Ocho personas murieron esta semana durante un operativo militar en tres favelas del norte de Río de Janeiro –Alemão, la Penha y la Maré–, que aglutinan a 26 comunidades y donde viven más de 500.000 personas. Por primera vez desde que el presidente brasileño, Michel Temer, decretó en febrero la intervención militar en este estado, tres integrantes del Ejército se encuentran entre los muertos.
El operativo comenzó en la madrugada del lunes, cuando 4.200 soldados del Ejército brasileño y 70 policías ingresaron en los complejos, con el apoyo de camiones blindados y helicópteros. Los funcionarios destruyeron barricadas y llevaron adelante controles a personas y vehículos en busca de sospechosos con antecedentes penales. Como resultado, fueron detenidas 70 personas y se incautaron 554 kilos de marihuana, 14 armas de fuego y 1.045 municiones, según informó Agência Brasil.
El secretario de Seguridad de Río de Janeiro, Richard Nunes, lamentó la muerte de los militares y dijo en Twitter que esto constituye “un atentado contra la democracia”. A su entender, muestra cómo las fuerzas de seguridad “enfrentan en su rutina a criminales con armas de guerra”, en un “terreno inhóspito al margen de la ley, el orden y la ciudadanía”.
En una línea similar, el ministro de la Secretaría de Gobierno de Brasil, Carlos Marun, elogió la tarea de los militares muertos y aseguró que “está siendo librada una guerra” contra el crimen organizado. El ministro consideró que los militares que murieron “se suman a las decenas de hombres y mujeres, policías o no, que ya han caído en la lucha contra grupos paramilitares que decidieron esclavizar a Río de Janeiro y que planean hacer eso con el resto de Brasil”.
Un estudio divulgado la semana pasada por el Observatorio de la Intervención del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Cándido Mendes reveló que, al contrario de lo que pretendía el gobierno brasileño, la intervención militar en la seguridad pública de Río de Janeiro no contribuyó a que la violencia disminuyera.
Según el informe, de hecho, el número de tiroteos en ese estado aumentó 40% durante los seis meses de intervención. Además, las cifras de muertes por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad fueron las más altas en 30 años. De acuerdo con la investigación, entre febrero y agosto de este año, 736 personas murieron en esas circunstancias. En tanto, otras 2.617 fallecieron en lo que el observatorio calificó de “homicidios dolosos”.
“A este paso vamos a cerrar 2018 con una cifra que puede llegar a 1.800 personas muertas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En más de 30 años la Policía nunca había producido tantas muertes como consecuencia de su acción”, aseguró la coordinadora general de la institución, Silvia Ramos.
Por todo lo anterior, el observatorio concluyó que la medida del gobierno, “en vez de salvar vidas, ha incrementado las muertes”. La intervención tampoco aumentó la seguridad, agregó Ramos, porque ha utilizado todos sus esfuerzos en adelantar “operaciones con tropas militares” pero no ha hecho “casi nada en el área de inteligencia”.
De acuerdo con el observatorio, en el plan estratégico de la intervención, que recién fue divulgado en julio –cinco meses después de que el gobierno decretó la medida– se plantearon 66 metas de las cuales sólo cuatro están enfocadas a acciones de inteligencia. El resto, precisó Ramos, está exclusivamente dirigido “a lo que causa inseguridad, enfrentamientos y tiroteos”.
Una encuesta del instituto Datafolha difundida ayer muestra que el apoyo de los habitantes de Río de Janeiro a la presencia de los militares en las calles cayó en los últimos cinco meses, aunque sigue siendo mayoritario. Según el sondeo, el porcentaje de personas que respaldan la intervención militar cayó de 76% a 66%, mientras que el rechazo a esta política aumentó de 20% a 27%.
El periódico Voz das Comunidades, que se presenta como un medio “de las favelas, para las favelas”, aseguró en su versión digital que el operativo en los tres complejos continuaba ayer y que las escuelas permanecían cerradas desde el martes por motivos de seguridad. El diario denunció que, entre otras cosas, los militares estaban “invadiendo” las casas de algunas familias para “romper y robar” sus pertenencias. También informó que requisaron mochilas de niños en busca de drogas.
Esta información fue en cierta medida avalada el miércoles por la Defensoría Pública de Río de Janeiro, que en un comunicado informó que investiga diferentes denuncias de violaciones a los derechos humanos durante el operativo que empezó el lunes. Según esa institución, se reportaron “casos de invasión de residencias por agentes de las fuerzas de seguridad, disparos en [sedes de] proyectos sociales, registro de celulares de sospechosos y denuncias de agresión y tortura”. La defensoría también cuestionó la cifra oficial de muertos y aseguró que recibió “denuncias de que hay cuerpos dispersos en el área boscosa de la Maré, y que a los residentes se les estaría impidiendo retirarlos”.