El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, tenía previsto el lunes dar un discurso en el que calificaba a la Corte Penal Internacional (CPI) de “ilegítima” y le advertía que si investigaba a personas de su país o de sus aliados habría consecuencias económicas y jurídicas.
Ante el trascendido de esas declaraciones, la CPI informó ayer que “continuará haciendo su trabajo sin inmutarse” y actuando “dentro del marco legal del Estatuto de Roma”.
Las advertencias de Bolton surgen de la posibilidad de que la CPI investigue la actuación de soldados estadounidenses en Afganistán entre 2003 y 2006, un anuncio que se espera para las próximas semanas. Pero Bolton también afirmó que habría reacciones si se investigaba a sus aliados, y mencionó específicamente a Israel. Justamente, el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, dijo ayer que demandó a Israel ante la CPI para que se juzgue como crimen de guerra la demolición de la villa beduina de Jan al Ahmar –ubicada en territorio palestino ocupado–, prevista para las próximas semanas.