Los empresarios argentinos involucrados en el supuesto esquema de sobornos en torno a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas están intentando generar su propia narrativa sobre lo sucedido, informaron ayer los diarios La Nación y Clarín. La historia que tres de ellos contaron a la Justicia es que fueron presionados para entregar plata para la campaña electoral y no como un soborno para conseguir contratos de obra pública.
Detrás de esta narrativa hay una cuestión legal: si esto se confirma, ellos podrían ser condenados por el delito electoral de aportes ilegales, que tiene una pena máxima de tres años de prisión que puede no ser efectiva. Se ahorran aquellos delitos vinculados con el lavado de dinero y de asociación ilícita, que tienen penas superiores y podrían implicar cumplir tiempo en la cárcel.
El juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, que investigan este caso (que comenzó a partir de ocho cuadernos de un chofer que llevaba un registro pormenorizado del traslado de bolsos cargados de plata), comenzaron trabajando con la hipótesis de asociación ilícita, que implicaría un esquema de corrupción detrás de la adjudicación de contratos con el Estado y no solamente donaciones electorales.
El primer empresario en confesar fue Juan Carlos de Goycoechea, y ayer se sumaron dos más: Ángelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero. Ellos eran, respectivamente, dueño y director ejecutivo de Iecsa, la empresa que más cobró por obra pública durante los gobiernos de Cristina Fernández. Además, Calcaterra es primo del presidente Mauricio Macri y toda su trayectoria empresarial se desarrolló dentro de empresas del grupo Macri. No es la primera vez que Iecsa es vinculada con casos de corrupción: también se la relacionó con los pagos de sobornos de Odebrecht, empresa con la que se asoció en Argentina.
Calcaterra asistió al juzgado de forma sorpresiva ayer. Su ausencia en el primer grupo de empresarios que ingresó a prisión la semana pasada –en el que sí estaba Sánchez Caballero– también había causado sorpresa, y ayer tampoco fue detenido. Algunos especialistas consultados por medios argentinos explicaron que en estos casos se detiene al responsable de las decisiones ejecutivas, como Sánchez Caballero y De Goycoechea, y no necesariamente a los dueños de las empresas.