La Conferencia Episcopal de Nicaragua anunció que no convocará a reiniciar el diálogo nacional que había comenzado en el país mientras continúe la represión a manifestantes contrarios al gobierno. Hace dos semanas se instaló una mesa de diálogo, con mediación de la iglesia católica, entre representantes del gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a sectores que se oponen a la continuidad del presidente Daniel Ortega en el poder, entre ellos estudiantes, cámaras empresariales, organizaciones civiles y campesinos.
El diálogo tuvo un primer tropiezo la semana pasada, cuando esos sectores pidieron una reforma constitucional y elecciones anticipadas, una propuesta que el oficialismo calificó de “una ruta para un golpe de Estado”. Los obispos suspendieron entonces el diálogo hasta que cesaran las acusaciones y el martes anunciaron que se retomaría “en los próximos días”.
Mientras tanto, en las calles continuaron las protestas. De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el 18 de abril hasta la semana pasada habían muerto 76 personas por la represión a las manifestaciones.
El miércoles fue el Día de la Madre en Nicaragua, y tanto opositores como oficialistas convocaron movilizaciones. En el acto gubernamental participó Ortega, que aseguró ante decenas de miles de seguidores que se mantendrá en el cargo porque Nicaragua “no es propiedad privada de nadie”, sino que es de “todos los nicaragüenses”.
Organizaciones que se oponen al gobierno convocaron a una marcha en honor a las madres cuyos hijos murieron desde el comienzo de las protestas. La movilización fue de cientos de miles de personas. Los problemas empezaron cuando se dispersó: varios grupos fueron atacados por grupos que la oposición identificó como “turbas” del gobierno que dispararon en su contra. Periodistas extranjeros que cubrieron la marcha contaron que escucharon disparos y ráfagas de armas automáticas después de que la movilización terminara. Esto generó pánico en los grupos de manifestantes, que se refugiaron en casas, iglesias y edificios públicos. El rector de la Universidad Centroamericana, el sacerdote católico José Idiáquez, dijo que 5.000 personas se refugiaron en el centro educativo.
También desde el oficialismo se informó que hubo muertos como consecuencia de agresiones por parte de opositores. El alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, dijo que en el oeste del país una caravana que viajaba a Managua para concurrir al acto de Ortega fue baleada y una persona murió. Más tarde, medios oficiales informaron que en esa localidad murieron tres personas.
La ministra de Salud, Sonia Castro, confirmó que a lo largo del miércoles y la madrugada de ayer murieron 15 personas durante las movilizaciones, y que otras 199 fueron atendidas en diferentes centros de salud por las heridas que sufrieron.
Ante un nuevo incremento de la violencia en el país, la Conferencia Episcopal manifestó que “no se puede reanudar la mesa del diálogo nacional mientras al pueblo de Nicaragua se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado”.
En la última semana, el gobierno informó que va a promover “acuerdos de convivencia” a nivel local que permitan desbloquear caminos y carreteras y “volver a la normalidad” en los barrios. Por su parte, desde el sector empresarial y el movimiento estudiantil cada vez son más las voces que llaman a un paro nacional.