Mientras se intensifica la pulseada entre el oficialismo y la oposición venezolanos, el gobierno de Estados Unidos anunció ayer que sancionará a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunció en una conferencia de prensa esta decisión, por la cual Estados Unidos seguirá comerciando con PDVSA, pero los recursos que Venezuela obtenga serán administrados por el titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que el miércoles se autoproclamó presidente encargado del país.
El domingo, el senador republicano Marco Rubio afirmó en su cuenta de Twitter que la Casa Blanca había traspasado el control de varias cuentas que el gobierno de Venezuela tenía en bancos estadounidenses al “gobierno legítimo del presidente interino Juan Guaidó”. La información no fue confirmada pero tampoco desmentida por la administración de Donald Trump, que días antes había adelantado que esa medida era una posibilidad en el marco de sus acciones para respaldar al dirigente opositor.
Rubio hizo ese anuncio el mismo día en el que Guaidó reveló que le pidió a varios bancos en el exterior la “protección” de los activos que el país tenga depositados, para evitar que el gobierno de Nicolás Maduro haga uso de los recursos. La solicitud también fue enviada a instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Transacciones, agregó el opositor en un mensaje publicado en redes sociales, en el que agregó: “No permitiremos que sigan robando al pueblo de Venezuela”.
Guaidó llamó ayer a sus seguidores a salir a las calles mañana y el sábado para manifestarse de manera “pacífica”. La primera marcha, dijo el dirigente en Twitter, fue convocada para respaldar “el mensaje de amnistía y garantías a la Fuerza Armada Nacional”. El dirigente propuso una ley de amnistía para funcionarios civiles y militares que desconozcan al gobierno de Maduro y que “colaboren con la restitución del orden constitucional”. Un segundo objetivo será exigirle a la Fuerza Armada Nacional que permita la entrada de ayuda humanitaria al país, dijo el opositor.
Guaidó no dio muchos detalles sobre la protesta del sábado, pero llamó a los venezolanos a salir “no sólo en todo el territorio nacional sino en todo el mundo”, para respaldar la “lucha” contra “el usurpador”, en referencia a Maduro, al que la oposición acusa de haber “usurpado” el poder. Recalcó que las dos instancias tendrán que desarrollarse “de manera pacífica”.
La campaña de apoyo al proyecto de ley de amnistía –que ya cuenta con la aprobación de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora– empezó el domingo. Ese día, representantes de la oposición visitaron cuarteles para entregar a los militares copias del texto de la ley de amnistía. Guaidó dijo más tarde, al salir de una misa en una iglesia de Caracas, que la estrategia de visitar los cuarteles es una forma de “tenderles la mano” a funcionarios militares y policiales. Aprovechó también para darles la “orden” a los soldados de no reprimir las protestas pacíficas.
Mientras tanto, Maduro visitaba cuarteles en otro punto del país, donde supervisó ejercicios militares. Allí, frente a un centenar de soldados, el gobernante denunció que el proyecto de la oposición pretende “que la Fuerza Armada se convierta en golpista”. Ayer, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, agregó que la iniciativa es un instrumento de “manipulación” y que no tiene el respaldo de ningún soldado que, ante todo, respeta “los derechos humanos y la vida”.
Ante el llamado de la oposición a manifestaciones, el titular de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, llamó al pueblo venezolano a “resistir”. Agregó: “Cualquier ciudadano que se llame venezolano y esté llamando a la intervención militar en nuestra patria, en caso de ocurrir algún evento de esa naturaleza debe ser tratado como un enemigo y [hay que] aplicarle todas las acciones y formas que se le aplican a los enemigos”, agregó Cabello.
Las protestas antigubernamentales convocadas por Guaidó se suman a las que comenzaron el lunes 21 y que en una semana han dejado un saldo de 35 muertos, según un balance presentado ayer por las organizaciones Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. En el mismo período fueron detenidas 850 personas, incluidos 77 menores de 18 años, agregó Foro Penal, otra organización integrada por abogados.
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