Desde que el presidente ecuatoriano Rafael Correa dejó el gobierno, en 2017, es objeto de un número creciente de investigaciones en la Justicia y en comisiones estatales. Se indaga si pudo haber cometido delitos que van desde corrupción hasta crímenes de lesa humanidad.
Christopher Marchand, abogado de Correa, viajó a Quito desde Bélgica, donde el ex presidente vive con su familia, para estar presente en una audiencia prevista para el martes, que finalmente se postergó para hoy. En ese proceso se involucra a Correa en un supuesto intento de secuestro contra un parlamentario opositor, Fernando Balda, cometido en Colombia en 2012.
Por el caso fueron procesados con prisión cinco ex funcionarios de inteligencia, entre ellos dos ex jerarcas, y en julio se emitió un pedido de captura internacional contra Correa. De acuerdo con Marchand, la defensa logró suspender esa orden de detención.
El abogado denunció que su defendido enfrenta un “juicio politizado” en el que “hay irregularidades que son muy fuertes”. La defensa del ex presidente pidió que la Organización de las Naciones Unidas investigue “lo que pasa en este juicio” para asegurarse de que se respeta el debido proceso. Con ese objetivo, el propio Correa pagó el pasaje y la estadía de seis juristas de distintos países que actuarán como observadores internacionales. Viajaron a Quito a “testimoniar e informar” sobre lo que suceda, dijo una de los juristas, Giselle Oberti.
Según dijo Marchand a la agencia de noticias Efe, la postergación de la audiencia es parte de esa situación irregular que denuncia. El abogado puso en duda la legitimidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio, a la que calificó de una institución que tiene una “influencia muy fuerte para el equilibrio de poderes” y que está integrada por personas que políticamente están en contra de Correa. “El procedimiento no responde a los estándares internacionales, sobre todo en la garantía de independencia de los jueces”, afirmó, y dijo que “se han violentado derechos fundamentales” en este proceso.
Mientras tanto, se procesan otras investigaciones. La Comisión Anticorrupción presentó denuncias contra el gobierno de Correa por delitos de irregularidades en contratos de obras públicas y elevó a la Fiscalía documentos para que investigue si se cometieron delitos de lesa humanidad durante su administración. Estos documentos refieren al levantamiento policial del 30 de setiembre de 2010, que Correa calificó de golpe de Estado. Ese día, el presidente estuvo retenido por más de nueve horas en un hospital policial.
La Fiscalía anunció la semana pasada que va a crear una mesa de trabajo junto con la Comisión Nacional Anticorrupción para investigar si existió una persecución política contra las personas identificadas con ese levantamiento. “Ahora también somos criminales de ‘lesa humanidad’: el 30-S nuestros pechos y cabezas atacaron salvajemente las balas asesinas”, tuiteó Correa, y agregó: “Ya no saben qué más tonterías inventar estos payasos! (¡Ya van ocho o nueve ‘denuncias’ penales!)”.