La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación y la organización Transparencia Brasil cuestionaron los cambios dispuestos ayer en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información. Según informó el diario Folha de São Paulo, estas modificaciones permitirán a cientos de funcionarios a decidir si determinados datos o documentos deben permanecer reservados.
La Ley de Acceso a la Información, aprobada durante el gobierno de Dilma Rousseff, en 2012, protegía el acceso de cualquier persona física o jurídica a información pública, excepto aquella que fuera clasificada como “ultrasecreta” (reservada por 25 años) o “secreta” (por 15 años). La reglamentación anterior sólo habilitaba a unos pocos integrantes del gobierno a decidir que determinada información sería reservada: el presidente, el vicepresidente, los ministros, los comandantes de las Fuerzas Armadas y los jefes de misiones diplomáticas o consulares permanentes.
A partir del nuevo decreto podrían hacer lo mismo los funcionarios de jerarquía más alta dedicados a Dirección y Asesoramiento Superior (Grupo-DAS 101.6) que reciban una remuneración de unos 4.500 dólares o más. De acuerdo con Folha, el Ministerio de Planeamiento registra 206 cargos con esas características. Otro grupo de funcionarios (DAS 101.5), en el que entran 1.082 personas, puede disponer que un documento es “secreto”, es decir, que no puede ser divulgados por 15 años. A su vez, las autoridades pueden delegar esta potestad en los máximos directivos de empresas públicas o fundaciones, informó el periódico.
Hamilton Mourão, el vicepresidente de Brasil, dijo que la intención de estos cambios es facilitar y desburocratizar la desclasificación de documentos. “La transparencia se mantiene y las cosas que son ultrasecretas aquí en Brasil son rarísimas. Normalmente son planos militares, algunos documentos y acuerdos del Palacio de Itamaraty, son pocas cosas”, dijo. Sin embargo, existen antecedentes como el del ex gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, que declaró ultrasecretos cientos de documentos sobre el transporte público de ese estado.
El Partido Socialismo y Libertad anunció que va a presentar una acción de inconstitucionalidad para derogar el decreto, que fue cuestionado también en otros ámbitos. El secretario de la organización Cuentas Abiertas, Gil Castello Branco, dijo a O Globo que “el objetivo de la ley era restringir al máximo el número de personas con autorización para decidir que un documento no estaría abierto a la población”, y agregó que “cuando se aumenta ese grupo de personas, inevitablemente aumentará el número de documentos vedados al público”. Con él coincidió Mauro Menezes, ex presidente de la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, quien dijo que “el sistema de transparencia pública sufre un golpe duro con esa ampliación indiscriminada de los agentes capaces de imponer reserva a los datos públicos”.