En línea con varias de sus políticas conservadoras, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anuló 24 normas de discriminación positiva que había proclamado su antecesor, Barack Obama, para fomentar la presencia de estudiantes negros y de origen latinoamericano en las universidades.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció la decisión el martes en un comunicado en el que explicó que esas reglas eran “innecesarias”, “desactualizadas”, “inconsistentes con la ley existente” e “inapropiadas”. La medida se basa en una orden ejecutiva que Trump firmó en febrero de 2017 y que exigía la creación de comités en las agencias gubernamentales para identificar, anular o modificar aquellas regulaciones que consideraran innecesarias.
Más allá de lo estrictamente burocrático, el decreto de la administración Trump tiene bases ideológicas y parece fundamentarse en el principio de “neutralidad racial” que estableció el ex presidente George W Bush a la hora de admitir alumnos en los centros educativos.
Los departamentos de Justicia y Educación proclamaron esas normas entre 2009 y 2016 con el objetivo de “lograr los beneficios de un cuerpo estudiantil diverso” en las instituciones de formación superior y evitar, así, la discriminación en esos recintos.
La oposición demócrata criticó la anulación de las normas y defendió que son necesarias para resolver la exclusión que durante décadas han sufrido especialmente las minorías negra e hispana. A su entender, los integrantes de esas comunidades tienen menos oportunidades de acceso a la universidad que la población blanca debido al elevado costo de la educación superior en Estados Unidos. La medida del gobierno también fue rechazada por organizaciones como la Asociación Nacional de Educación, que tiene cerca de tres millones de afiliados en el sector de la educación pública. Su presidenta, Lily Eskelsen García, afirmó en declaraciones al diario ABC que la discriminación positiva “promueve la diversidad de relaciones, aborda los prejuicios implícitos y beneficia a posteriori a los estudiantes en sus comunidades y futuros lugares de trabajo”. Y lamentó: “El Departamento de Educación le ha vuelto a fallar a nuestros alumnos”.
La decisión del gobierno se anunció tres meses antes de que comience un juicio en el que la Justicia deberá determinar si la Universidad de Harvard discriminó a un grupo de estudiantes de origen asiático en su proceso de admisión al imponerles mayores exigencias que a blancos, negros e hispanos. La posición de la famosa universidad es que no selecciona a los aspirantes por su origen pero que, en el análisis general de cada candidato, su aporte a la diversidad también pesa.
En 2016, la Corte Suprema tuvo que pronunciarse sobre la discriminación positiva a raíz de una denuncia contra la Universidad de Texas presentada por la estudiante Abigail Fisher, quien alegaba que había sido rechazada por ser blanca, ya que alumnos de otros orígenes con peores calificaciones habían sido aceptados. Los jueces fallaron a favor de la universidad, reafirmando el principio de discriminación positiva.En la sentencia, el tribunal consideró que no era contrario a la Constitución que el color de piel sea uno de los elementos a considerar cuando un centro educativo quiere fomentar la diversidad.
El magistrado que inclinó la balanza a favor de la universidad fue el conservador moderado Anthony Kennedy, quien anunció la semana pasada que se jubilaba y, según sugirió Trump, podría ser sustituido por un juez ultraconservador.