El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, llegó al gobierno a partir de la destitución de Mariano Rajoy y con una limitante: un presupuesto aprobado por la administración anterior, del derechista Partido Popular (PP). Sánchez se comprometió a no alterar esos números para conseguir el respaldo que le dio el Partido Nacionalista Vasco a su investidura. Con estos condicionamientos a cuestas, el nuevo presidente del gobierno español –que asumió el cargo el 2 de junio– anunció que impulsaría sólo aquellas iniciativas que tuvieran amplio apoyo político y social.
Sánchez presentó la semana pasada ante el Congreso su programa de gobierno, al que definió como una “agenda del cambio”.
En ese programa, el líder socialdemócrata incluyó algunas de las políticas que fueron promesas del PSOE en las últimas campañas, entre ellas la del aumento de las jubilaciones, la universalización de la atención sanitaria, una política de vivienda social y medidas para la lucha contra el fraude. El gobierno propone un aumento de jubilaciones proporcional al crecimiento del “costo de la vida” –aunque es el Congreso el que definirá el porcentaje–, mientras que la universalización de la salud implica la cobertura de los extranjeros aunque no tengan permiso de residencia, explicó Sánchez. En cuanto al acceso a la vivienda, el gobierno construirá unas 20.000 para las personas de menos recursos y reformará leyes para regular los alquileres. A su vez, para evitar el fraude fiscal se prohibirán las amnistías impositivas.
En su comparecencia ante el Congreso, Sánchez pidió el respaldo de otros partidos para sus políticas, ya que el PSOE no cuenta con una mayoría propia en ninguna de las dos cámaras. En particular, el pedido estuvo dirigido a quienes lo apoyaron para que llegara al cargo: Unidos Podemos, el Partido Nacionalista Vasco y otras organizaciones políticas regionales o soberanistas.
Algunas reivindicaciones que había hecho el PSOE antes de llegar al gobierno no aparecieron en los planes anunciados por Sánchez. Por ejemplo, las derogaciones de artículos clave de la ley mordaza y de la reforma laboral aprobada por Rajoy. A su vez, Sánchez comenzó a aplicar políticas que no anunció formalmente, como las vinculadas con la memoria histórica, el lugar de la religión en la educación y la situación de la televisión estatal, RTVE.
Por su parte, en las semanas que llevan en funciones, los ministros designados por Sánchez han empezado a comparecer ante el Congreso para dar a conocer sus prioridades. Carmen Calvo, la titular de Igualdad, fue una de las primeras en hacerlo.
Ministras y ministros
El fuerte hincapié que haría el gobierno de Sánchez en la paridad de género quedó claro desde el día en que juró, junto a su gabinete, ante el rey Felipe, cuando casi todos se refirieron al “Consejo de Ministras y Ministros”.
La ministra de Igualdad anunció una reforma del Código Penal para que la tipificación de agresiones sexuales no dependa exclusivamente de la interpretación de los jueces: si una mujer no dice “sí” expresamente, deberá considerarse violación. De esta forma, España se sumaría a los todavía pocos países que adaptaron sus leyes al Convenio de Estambul, aprobado por el Consejo de Europa en 2011 y que entró en vigor en 2014, que establece medidas contra la violencia de género. Juristas consultados por el diario digital Público manifestaron que es necesario tener cautela para hacer esta modificación para no invertir la carga de la prueba y respetar la presunción de inocencia. También apuntaron que deben tenerse en cuenta otros aspectos, como el consentimiento viciado o la revocación de este durante el acto sexual.
Este contexto fue aprovechado por organizaciones de juezas para subrayar la desigualdad que existe. Las leyes españolas, el Código Penal y el sistema judicial “tienen género, pero masculino, porque se han construido con la visión monolítica de la mitad de la población que está compuesta por hombres”, afirmó la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España, Gloria Poyatos.
Para la lucha contra la violencia de género también se darán más atribuciones y presupuesto a los ayuntamientos (porque se los considera las instituciones más cercanas a la población), en particular para la prevención, asistencia y amparo a las víctimas.
Además, se hizo el pedido a la Real Academia Española (RAE) de que analice qué cambios hacen falta en la redacción de la Constitución para que su lenguaje sea inclusivo y no discrimine a las mujeres. La semana pasada el director de la RAE, Darío Villanueva, marcó su posición en este asunto en una entrevista con el diario español El País, y dijo que “el problema está en confundir la gramática con el machismo”.
Villanueva afirmó que las lenguas “se rigen por un principio de economía” y que el uso de la duplicación, como en el caso de “ministras y ministros”, “acaba destruyendo esa esencia económica”. Dijo también que sustituir las o y las a por una e implica recurrir a “falsas soluciones” que él encuentra “absurdas, ridículas y totalmente inoperativas”. La RAE se pronunciará en octubre sobre el pedido de Sánchez, pero Villanueva ya adelantó que ve “difícil” que la academia “se aparte de la doctrina sobre el tema” y respalde estos cambios en la Constitución.
Impuestos según prácticas
La igualdad de género también será promovida desde la política impositiva: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó que se prevé aplicar deducciones a las empresas que la promuevan y que se bajará el IVA a los productos de higiene femenina.
Los impuestos también serán utilizados para desestimular prácticas dañinas para el medioambiente, por ejemplo aumentando los aranceles sobre productos contaminantes. Montero señaló que España se propone cumplir con el Acuerdo de París reduciendo el uso del carbón en la economía. Entre otras cosas, el gobierno incrementará el impuesto sobre el gasoil al mismo nivel que el de los demás combustibles y creará otros cuatro sobre la emisión de gases contaminantes, los residuos tóxicos y el uso de plástico.
A las medidas dirigidas al cuidado del medioambiente se agregan otras. El gobierno está trabajando en un proyecto de ley “transversal” contra el cambio climático que pretende presentar en el Congreso antes de fin de año, anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien destacó ante el Congreso que entre 2014 y 2017 España fue el país europeo en el que más crecieron las emisiones contaminantes, 4,4%. Todavía se está elaborando el proyecto de ley, pero Ribera adelantó que se exigirá a las empresas un informe anual sobre contaminación y se creará una comisión independiente que vigilará esas emisiones de forma constante. También afirmó que este proyecto se complementará con un nuevo plan para la generación y el ahorro de energía y con acciones sobre las actividades agropecuarias y extractivas.
Los impuestos se convirtieron en un asunto polémico en menos de dos meses de gobierno meses de gobierno de Sánchez, quien dejó clara su voluntad de utilizarlos para ampliar el presupuesto y aplicar nuevas políticas sociales. El gobierno manifestó que no habrá una suba generalizada, pero sí, además de las modificaciones ya anunciadas, se trabajará en “espacios fiscales nuevos para el siglo XXI”. Así lo anunció Montero. Habrá una tasa sobre las empresas tecnológicas, dijo la ministra en entrevista con Cadena Ser, porque “los nuevos nichos de actividad, a veces, hacen competencia desleal a sectores tradicionales y tienen que contribuir en mayor medida a la redistribución de la renta”.
También se creará un nuevo impuesto sobre la banca, algo que ya estaba previsto en el programa de gobierno que el PSOE presentó en las últimas elecciones y que Sánchez había anunciado antes de asumir. “Vamos a hacer algo razonable y progresivo para que [los bancos] aporten, porque tienen margen para hacerlo”, dijo Montero. En esta línea, también se reducirán las deducciones que pueden hacer las empresas, que terminan pagando sólo 12% por el Impuesto a Sociedades, que es de 25%. La idea que maneja el PSOE es fijar un pago mínimo de 15%.
Estos primeros anuncios ya fueron rechazados por cámaras empresariales españolas, a la vez que los bancos advirtieron que cualquier nuevo impuesto implicará un aumento del precio de los servicios que prestan a la población.
Para empezar
Algunos de los cambios que promueve el gobierno de Sánchez respecto del anterior Ejecutivo se vieron en los hechos antes de que sus ministros los anunciaran. Un ejemplo es la decisión de España de ofrecerse para recibir al barco Aquarius, con más de 600 inmigrantes indocumentados, al que le habían cerrado los puertos de Italia y Malta. El presidente ha manifestado su voluntad de cumplir con la cuota de refugiados que su país acordó que recibiría, algo que España incumplió durante el gobierno de Rajoy. El Tribunal Supremo condenó al Estado por haber resuelto sólo 2.500 peticiones de asilo en 2015, cuando se había comprometido con la Unión Europea a tramitar 19.449.
Otra de las señales de cambio fue la reunión que Sánchez mantuvo con el presidente catalán, Joaquim Torra, con quien no logró un acercamiento de posiciones sobre la crisis que se mantiene entre el gobierno de Cataluña y el de España, pero sí hubo una señal de que el canal de negociación está abierto. En este marco, Sánchez también aprobó el traslado de los políticos catalanes presos en Madrid a cárceles más cercanas a sus familias, y se propone hacer lo mismo con algunos presos del grupo armado vasco ETA, que serían trasladados al País Vasco.
Esta decisión ya generó críticas de parte de integrantes del PP y de Ciudadanos. En su comparecencia ante el Congreso, Sánchez argumentó: “La principal reflexión que tenemos que hacer después de la disolución de ETA es que no pueden ver ellos que los demócratas nos dividimos precisamente ahora que la democracia ha derrotado a la banda terrorista”. Acerca de Cataluña y su reunión con Torra, Sánchez se preguntó: “¿Qué alternativas hay al diálogo? ¿La confrontación?”.
Dos de las iniciativas que más atención recibieron fueron la de cambiar la dirección de RTVE, que enfrentó múltiples polémicas durante el gobierno de Rajoy, y la de hacer cambios a la asignatura Religión, que pueden ir desde eliminarla hasta establecer que la calificación que reciban los estudiantes por esa materia no incida en el promedio para pasar de año, anunció la ministra de Educación, Isabel Celaá. En una entrevista con RTVE, Sánchez aclaró: “No pongo en cuestión la creencia de nadie. Desde el punto de vista liberal creo que el Estado debe garantizar la laicidad [...] y dejar en el ámbito privado el ejercicio de sus creencias religiosas”.