Carmen del Paraná, una ciudad paraguaya del departamento de Itapuá, fue declarada por su Junta Municipal “ciudad de Dios, pro vida y pro familia”. No fue la primera; se sumó a una larga lista de ciudades, distritos y provincias cuyos gobiernos emitieron declaraciones similares en Paraguay y Argentina a lo largo de 2017 y 2018.
Lo inusual en el caso de Carmen del Paraná es que la declaración se revirtió. En noviembre, un mes después de que se emitiera la resolución, se aprobó un proyecto presentado por el presidente de la Junta Municipal, Jorge Collante, para dejarla sin efecto. Según informó el diario Última Hora, Collante, del gobernante Partido Colorado, argumentó que la Constitución de Paraguay busca garantizar la laicidad y establece que “ninguna confesión tendrá carácter oficial”. Por lo tanto, dijo, se debía corregir el “error conceptual” de vincular a la ciudad con una religión, algo que podía “herir la sensibilidad” de los ciudadanos.
Otros municipios no dieron marcha atrás. Las ciudades declaradas pro vida en Paraguay superan la decena, y en la mayoría de los casos también se proclaman pro familia, aunque ninguna llegó a llamarse “ciudad de Dios”, como lo hizo Carmen del Paraná.
En el caso de Minga Guazú, otra ciudad proclamada pro vida y pro familia, la promotora de la iniciativa fue la diputada colorada Blanca Vargas. La dirigente argumentó que la propuesta era un reclamo de la “ciudadanía”, abogó por “conservar los valores fundamentales de la familia” y pidió que se aprobara esta declaración en mayo, el mes de la santa patrona de esa ciudad, María Auxiliadora. El vínculo con la religión también fue explícito en la ciudad Mariano Roque Alonso, que festejó su declaración como pro vida y pro familia en un acto en el que estuvieron representadas varias iglesias.
Quienes promueven estas resoluciones son movimientos políticos y religiosos conservadores que militan contra las iniciativas de legalizar el aborto, que en Paraguay está penalizado, y de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el caso de la ciudad de San Lorenzo, el concejal que propuso definirla como pro vida y pro familia, Hugo Lezcano, también colorado, manifestó su voluntad de respaldar a esos movimientos, aunque sólo se tratara de un “apoyo simbólico”.
Sin embargo, estas declaraciones también tuvieron consecuencias prácticas. La que se aprobó en Encarnación, por ejemplo, sirvió de argumento para negarle a una organización social, Diversxs, el uso de un espacio público para un conjunto de actividades a favor de los derechos de la comunidad LGTBI. El intendente de esa ciudad, Luis Yd (electo por una alianza opositora al Partido Colorado), argumentó que el municipio, por haber sido definido como pro vida y pro familia, se encontraba “totalmente inhibido de otorgar acompañamiento o aliento” a ese festival. “El gobierno municipal de Encarnación debe apuntar a preservar y difundir los valores que sustentan la familia, entendida esta como la cimentada principalmente en la unión en matrimonio del hombre y la mujer”, dijo, según citó el diario ABC Color.
Diversxs anunció, en respuesta, que iniciaría acciones legales contra el municipio. A su vez, la organización feminista Kuña Róga denunció por entonces: “No es la primera acción de persecución ocurrida a Diversxs en la ciudad, pues hace poco fueron expulsados de la Plaza de Armas por realizar una reunión, y tememos que esta escalada de intolerancia fomente el odio contra personas LGTBI que luego tengamos que lamentar con pérdidas de vidas humanas”.
En cambio, las organizaciones religiosas que se definen como pro vida encuentran en las declaraciones como la de Encarnación un respaldo para futuros proyectos. En otra ciudad paraguaya, el presidente de la organización Alto Paraná te Quiero Pro Vida, Jesús Argüello, dijo a la Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa) que esas resoluciones les brindan “un soporte para pedir el apoyo económico o logístico de las municipalidades para diversos proyectos”.
El Congreso también
Las iniciativas de los grupos contrarios al aborto y al matrimonio homosexual llegaron a tal punto en Paraguay que la propia Cámara de Diputados aprobó en diciembre una resolución en la que declara al Congreso pro vida y pro familia. Según informó la agencia de noticias Efe, el proyecto, impulsado por el Partido Colorado, recibió 53 votos a favor; sólo dos diputados votaron en contra y otros dos se abstuvieron.
La diputada Pilar Medina argumentó que su intención, al presentar esta iniciativa, era transmitirle “tranquilidad” a la población paraguaya “en vista de que en países vecinos hubo pulseadas a favor” del aborto y “la ideología de género”.
La preocupación por lo que llaman “ideología de género” también llevó a grupos pro vida paraguayos –nucleados en la organización Somos Muchos, Muchos Más– a pedirle al gobierno que no firmara el Pacto Mundial sobre Migración de la Organización de las Naciones Unidas que se comprometió a suscribir. Entre sus motivos, informó Última Hora, esas organizaciones cuestionan que en uno de sus puntos el acuerdo llama a ofrecerles a los migrantes “servicios básicos con perspectiva de género, teniendo en cuenta la discapacidad y con perspectiva infantil”.
Pañuelos argentinos
Las declaraciones de ciudades pro vida también se multiplicaron en Argentina en los últimos dos años, en varios casos como reacción a las movilizaciones a favor del proyecto de ley para legalizar el aborto identificadas con pañuelos verdes. Mientras el Congreso discutía esa iniciativa, que finalmente fue aprobada en Diputados pero naufragó en el Senado, Tucumán fue declarada provincia pro vida en una resolución del parlamento regional. Apoyaron la iniciativa 39 de los 43 legisladores y sólo votaron en contra tres peronistas y un representante de la Unión Cívica Radical.
Esa provincia estableció que es una política de Estado “la protección de la vida desde la concepción” y llamó a los municipios tucumanos a “desarrollar actividades y acciones a favor de las dos vidas”, expresión que utilizan quienes se oponen a legalizar el aborto y se identifican con pañuelos celestes.
Tucumán había sido precedida por Corrientes, con una declaración similar, mientras que Misiones amenazó con seguir el mismo camino si el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo era aprobado en el Congreso.
En el caso de Corrientes la declaración fue aprobada en 2011, mucho antes del último debate parlamentario sobre el aborto. El entonces gobernador, Ricardo Colombi, de la Unión Cívica Radical, aprobó una resolución que definía a su provincia como pro vida en un acto frente a representantes de la iglesia católica y la evangélica. De acuerdo con ACI Prensa, en Argentina son más de 90 las ciudades, municipios o distritos que aprobaron resoluciones similares en los últimos años.
Este fenómeno tiene un antecedente en el Pacto de San Antonio de Padua, impulsado por el papa Francisco. Se trata de un compromiso de trabajar en diversas áreas, desde la pobreza hasta el cambio climático, y también de “proteger a la familia como célula básica de la sociedad, y la vida humana desde la concepción”. Fue firmado en enero de 2016 por una docena de intendentes argentinos y ratificado en febrero de ese año por unos 200. El pacto, que también fue suscrito por intendentes de Paraguay y otros países, fue recordado en los debates que dieron los legisladores locales y presentado como argumento para declarar pro vida a un territorio.
Resistencia
En varias ciudades argentinas esas declaraciones fueron propuestas y rechazadas. Es el caso del Consejo Deliberante de Concordia, que en junio se dividió en seis concejales en contra, uno a favor, una abstención y una ausencia. “En primer lugar le recordamos al intendente [justicialista Enrique] Cresto que Concordia no es una teocracia y que por lo tanto no se puede imponer la doctrina religiosa por decreto. Estamos discutiendo un derecho elemental que es el derecho de salud y democrático de decidir sobre nuestro propio cuerpo”, dijo la edila Nadia Burgos, del Movimiento Socialista de los Trabajadores-Nueva Izquierda.
También el intento de declarar pro vida a la ciudad de Colón, en Entre Ríos, fracasó en 2018. “No podemos imponer a la sociedad nuestras creencias propias o religiosas”, dijo la concejal peronista Carina Passadore. Con ella coincidió Ezequiel Giraldi, también justicialista: “No me creo capaz de declarar a la ciudad pro vida porque considero que sería desconocer la lucha de millones de mujeres que se han puesto en movimiento para tener la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. Creo que sólo hay una propuesta que defiende la vida y es la de la legalización del aborto”. A ellos se sumo Gastón Villanova, que se preguntó si ese debate llevaría a encontrar una solución a los problemas de alguno de los habitantes de Colón, o si en cambio causaría “más discordia entre vecinos” y sería “alimento para el odio”.
Verona cercana
En octubre, la Agencia Católica de Informaciones daba la noticia de que en Italia el Consejo Municipal de Verona la había declarado “ciudad a favor de la vida”, y que a partir de entonces apoyaría a grupos locales que promovieran iniciativas contra el aborto, despenalizado en 1978.
Tal como lo hacen las organizaciones conservadoras que promueven estas declaraciones en Paraguay y Argentina, el alcalde de Verona, Federico Sboarina (integrante del partido Forza Italia), dijo al diario La Verità que la declaración implica “una adhesión a la vida natural desde su concepción hasta su final”, y aclaró que él es, además, un partidario de “la familia natural: papá y mamá”.