El aplastante triunfo de Andrés Manuel López Obrador es, en primera instancia, la derrota electoral de las élites políticas de México. La labor de AMLO es ahora extirpar sus raíces del aparato administrativo del Estado, revertir la política represiva y corrupta que instauró el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1989 y sacar a las fuerzas armadas de la represión interna.
Como si esto fuera poco, también le toca detener la violencia de los cárteles de la droga que se instalaron en México tras su desplazamiento de Colombia hace dos décadas; democratizar a fondo la sociedad mediante la convocatoria de fuerzas vivas a ámbitos de deliberación sobre problemas a enfrentar y luego someter sus propuestas al plebiscito popular (algo que a los suizos les da mucho resultado); y hacer justicia, no venganza, con el caso de Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes en 2014 que volvió a foja cero.
Además, encarar con decisión la investigación de la desaparición de 36.000 personas, una conservadora estimación oficial: “Que termine de una vez este triste y grave asunto, que desterremos la impunidad”. Y en una lista incompleta de tareas, sacar a 43,2 millones de mexicanos de la pobreza, y a la mitad de esa cifra de la pobreza extrema.
A AMLO le dicen El Peje porque en su estado de Tabasco subsiste el pejelagarto, un pez del orden de los Lepisosteiformes, un anciano orden de peces “primitivos” con espinas. Tal vez haga falta serlo para salir adelante con tamaña empresa.
Su discurso de triunfo, al fin de esa jornada electoral, fue una verdadera declaración jurada en la que rechazó con compromisos los temores que se le adjudicaron insistentemente a su candidatura, y por su palabra será tenido:
El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta.
Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido.
Habrá libertad empresarial; libertad de expresión, de asociación y de creencias; se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución.
En materia económica, se respetará la autonomía del Banco de México; el nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal; se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros.
Los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad. Si encontráramos anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales; es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes.
La transformación consistirá, básicamente, en desterrar la corrupción de nuestro país. No tendremos problema en lograr este propósito porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones y, por ello, es inteligente, honrado y trabajador. La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y económica y de la violencia que padecemos. En consecuencia, erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno.
Bajo ninguna circunstancia el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño: sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Un buen juez por la casa empieza.
Todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los privilegios se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales ni endeudar al país. Tampoco habrá gasolinazos. Bajará el gasto corriente y aumentará la inversión pública para impulsar actividades productivas y crear empleos. El propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos y que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas; quien desee emigrar, que lo haga por gusto y no por necesidad.
El Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos: a ricos y pobres; a pobladores del campo y de la ciudad; a migrantes, a creyentes y no creyentes, a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales.
Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y olvidados; en especial, a los pueblos indígenas de México. Por el bien de todos, primero los pobres.
Cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia. Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige, necesariamente, del combate a la desigualdad y a la pobreza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.
Convocaré a representantes de derechos humanos, a líderes religiosos, a la ONU y a otros organismos nacionales e internacionales a reunirnos las veces que sean necesarias y elaborar el plan de reconciliación y paz para México que aplicaremos desde el inicio del próximo gobierno. Me reuniré todos los días, desde muy temprano, con los miembros del gabinete de Seguridad Pública; es decir, habrá mando único, coordinación, perseverancia y profesionalismo.
Seremos amigos de todos los pueblos y gobiernos del mundo. En política exterior, se volverán a aplicar los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica a las controversias. Y como decía el presidente Juárez: “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.
Con el gobierno de Estados Unidos de América buscaremos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo, siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país.