El enjuiciamiento de los diputados en Turquía es posible desde que el Parlamento retiró, en junio de 2016, la inmunidad a los legisladores que estuvieran bajo investigación judicial. Esta medida llevó a que, en los últimos 14 meses, 11 de los 59 diputados del HDP perdieran su escaño, mientras que otros siete –entre ellos Demirtas– están en prisión preventiva. Por lo tanto, actualmente, el número de parlamentarios activos de este partido se reduce a 41.