El Consejo de la Facultad de Veterinaria aprobó ayer una declaración de cinco puntos sobre el caso de la profesora particular que, mediante distintas estrategias, conseguía por adelantado o en simultáneo las preguntas de parciales y exámenes y les proporcionaba las respuestas a los estudiantes. Por estos servicios cobraba entre 2.000 y 6.500 pesos por materia y por estudiante. Llegaron a estar involucrados en la maniobra más de 100 estudiantes de Veterinaria.
Ayer el Consejo expresó su “condena a los hechos acaecidos” por estar “reñidos con la esencia” de esa casa de estudios. Añadió que la responsabilidad de la facultad es formar profesionales con “solvencia ética y académica”, que brinden al país garantías de que sus conocimientos fueron “legítimamente adquiridos”. Asimismo, resolvió crear un grupo del Consejo que resolverá las sanciones pertinentes para los estudiantes que estuvieron involucrados en los hechos.
Con el voto en contra de los estudiantes y de una parte de los docentes, el Consejo resolvió también “hacer suyo” el informe de Jurídica de la Universidad de la República que recomendó enviar los antecedentes del caso a la Justicia, y por consiguiente acordó elevar a la Fiscalía General de la Nación toda la información “para establecer las responsabilidades penales que puedan corresponder”.
Felipe Saravia, uno de los consejeros de la facultad por el orden de estudiantes, había declarado el día anterior a El Observador que los estudiantes consideraban que el caso ameritaba una sanción a los involucrados pero entendían que no correspondía derivarlo a la Justicia.