En 2012, un operativo policial para desalojar una ocupación de tierras que llevaba adelante un grupo de trabajadores rurales en el municipio de Curuguaty, en Paraguay, derivó en un enfrentamiento en el que murieron seis policías y 11 ocupantes. En la Justicia sólo se investigaron los asesinatos de los policías, por los que fueron condenados 11 campesinos a penas de entre cuatro y 30 años de cárcel. El sistema judicial fue acusado de actuar de manera parcial, entre otros cuestionamientos que recibió por este caso, que además derivó en la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, mediante un juicio político acelerado.
A fines de julio, la Sala Penal de la Corte Suprema absolvió a los trabajadores rurales condenados y anuló la sentencia, argumentando que las pruebas presentadas para condenarlos fueron insuficientes. “El Ministerio Público no centró sus afanes en investigar el hecho; simplemente eligió ‘a bulto’ [a los acusados], para establecer una especie de sanción ejemplificadora”, dijo uno de los tres jueces de la Sala Penal, Emiliano Rolón, al diario paraguayo ABC Color. Rolón se hizo eco de algunas de las críticas volcadas en el momento del juicio por dirigentes políticos y por los defensores de los trabajadores rurales: dijo que hubo alteración de la escena del crimen, que “no hay ninguna prueba científica” que muestre que las armas que tenían los campesinos causaron la muerte de los policías, y que los testimonios y las filmaciones del enfrentamiento que existen pueden ubicar a una persona en el lugar de los hechos “pero no se le puede atribuir responsabilidad”.
El juez también consideró que por las consecuencias sociales y políticas que tuvo el caso de Curuguaty “es importante que se asuman las consecuencias políticas y jurídicas” de la absolución.
Las declaraciones de Rolón llegaron después de que la fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñónez, presentara una denuncia contra los tres jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema que dictaron la absolución de los trabajadores rurales. Quiñónez pidió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que procese a los jueces Rolón, Cristóbal Sánchez y Arnaldo Martínez por mal desempeño de sus funciones. El JEM es un órgano conformado por dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, dos del Consejo de la Magistratura, dos senadores y dos diputados, que se encarga de juzgar el desempeño de los jueces, fiscales y defensores públicos y puede suspender o destituir a funcionarios judiciales.
La fiscal general ya había anunciado, una vez que se conoció la absolución, que el Ministerio Público activaría “todos los resortes legales” para que el caso Curuguaty no quede impune y para que la actuación de los jueces sea evaluada. Por su parte, el criticadísimo fiscal que llevó adelante la investigación del caso Curuguaty, Jalil Rachid, reivindicó su trabajo y dijo que la absolución de los campesinos fue una “canallada jurídica”.
El ex juez y abogado Jorge Bogarin, que trabajó en el equipo de la defensa de los campesinos, dijo que incluso si los integrantes de la Sala Penal fueran destituidos, el fallo de absolución que emitieron no pierde vigencia, ya que los dictámenes de la Corte Suprema no pueden ser revertidos.
Según medios paraguayos, el JEM, que investigará el caso, ya se estaba preparando para analizar la actuación de los involucrados, especialmente de los tres jueces que, a su vez, son candidatos para cubrir dos cargos vacantes en la Corte Suprema.