La reforma laboral aprobada por el gobierno de Michel Temer tuvo efectos negativos para los trabajadores brasileños durante sus seis primeros meses de vigencia, que se cumplieron en mayo. Un informe de tres investigadores de la Universidad de Campinas (Unicamp) publicado en la revista Carta Capital reveló que el impacto se sintió sobre todo en aquellos sectores en los que el trabajo ya era más precario.
Desde la implementación de la reforma, en noviembre, crecieron los despidos por común acuerdo, una modalidad que se oficializó con la nueva normativa y que aumentó de 805 en noviembre a 12.256 en abril. También aumentaron las contrataciones intermitentes, que se triplicaron. Los mayores incrementos de estos indicadores se registran en los sectores en los que los derechos laborales son menos respetados y en los que antiguamente había más trabajo informal: restaurantes, comercios de venta de alimentos y bebidas, vigilancia privada y construcción, entre otros.
De acuerdo con los analistas de Unicamp, el principal impacto de la implementación de la reforma laboral ha sido, en los hechos, que se reafirmó la precarización de las condiciones laborales en estas áreas en las que los trabajadores son más vulnerables. Esto, además, no repercutió en la creación de empleo, que fue uno de los argumentos que se habían utilizado para aprobar la reforma. Hubo un aumento en 2017, una caída antes de fin de año y un nuevo incremento entre enero y abril, pero sin llegar a los niveles del alza del año pasado.
Otro impacto de la reforma laboral fue la fuerte caída de los juicios laborales iniciados por los trabajadores, que se redujeron 46% entre noviembre de 2017 y abril de 2018 en comparación con el mismo período 12 meses antes.
Cuando la reforma se debatía, el gobierno dijo que este era uno de sus objetivos. Argumentó que, como estaban exentos de pagar los gastos de cualquier acción legal contra las empresas, los trabajadores abusaban de la Justicia. Sin embargo, investigaciones llevadas adelante por los tribunales laborales sobre los datos del año pasado reflejaron que 61% de las acciones judiciales fueron iniciadas para reclamar derechos básicos, como el pago de salario o el despido indebido, y sólo 6% de los procesos terminados fueron declarados improcedentes.
La reforma estableció que si la Justicia no les da la razón en el juicio laboral que iniciaron, los trabajadores deberán enfrentar los gastos vinculados con esta acción. El presidente de la Asociación Nacional de Jueces de la Justicia Laboral, Guilherme Feliciano, señaló que esto conduce a que cuando es necesario recabar pruebas, los trabajadores desistan de seguir con la acción judicial. “Reducir la litigiosidad infundiendo miedo en los trabajadores es perverso, sobre todo cuando hablamos de trabajadores pobres y mientras tenemos una Constitución que prevé la asistencia jurídica integral y gratuita para ellos”, manifestó.