La ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, se presentó ayer ante el Congreso para dar a conocer los lineamientos de la cartera que dirige desde hace unas pocas semanas. Entre las metas figuran varios aspectos vinculados con la memoria histórica, el franquismo y la Guerra Civil.
El gobierno de Pedro Sánchez va a elaborar un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Francisco Franco. También va a asumir la búsqueda de los desaparecidos e “impulsará” las exhumaciones de los cuerpos cuyo lugar de entierro se conoce pero todavía no fueron identificados. “Es inaceptable que España siga siendo el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya”, dijo Delgado en su comparecencia ante el Parlamento. Según datos oficiales, hay más de 1.200 fosas comunes localizadas que nunca fueron abiertas para identificar los cuerpos, mientras cientos de familiares recorren los tribunales españoles para saber dónde están sus seres queridos.
Además, el Ejecutivo español quiere reformar la Ley de Memoria Histórica para anular las sentencias que emitieron los tribunales judiciales durante el franquismo, fuertemente sesgadas, y crear una comisión de la verdad para saber más de lo sucedido en ese período. En la misma línea, el gobierno también se propone hacer un censo oficial de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
Otra de las metas del Ministerio de Justicia socialista será ilegalizar asociaciones que hacen “apología del franquismo”, como la Fundación Nacional Francisco Franco, que entre otras cosas deja flores de forma diaria en la tumba del dictador y tiene una página web con múltiples artículos que lo elogian. También evalúa la posibilidad de crear el delito de “apología del franquismo” para evitar este tipo de actividades.
Las políticas orientadas a preservar la memoria histórica regresan de la mano de Sánchez al gobierno de España. En la administración de José Luis Rodríguez Zapatero –también del Partido Socialista Obrero Español– se impulsaron medidas de este tipo, sobre todo mediante la promoción y la colaboración económica con las organizaciones civiles que trabajaban en el área. Después, ese apoyo se eliminó durante la gestión de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Al asumir el gobierno, Sánchez creó la Dirección General de Memoria Histórica, que depende del Ministerio de Justicia.
Delgado también manifestó ayer que la cartera que lidera va a hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica, a retirar “la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura” y a imponer multas para los casos de incumplimiento. El gobierno de Sánchez ya había anunciado que planeaba trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos y “resignificar” ese lugar.
En su comparecencia de ayer, Delgado recordó que en 2014 el relator de la Organización de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, denunció el abandono total de las víctimas del franquismo por parte del Estado. La ministra lamentó que haya “miles de víctimas en España aquejadas de indefensión judicial” que tienen que viajar a otros países “para ser escuchadas”. En esta línea, manifestó que el gobierno socialista evalúa cómo revertir la reforma judicial aprobada en 2014 por Rajoy que limitaba a su mínima expresión el principio de justicia universal, a la que han recurrido las víctimas en varios casos.