Las consecuencias de la política de “tolerancia cero” que impulsó en abril el presidente estadounidense, Donald Trump, para controlar la inmigración irregular en la frontera con México, continúan multiplicándose a pesar de los intentos del gobierno por revertir sus puntos más polémicos. Ayer, el juez federal de San Diego, Dana Sabraw, ordenó al gobierno que frene las deportaciones de las familias por una semana. Lo hizo en respuesta a una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que alertó sobre la posibilidad de que familias de inmigrantes que hayan sido separadas en la frontera sean reunificadas sólo para ser deportadas “inmediatamente” y sin información completa sobre sus opciones, incluso en casos en que las personas corren riesgo de vida en sus países de origen.
La ACLU afirmó que “persisten” rumores que indican que el gobierno da unas “pocas horas” a los padres para que decidan si regresan a sus países de origen o inician un largo proceso judicial para solicitar asilo. Por eso, considera necesario que las autoridades les den más días para tomar una decisión “extremadamente compleja”.
La situación sobre las deportaciones se tornó más complicada después del 11 de junio, cuando el Departamento de Justicia anunció que “no serán elegibles para el asilo” los inmigrantes que hayan sido víctimas de violencia de género o de pandillas, dos de las razones más alegadas por quienes intentan ingresar a Estados Unidos desde países centroamericanos.
La separación de casi 3.000 niños inmigrantes de sus padres, que eran encarcelados mientras sus hijos quedaban retenidos en albergues del Estado, fue una de las facetas más criticadas de la política migratoria de “tolerancia cero”. La imagen de los niños llorando, encerrados en jaulas, indignó a la sociedad estadounidense, organizaciones civiles y gobiernos de otros países a tal punto que Trump finalmente suspendió la medida a mediados de junio.
Sin embargo, la decisión no explicaba cómo iba a hacer el gobierno para reunir a las familias. Por eso, a fines de junio el juez Sabraw ordenó su reagrupación y dio dos plazos. El primero daba fecha límite para reunir con sus padres a los 103 menores de cinco años que estaban retenidos. Ese plazo expiró hace una semana, sin que la administración de Trump haya cumplido con el mandato judicial: sólo 58 de esos niños se reencontraron con sus familiares. Los otros 45 fueron considerados “inelegibles” de ser devueltos, argumentó el gobierno, dado que los padres cuentan con antecedentes delictivos o en algunos casos ya habían sido deportados. Por haber incumplido con ese plazo, la ACLU pidió al gobierno la creación de un fondo para brindar terapia psicológica a los niños separados de sus padres. “No hay excusa para que la administración de Trump haya fallado en la fecha límite”, criticó en una nota el abogado de la organización civil, Lee Gelernt, quien señaló que “los niños están sufriendo por eso”.
El segundo plazo impuesto por Sabraw expira el jueves 26 y es para que el gobierno reúna a los 2.551 mayores de cinco años separados de sus familias en la frontera. Se espera que suceda algo similar a lo que pasó con los niños más chicos, ya que el Departamento de Salud y Servicios Humanos aclaró que la cifra “no es el número de menores que calificarán para ser reunificados”. Una vez más, la reunión de las familias también dependerá de la situación en la que se encuentren los padres. Por lo pronto, la abogada del Departamento de Justicia, Sarah Fabian, adelantó el viernes que el proceso será “diferente” al que atravesaron los niños menores de cinco años y que las reuniones se concretarán en ocho centros de detención de distintas partes del país.
Por su lado, el Departamento de Seguridad Nacional informó que existe un plan de reunificación que tiene varias etapas y que, por eso, el proceso no es rápido. En primer lugar, el progenitor pasa por una revisión general de su estado y de la manera en la que ingresó al país. Luego, tiene que confirmar el parentesco con el niño y si desea reunirse con él. En paralelo, las autoridades tienen que asegurarse de que el adulto no tenga antecedentes delictivos y que no suponga un riesgo para el bienestar del niño. Si se dan todas las condiciones, el padre es trasladado al sitio donde se encuentra el hijo en un lapso no mayor a 48 horas.
Los abogados de la ACLU insistieron en que necesitan ser notificados sobre el sitio donde tendrá lugar el reencuentro con al menos 12 horas de anticipación para conocer las necesidades de cada familia, algo que no sucedió cuando los niños del primer grupo fueron devueltos a sus padres.