“Juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia”, dijo ayer Iván Duque minutos antes de recibir la banda presidencial de las manos del titular del Senado, Ernesto Macías. Se convertía así en el nuevo presidente colombiano, sustituyendo a Juan Manuel Santos, quien gobernaba el país desde 2010.
Ya como jefe de Estado, Duque –del uribista Centro Democrático– tomó el juramento a su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, la primera mujer en la historia de Colombia en asumir ese cargo.
El líder de derecha asumió la presidencia de Colombia con el desafío de unir un país especialmente dividido después de la firma del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que el nuevo presidente pretende modificar.
“Quiero gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social; quiero gobernar a Colombia con el espíritu de construir, nunca destruir”, dijo en su discurso de investidura.
Luego reiteró cuáles serán las prioridades de su gobierno. En materia económica, Duque prometió que implementará un programa de reactivación para que el emprendimiento sea la base del “progreso económico y social”, mediante “un sistema tributario y de desarrollo productivo orientado a la inversión”. Afirmó que buscará “consolidar un crecimiento potencial superior a 4% del Producto Interno Bruto”. Por otro lado, aseguró que su gobierno dará incentivos a la “tecnología, los servicios, las empresas B, las industrias creativas, el turismo y la agroindustria” como ejes de crecimiento. “Todos los sectores productivos del país deben sentirse seguros de que no habrá en mi gobierno ninguna hostilidad que les impida crecer y hacer crecer a Colombia”, prometió.
Duque, que llega a la presidencia en un momento en que no se cerraron las negociaciones de paz entre el gobierno anterior y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), planteó una reforma constitucional para que el narcotráfico y el secuestro no sean considerados “delitos conexos al delito político”, para evitar que “los grupos armados ilegales que secuestran y trafican drogas pretendan ganar beneficios mimetizando sus delitos con causas ideológicas”.
Al respecto, el dirigente derechista prometió que en los primeros 30 días de su gobierno evaluará el diálogo con el ELN para definir qué rumbo tomará el proceso que, advirtió, para ser “creíble” tiene que “cimentarse en el cese total de acciones criminales”. Para hacer esa evaluación, el gobernante anunció que se reunirá con representantes de la Organización de las Naciones Unidas, la iglesia católica y “los países que han venido apoyando el proceso”, para que compartan su “balance” con el nuevo Ejecutivo.
En cuanto a sus planes de política exterior, Duque manifestó que buscará “el respaldo internacional” para combatir a las “dictaduras” en varios países latinoamericanos. “Haremos respetar la Carta Democrática Interamericana, promoveremos la libertad de los pueblos de la región y denunciaremos en los foros multilaterales, con otros países, las dictaduras que pretenden doblegar a sus ciudadanos”, afirmó Duque, en una alusión implícita a la situación de Venezuela, con cuyo gobierno ya se ha confrontado desde antes de su elección.