La sala penal de la Corte Suprema de Justicia paraguaya anuló ayer la condena a los 11 acusados por la matanza de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y seis policías en el marco de un desalojo de tierras. El tribunal hizo lugar al recurso de casación que fue presentado por la defensa para la absolución de los imputados.
Los jueces coincidieron en que no se logró demostrar que los acusados hayan tenido relación directa con los crímenes que les atribuyen durante el desalojo, que tuvo lugar el 15 de junio de 2012 y provocó la destitución del entonces presidente Fernando Lugo. “No se pudo demostrar quién disparó. Hubo falta de evidencias”, afirmó el juez Emiliano Rolón, quien agregó que también existieron “vicios” en el proceso.
En 2016, un tribunal había dispuesto penas de entre cuatro y 30 años de cárcel para los 11 trabajadores rurales –acusados de los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno–, pero algunos fueron liberados en los últimos meses. Sólo cuatro permanecían en una prisión de Asunción. La sala penal ordenó ayer su “inmediata libertad”.
Además de denunciar la falta de pruebas, la defensa de los acusados cuestionó a la Fiscalía por no investigar la muerte de los trabajadores rurales y evitar la exhumación de los policías muertos para analizar el origen de las balas.
Familiares de los campesinos que murieron en Curuguaty celebraron la decisión de los magistrados. Una de ellos, Martina Paredes, hermana de Luis y Fermín Paredes, dijo ayer a la radio paraguaya Ñandutí: “Hoy nació nuevamente la justicia en Paraguay”.