Faltan cuatro meses para que se celebren las elecciones legislativas en Estados Unidos –que renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado–, y la ultraderecha religiosa del país se mueve a toda máquina para imponer su agenda política. Lo hace alentada por las medidas conservadoras que ha impulsado en el último año y medio el gobierno del presidente Donald Trump, y con éxito. Su triunfo más reciente tuvo lugar el 26 de junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos falló contra una ley que el estado de California aprobó en 2015 para brindar asesoramiento en planificación familiar a las mujeres con menos recursos. Esa norma busca contrarrestar la información “engañosa” que ofrecen militantes contra el aborto legal en algunos de los centros llamados “de atención y crisis”, instalaciones controladas en su mayoría por grupos religiosos que intentan reducir los abortos.
El fallo tiró abajo la esperanza de quienes contaban con que la Corte Suprema estableciera un posible precedente sobre el poder de los estados para legislar acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, porque si bien ese tribunal despenalizó la práctica en 1973, en el mismo dictamen declaró la interferencia de los estados como inconstitucional.
Según datos de la organización civil Stop the Lies, el número de los centros “de atención y crisis” aumentó de manera acelerada en los últimos años y llegó a 2.700 en todo el país. La cifra, de acuerdo con el mismo grupo, es tres veces más alta que la de las clínicas que practican abortos.
Un mes antes del fallo de California, los grupos religiosos de extrema derecha obtuvieron otros dos importantes logros en ámbitos locales, gracias al apoyo de los sectores más conservadores del Partido Republicano. El primero tuvo lugar en el estado de Iowa, cuando su gobernadora, la republicana Kim Reynolds, aprobó la ley de aborto más restrictiva del país. La norma establece que ninguna mujer puede interrumpir su embarazo si se detectan los latidos del corazón en el feto, algo que sucede en torno a las seis semanas de gestación, momento en el cual las mujeres suelen descubrir que están embarazadas. “Yo no voy a desistir de mis creencias. Esto va más allá de la mera ley. Esto tiene que ver con la vida”, sentenció Reynolds después de estampar su firma en el texto.
La ley de Iowa entró en vigor el domingo 1º de julio. Organizaciones pro-choice como Planned Parenthood y la American Civil Liberties Union ya anunciaron que la impugnarán ante la Corte Suprema.
Pero la ofensiva contra el aborto legal no es exclusiva de Iowa. En marzo, Misisipi aprobó una ley que prohíbe la práctica después de las 15 semanas de gestación. Antes, Kentucky hizo lo mismo con una que la prohíbe a partir de las 11 semanas. Las dos iniciativas continúan en los tribunales.
En paralelo, los parlamentos de los estados de Kansas y Oklahoma impulsaron leyes gemelas para permitir que las agencias de adopción religiosas tengan la posibilidad de negar sus servicios a parejas homosexuales que quieran adoptar. Si bien estas normas todavía deben ser aprobadas o vetadas por sus respectivos gobernadores, una vez más resulta evidente el apoyo que el lobby de ultraderecha encuentra en los legisladores republicanos.
El aval del presidente
Los fundamentalismos religiosos siempre han tenido poder en Estados Unidos, pero cobraron fuerza con la administración de Trump, que desde que llegó a la Casa Blanca tomó medidas que van en consonancia con su agenda, como algunas que vulneran los derechos de las mujeres y de quienes integran la comunidad LGBTI. La prohibición de incorporar personas trans al Ejército –una orden que finalmente fue anulada por un juez– y la supresión de un decreto del ex presidente Barack Obama que exigía a los colegios públicos que los estudiantes trans pudieran elegir qué baño utilizar según su identidad de género fueron dos de las más sonadas.
Trump también retiró los fondos que el gobierno estadounidense destinaba a organizaciones civiles que ofrecían servicios de salud sexual y reproductiva y asesoraban a mujeres sobre el aborto en el extranjero.
Por otro lado, el gobernante firmó el año pasado una orden ejecutiva de “libertad religiosa”, que permite a los sacerdotes apoyar públicamente a candidatos a elecciones. El 5 de mayo de este año, en el Día Nacional de la Oración en Estados Unidos, Trump firmó otra orden para apoyar la actividad de las comunidades religiosas y vigilar que las leyes no obliguen a ningún ciudadano a “violar sus creencias”. En el comunicado oficial se definía al presidente como “uno de los mayores defensores de la santidad de la vida humana en la historia de la Casa Blanca”.
Pero el hombre que representa a la ultraderecha religiosa en el gobierno estadounidense no es el propio Trump, quien carga con un historial que incluye tres matrimonios, una portada en la revista Playboy, comentarios misóginos sobre su vida sexual o la más reciente polémica con la actriz porno Stormy Daniels. Es su número dos, el vicepresidente Mike Pence, que siempre se ha definido como un “devoto evangélico”. En 2017, Pence fue el primer vicepresidente de Estados Unidos que participó y habló en la Marcha por la Vida que organizan todos los años varios grupos que se oponen al aborto legal. En la edición de este año, Trump fue el primer presidente en dirigir unas palabras a los manifestantes, aunque en su caso fue por videoconferencia, tal vez en un intento de llamar menos la atención.
Muchas de las leyes que se aprueban requieren el respaldo de la Corte Suprema, que actualmente es de mayoría conservadora: cinco de sus integrantes fueron nombrados por presidentes republicanos y cuatro por demócratas. Entre los conservadores, el voto del juez Anthony Kennedy ha sido el menos predecible, ya que a pesar de su orientación ideológica, en 2015 votó a favor de la legalización del matrimonio igualitario. Pero Kennedy, de 81 años, anunció su jubilación a fines de junio. Se espera que Trump anuncie hoy el nombre de su sustituto. Para tomar la decisión, se basó en una lista pública de 21 magistrados, entre los que se encuentran varios de ideología ultraconservadora. Hasta ayer, los nombres que más sonaban eran el de Brett Kavanaugh, actual juez del tribunal de apelaciones del Circuito de Washington DC, y el juez de una corte de apelaciones federal Thomas Hardiman.