Los medios argentinos informaron ayer que el juez Claudio Bonadio había ordenado el allanamiento del edificio en el que vive Cristina Fernández. La ex mandataria había sido convocada ayer mismo a declarar en el caso que investiga si existió un esquema de corrupción en torno a la adjudicación de la obra pública durante su gobierno y el de su esposo, Néstor Kirchner. Por esta causa Bonadio pidió al Senado autorización para allanar tres domicilios de Fernández y su despacho de senadora, que están protegidos por fueros. Según la alianza oficialista, hay votos suficientes para que se autoricen los allanamientos en la sesión del jueves.
El abogado de Fernández, Gregorio Dalbón, llegó corriendo ayer al edificio en el que vive su defendida, que no estaba en el lugar sino en el Instituto Patria. “Si llega a ser lo que todos están diciendo, es ilegal”, dijo. Poco después se aclaró que el allanamiento ordenado por Bonadio no incluía propiedades de Fernández, sino apartamentos aledaños y zonas comunes del edificio. Trascendió que el juez les preguntó a los vecinos si habían visto o escuchado movimientos extraños, en una serie de interrogatorios que se desarrollaron en esos lugares y que Dalbón consideró parte de un “circo” montado contra la ex presidenta.
Horas antes, Fernández se había presentado en el juzgado de Bonadio, convocada a declarar como imputada. Se negó a prestar declaración, tal como ha hecho en ocasiones anteriores, y presentó tres escritos: pidió la nulidad del caso y recusó tanto a Bonadio como al fiscal de la causa, Carlos Stornelli. En los textos Fernández niega estar involucrada en cualquiera de los delitos por los que se la investiga y asegura que está siendo perseguida por el gobierno de Mauricio Macri.
En esa línea, solicita que sean llamados a declarar en esta investigación el presidente argentino y Daniel Angelici, el titular de Boca, identificado como un operador judicial del actual gobierno. Pide también que se los interrogue sobre el acuerdo alcanzado por el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, dueño de una de las principales constructoras de Argentina, y el juez Bonadio, que establece que el empresario sea un testigo colaborador en la causa. En su escrito, Fernández afirma que “según fuentes periodísticas no desmentidas, el acuerdo para definir la situación de Calcaterra se habría gestado durante el fin de semana”, con una reunión entre él y Stornelli. Además, la ex presidenta solicita que se revise quiénes visitaron lugares como la Casa Rosada o la residencia de Olivos desde que la Justicia tiene en su poder la información que impulsa esta causa.
Acerca de las recusaciones, Fernández repasa cómo llegó a Stornelli y Bonadio la información en la que se basa esta investigación –cuadernos en los que el chofer de un funcionario de su gobierno, Roberto Baratta, tomó notas sobre supuestas coimas– y considera que estos adoptaron decisiones discrecionales, que insinúa que podrían haber sido irregulares, para avanzar con la causa.
Además, la ex presidenta critica la acumulación de casos de corrupción en los que se la ha involucrado. “Pareciera ser que además de desempeñarme como jefa del Poder Ejecutivo [...] habría tenido el tiempo suficiente para liderar todos los emprendimientos criminales de los que ahora se me acusa”, dijo.
Fernández apuntó en particular contra Bonadio, y en una publicación de Facebook dijo ayer que desde que dejó el gobierno le “armaron” seis causas penales, de las cuales cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadio. “¿Milagro? No”, escribe en la publicación.