Un tribunal brasileño especializado en trabajo dio marcha atrás con un fallo judicial que suspendía el proceso de privatización de seis distribuidoras de la empresa estatal Eletrobras. Respondió así a una apelación que presentaron la propia empresa y la Abogacía del Estado contra una sentencia que frenaba la venta hasta que se presentara un informe sobre el impacto que tendrá para los trabajadores. El nuevo fallo considera que los derechos laborales están protegidos.
