Tal vez el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pensó que eliminar uno de los puntos más polémicos de la política migratoria de “tolerancia cero” que impulsó su gobierno en abril –el de separar a los niños inmigrantes de sus padres en la frontera con México– iba a frenar la catarata de críticas que recibió dentro y fuera de su país. Pero no fue suficiente.
El decreto que firmó Trump, recién la semana pasada, ordenó frenar la separación de las familias y mantener a los padres recluidos con sus hijos, pero no dio instrucciones claras sobre cómo implementar la reunificación. El Departamento de Seguridad Nacional informó el sábado que 522 niños y adolescentes ya pudieron reunirse con sus padres, pero 2.053 siguen separados y encerrados en albergues, en condiciones humanitarias –al menos– cuestionables.
La administración de Trump asegura que logrará reunir a todas las familias, pero los abogados que representan a los inmigrantes y organizaciones que se han movilizado en su defensa consideran que el gobierno no cuenta con la información necesaria para lograrlo. Un obstáculo que se presenta en algunos casos es que niños muy pequeños no saben los apellidos de sus padres o de qué país provienen, por lo que no pueden aportar datos. Además, la prensa estadounidense ha informado que varios padres fueron deportados sin sus hijos.
En vista de este panorama, y ante la constatación de que la situación probablemente no se revierta en el corto plazo, varios sectores y actores decidieron pasar a la acción. El martes de noche, el juez federal de la ciudad de San Diego (California), Dana Sabraw, emitió una orden cautelar que obliga al gobierno de Estados Unidos a reunir con su familia a todos los niños separados de sus padres en un plazo de 30 días. También obliga a facilitar la comunicación telefónica entre unos y otros en los próximos diez días, prohíbe mantener detenidos a los inmigrantes indocumentados sin sus hijos –con la excepción legal de que supongan un peligro para el niño– e impide deportarlos por separado.
La decisión significa la judicialización de la polémica que más dañó la imagen del gobierno de Trump hasta el momento. El antecedente más parecido es el revuelo que generó el veto migratorio contra países de mayoría musulmana, también impulsado por razones de “seguridad nacional”. Pero que haya niños involucrados causó un impacto mayor.
En la orden cautelar, el juez Sabraw concluye que “los actos presentados muestran una forma de gobernar reactiva, que da respuesta a una circunstancia caótica creada por el propio gobierno”. El magistrado afirma, además, que el derecho a la integridad de la familia está protegido por la Constitución. Al mismo tiempo, insiste en que garantizar el derecho de las familias a estar juntas no afecta en absoluto la capacidad del gobierno para aplicar la ley y proteger las fronteras del país.
En opinión de Sabraw, es “indiscutible” que la Casa Blanca no tiene un “plan de reunificación” que vaya más allá de “deportarlos juntos una vez que haya concluido el caso judicial de inmigración que esté afrontando el padre”. No antes.
Bailarines mayas y manifestantes exigen que miles de niños separados de sus padres inmigrantes, restituídos, el 23 de junio, cerca del Edificio Federal Edward J. Schwartz.
Foto: David Mcnew
El fallo judicial está basado en una demanda que presentó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles por los casos de una niña congoleña de siete años y un adolescente brasileño de 14, que fueron separados de sus madres a la fuerza cuando llegaron a la frontera en busca de asilo. Sabraw autorizó finalmente que el caso se convirtiera en una demanda colectiva para incluir a otras personas que hayan vivido circunstancias similares.
En paralelo, 17 estados presentaron una demanda contra el gobierno para forzarlo a reunir a familias de inmigrantes separadas. El fiscal general de Washington, Bob Ferguson, que liderará la demanda, dijo ayer en un comunicado que la administración de Trump violó los derechos del debido proceso de los padres y niños que fueron separados. En eso basará su acción judicial, que se prevé que sea presentada hoy.
Ferguson calificó la política migratoria de “arbitraria”, “caprichosa”, “deshonesta”, “cruel”, “inconstitucional” e “irracionalmente discriminatoria” porque se dirige a individuos que específicamente cruzaron la frontera sur de Estados Unidos. “Vamos a detenerla”, agregó.
Además de Washington, los estados demandantes son Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Virginia.
Las medidas migratorias de Trump incluso hicieron enojar a más de 45 jefes de policía de todo el país, que en una carta conjunta instaron ayer a la Casa Blanca a encontrar alternativas a la detención de familias de inmigrantes. Específicamente, pidieron al presidente que considere pedir a los padres que utilicen tobilleras con GPS o que reciban llamados telefónicos de forma periódica. “Podés lograr el aspecto de seguridad y de monitoreo por una fracción del costo sin tener un impacto negativo en los niños”, resumió Art Acevedo, jefe de policía de Houston.