Acusaciones cruzadas entre miembros del gabinete, reclamos de dimisiones por parte de la oposición y todos los dedos apuntando al Elíseo. Este es el panorama actual del gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, que atraviesa una de sus peores crisis políticas desde que llegó al poder en mayo de 2017.
El disparador fue la agresión por parte de uno de los jefes de seguridad de la presidencia contra manifestantes durante las protestas del 1º de mayo. El funcionario, Alexandre Benalla, agredió a dos personas mientras lucía un casco antidisturbios y credenciales de la Policía, a pesar de que no estaba en funciones.
El incidente ocurrió hace casi tres meses, pero el escándalo se desató el miércoles, cuando el diario Le Monde publicó un video en el que se puede ver a Benalla, que entonces era el jefe de seguridad durante los viajes de Macron, arrastrando a una mujer por el piso y, más tarde, golpeando a otro manifestante.
Las imágenes –captadas por cámaras de seguridad– despertaron las críticas de distintos sectores políticos, que cuestionaron al gobierno por no haber denunciado el delito ante la Justicia apenas se cometió. En el centro de las críticas está el ministro del Interior, Gérard Collomb, a quien le piden que explique por qué no actuó desde el principio. Collomb admitió que supo de la actitud de Benalla un día después de los hechos, pero no tomó medidas porque Macron asumió la responsabilidad de sancionar al funcionario. En ese momento, la medida aplicada fue una suspensión de 15 días.
Ayer, en una comparecencia ante la comisión parlamentaria creada para investigar sobre este asunto, Collomb calificó de “inadmisible” el comportamiento de Benalla e insistió en que no le correspondía a él decidir si había que denunciar esa acción ante la Justicia, sino a la presidencia o en última instancia a la Policía. Después del ministro declaró el prefecto de la Policía de París, Michel Delpuech, quien también desvió las culpas hacia el equipo de Macron.
La Fiscalía abrió una investigación sobre los actos de Benalla sólo después de que Le Monde reveló el escándalo, hace menos de una semana. Recién entonces el Elíseo decidió despedirlo. La investigación judicial desencadenó el domingo la imputación de Benalla y de otras cuatro personas –uno de los responsables de la seguridad del partido de gobierno, La República en Marcha, y tres policías–. Benalla fue imputado por delitos de violencia contra manifestantes y fue liberado el mismo día, aunque con medidas cautelares, como la prohibición de ejercer cargos públicos.
El ahora ex jefe de seguridad rompió el silencio por primera vez ayer, por medio de sus abogados. Se quejó de que los ataques contra él tienen la única finalidad de dañar políticamente a Macron y justificó su intervención con una disposición que estipula que cualquier ciudadano debe ayudar a la Policía en caso de necesidad.
El que todavía no habló fue el propio Macron, aunque ayer el secretario de Estado de Relaciones con el Parlamento, Christophe Castaner, dijo al canal BFMTV que el mandatario considera “totalmente escandaloso” e “inaceptable” el comportamiento que tuvo Benalla con los manifestantes. Al mismo tiempo, y ante las denuncias de que el presidente guardó silencio, Castaner afirmó que “no hubo voluntad de dejar pasar el tiempo”. Agregó que Macron “quiere una visión global” de los hechos para reorganizar la administración de la presidencia de forma que “el sistema sea lo más infalible posible”. Sólo después de eso se pronunciará públicamente sobre el asunto.
Las reacciones desde la oposición se multiplicaron desde que saltó la polémica. El Partido Socialista exigió la dimisión de Collomb, mientras que el líder de La Francia Insumisa, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, llegó a pedir una moción de censura contra el gobierno al considerar que es el primer ministro, Édouard Philippe, el máximo responsable en este asunto. “La situación se ha agravado: hemos pasado de una disfunción del gabinete a una crisis de Estado. Hoy no se trata de Collomb, sino de un primer ministro que ha permitido que haya una Policía paralela”, dijo Mélenchon.
En la misma línea reaccionó la líder del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen. Consideró que tanto Collomb como Delpuech demostraron con sus testimonios que Macron ha creado “una Policía paralela” que “no depende más que de él”.
El “caso Benalla”, como lo llaman los medios franceses, llegó cuando la popularidad de Macron está en su momento más bajo al registrar un apoyo de apenas 39%, según una encuesta difundida el viernes.