La fuerza de choque de Bolsonaro en el Congreso

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Si en 2014 el Partido Social Liberal (PSL) terminó las elecciones como un partido minoritario en el Congreso, con solamente un senador y un diputado electos, en la disputa electoral de 2018 sus iniciales se convirtieron en una de las mayores fuerzas político-partidarias de Brasil. El peso parlamentario del PSL ya se hizo notar incluso antes del inicio de las actividades legislativas, en febrero. En la negociación para su reelección como presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (Demócratas) le prometió la presidencia de la Comisión de Constitución y Justicia, la más poderosa de la cámara baja, responsable de evaluar si los proyectos de ley son constitucionales.

El PSL cuenta con 56 parlamentarios, cuatro senadores (de 81) y 52 diputados federales (de 513) en el Congreso Nacional. El partido tuvo diputados federales electos en todos los estados del sur, sureste y centrooeste, con excepción del Distrito Federal, y en la mitad de los estados de las regiones norte y noreste. 21 parlamentarios están vinculados al área de la seguridad pública, de los cuales 11 nunca habían disputado elecciones. Es el caso del mayor Vitor Hugo (Goiás), que ya en su primer mandato asumirá la posición de líder de la bancada del gobierno en la Cámara de Diputados.

A través de informaciones de procesos judiciales, registros de empresas, datos de financiamiento de campaña y otras fuentes, Agência Pública investigó quién es quién en la bancada del PSL, lo que trae a la superficie nueva información sobre el turbulento pasado de la tropa parlamentaria del presidente Jair Bolsonaro.

Bancada de la bala, empresas privadas y Policía Federal

21 diputados trabajaron o fueron parte de órganos públicos de seguridad. La tropa está formada por seis policías militares, seis militares del Ejército, cinco policías federales y cuatro policías civiles.

Además, por lo menos tres diputados también poseen negocios de seguridad privada. El coronel Tadeu y el actor Alexandre Frota figuran como socios en empresas del ramo en el Ministerio de Finanzas. Ambos fueron electos para la Cámara de Diputados por el estado de San Pablo, donde una de cada cuatro empresas de seguridad está vinculada a policías. Julian Lemos, diputado electo y primer vicepresidente del PSL, fue mencionado en un reportaje de Buzzfeed en diciembre por la sospecha de que utilizó a sus parientes como testaferros en empresas del ramo.

El diputado electo Tadeu figura como el único socio de Express One, una empresa de seguridad empresarial creada en 2014 que posee un capital social de unos 30.000 dólares. Sin embargo, la firma no está autorizada por la Policía Federal a ejercer seguridad privada, y el día 25 de octubre de 2018, por medio de un oficio emitido por ese órgano, se le ordenó dejar de brindar ese tipo de servicios.

Así como el mayor Olímpio Gomes, el coronel Tadeu viene de las filas de la Policía Militar de San Pablo. Junto con el mayor y otros oficiales escribió, en 1997, un libro que causó polémica. Según informó el diario Folha de São Paulo, en la publicación defendían que la población se armara y argumentaban que un delincuente es una persona “menos humana”. Gomes no sufrió sanciones. En ese momento él escoltaba al ex gobernador Luiz Antônio Fleury Filho. En tanto, el capitán Tadeu fue transferido por la Policía Militar a otras funciones por “contrariar la visión de la institución”, de acuerdo con las declaraciones brindadas por el jefe del sector de relaciones públicas de la Policía Militar a ese mismo medio.

Alexandre Frota aparece como socio en siete firmas jurídicas, a pesar de no haber declarado ningún bien ante la Justicia electoral. La mayoría son empresas de producciones artísticas, pero figura también como socio administrador de Segurança Frota Comando III, dedicada a la vigilancia y la seguridad privada. La dirección registrada es la de un inmueble en el centro de Río de Janeiro, localizado en un predio de uso mixto, comercial y residencial. Agência Pública fue al lugar y no encontró a nadie, pero se le informó en portería que el espacio tiene un uso residencial.

Nombres destacados en el rubro de la seguridad privada y la vigilancia patrimonial también ayudaron a que Marcelo Freitas, ex jefe de la Policía Federal en Montes Claros (Minas Gerais), fuera electo diputado, que declaró tener más de 300.000 dólares en bienes y consta como el mayor donante de su propia campaña, con casi 40.000 dólares aportados. También lo apoyaron Ivaldo Naves, del Grupo Rodoban, empresa de transporte de valores, y Gustavo Lellis, del Grupo Magnus, que actúa en el ramo de la seguridad privada. Ellos aportaron algo más de 5.000 y 6.500 dólares respectivamente.

Masones y representantes de la vieja política

Pese al discurso de renovación de la política y de una cantidad notoria de primerizos, el hecho es que la mayoría de la bancada de diputados del PSL está conformada por políticos de carrera. Según un relevamiento de la edición brasileña del diario español El País, 28 de los 52 diputados ya habían disputado el puesto al menos una vez antes de las elecciones de 2018.

Algunos tienen casi dos décadas de trayectoria política, como el presidente del partido, Luciano Bivar, y la diputada Aline Sleutjes, ex edila de la ciudad de Castro (Paraná), que ya pasó por tres partidos y, más recientemente, trabajó como jefa de gabinete del diputado estadual y misionero Ricardo Arruda (PSL) en Paraná. Felipe Francischini y Filipe Barros, los otros dos diputados electos en ese estado por el PSL, tampoco son debutantes.

Filipe Barros es parte del Movimento Brasil Livre e hizo carrera en su ciudad natal, Londrina, dedicando buena parte de su actuación política al conservadurismo y la lucha por el fin de la enseñanza de temas relacionados con la sexualidad y el género en las escuelas. Antes de llegar al partido de Bolsonaro pasó por el Partido de la Social Democracia Brasileña, el Partido Republicano Brasileño y Solidaridad, y en 2016 disputó su primera elección. Ese mismo año fue denunciado por racismo por el Ministerio Público por comentarios prejuiciosos posteados en su página de Facebook contra una pieza relacionada con religiones africanas que había sido expuesta como parte de la programación oficial del gobierno local de Londrina. La denuncia fue recibida por la Justicia en abril de 2017 y el caso está siendo tramitado en los juzgados penales de Londrina.

Felipe Francischini llegó a la política por medio de su familia, ligada a los sectores evangélicos. Su padre, el delegado y ex diputado federal Fernando Francischini (PSL), fue uno de los principales responsables de la articulación que llevó a Jair Bolsonaro a su actual partido, el noveno de la carrera política del presidente. En octubre de 2018, el Ministerio Público Federal (MPF) pidió el cese de Fernando Francischini por una transmisión en vivo en Facebook en la que divulgó información falsa relacionada con supuestos fraudes en las urnas el día de las elecciones. Antes de eso, el delegado ya había destinado algo más de 6.000 dólares de su cuenta de recursos como diputado para una empresa ligada a la red RFA, que apoya a Jair Bolsonaro y es criticada por transmitir noticias falsas.

En 2018, Fernando Francischini abandonó su segundo mandato en la Cámara de Diputados, en Brasilia, para convertirse en diputado estadual en Paraná, pero no sin antes colaborar con la elección de su hijo, Felipe Francischini. Su esposa, Flávia Francischini, fue elegida secretaria general del PSL por el presidente del partido, Luciano Bivar.

Otro caso semejante es el de Carlos Manato, candidato del PSL al gobierno de Espíritu Santo, que fue derrotado. Él dejó la Cámara de Diputados después de cuatro mandatos consecutivos, pero logró la elección de su esposa, Soraya Manato, para una de las bancadas del Parlamento. Partidario de Bolsonaro, fue señalado como uno de los incentivadores del motín que paró a la Policía Militar del estado en 2017. En su primera elección, Soraya Manato (PSL) fue elegida diputada federal con 57.741 votos.

Manato llegó a afirmar en una entrevista que la candidatura de su esposa nació de una “necesidad partidaria, debido a la cuestión de llenar las vacantes para mujeres”. Soraya se afilió al PSL dos días después del plazo legal establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero su candidatura fue aceptada.

A fin de cuentas, el PSL cumplió por poco con la cuota mínima de 30% de candidaturas femeninas, con lo que se convirtió en una de las agrupaciones políticas con menor representatividad de mujeres entre sus candidatos a cargos públicos en 2018. De las 1.543 candidaturas del PSL, apenas 466 eran de mujeres, o sea 30,2%, con predominancia en las regiones sureste y noreste del país. En la bancada electa del PSL hay 11 mujeres y 45 hombres.

Representante de la vieja política, a pesar de concurrir por primera vez a las urnas, el diputado electo monarquista Luiz Philippe de Orleans e Bragança es sobrino de Luís Gastão de Orleans e Bragança, que a su vez es descendiente de don Pedro II y jefe de la Casa Imperial do Brasil, una asociación que busca restaurar la monarquía.

Luiz Philippe también fue uno de los tres candidatos masones del núcleo paulista del PSL. El diputado Guiga Peixoto y el senador Olímpio Gomes lo acompañan. En las elecciones pasadas, los tres fueron apoyados por el Grupo Estadual Ação Política, de la masonería de San Pablo.

Por otro lado, el PSL acogió a líderes de los nuevos movimientos de derecha que surgieron en medio del proceso de impeachment de la ex presidenta Dilma Rousseff, como la abogada Caroline de Toni (Santa Catarina), del Movimento Brasil Livre, y las diputadas Carla Zambelli (San Pablo) e Alê Silva (Minas Gerais), del movimiento Nas Ruas.

También hubo espacio para miembros de organizaciones conservadores católicas, como el Centro Dom Bosco, en el cual actúa la abogada Christine Tonietto (Río de Janeiro), electa este año por el PSL. Otra de las bancas de Río de Janeiro conquistadas por el partido es ocupada por el diputado Lourival Gomes, ex suplente de Luiz Carlos Ramos, político carioca y ex secretario del obispo Marcelo Crivella, alcalde de la capital fluminense.

El presidente del PSL: acusaciones de daño ambiental y de soborno

Es innegable que el PSL fue impulsado por la performance electoral de Jair Bolsonaro, pero el partido está lejos de reducirse al actual presidente de la República, que es un recién llegado a la fuerza política, después de estar en otras ocho.

El gran mandamás es Luciano Bivar, diputado federal por Pernambuco desde 1999, considerado el “dueño” del PSL. Bivar es un empresario tradicional de la élite pernambucana. Su padre fue presidente del equipo de fútbol Sport en los años 50, y durante su juventud Luciano jugaba al tenis en el club y era protagonista frecuente de las columnas sociales y deportivas de la prensa local. Como empresario, entró en el rubro de los seguros en los años 70, y trabajó en Delphos, la aseguradora responsable por los inmuebles comprados a través del Banco Nacional de Habitação en la región.

De acuerdo con el relevamiento hecho por Agência Pública en los datos del Tribunal Supremo Electoral, Bivar es el parlamentario en el cual más invirtió recursos de campaña el PSL en 2018: más de medio millón de dólares. No fue al azar; su vínculo con el partido que hoy aloja a Bolsonaro es umbilical.

Después de un breve pasaje por el Partido Liberal, Bivar se afilió al PSL en 1998, en los primeros años de la agrupación política, y asumió la presidencia del Directorio Nacional, consiguiendo el registro definitivo de la sigla. Desde entonces, no salió más. En 2006, fue candidato a la presidencia de Brasil con la bandera del impuesto único, pero quedó en el último lugar.

Su actuación en el Congreso quedó marcada por su alineamiento con la bancada de la bola, el grupo de parlamentarios que representa principalmente los intereses de los clubes de fútbol. Tiene sentido, ya que él siguió los pasos de su padre y fue presidente del Sport cuatro veces entre los años 1989 y 2013. En ese año, Bivar expuso las entrañas de las negociaciones futbolísticas al afirmar al canal SportTV que había pagado “una comisión” para que uno de sus jugadores, Leomar Leiria, fuera convocado a la selección que disputó la Copa de las Confederaciones en 2001. El ex jugador fue uno de los volantes titulares en la selección de Emerson Leão.

Como consecuencia de eso, Bivar está procesado en una acción de indemnización por daños morales en el Tribunal de Justicia de Pernambuco. El ex jugador consideró que su carrera fue perjudicada y abrió un proceso contra el empresario. En actas, Bivar negó haber dicho que pagó una comisión. De acuerdo con la plataforma del organismo judicial, el caso todavía no fue archivado, pero su último movimiento fue en noviembre de 2015.

Otras acusaciones

Desde 1993, Bivar fue procesado en otras 14 acciones en el Tribunal de Justicia de Pernambuco. Algunos casos prescribieron, y en otros fue declarado inocente.

Un ejemplo es el caso en el que Bivar fue acusado de formación de cuadrilla y escucha ilegal por el MPF. La acusación corresponde a su involucramiento en la Operação Vassourinha, desplegada por el MPF de Pernambuco en 2002. El MPF señaló a 16 personas involucradas con una organización criminal que funcionaba como una empresa que ofrecía servicios como información sobre las operaciones policiales que serían llevadas a cabo contra los contratantes. Según la denuncia, los integrantes de la organización criminal utilizaban la estructura de la Policía Federal para levantar información de otros órganos públicos y utilizarla en provecho de los contratantes. También eran realizadas investigaciones policiales paralelas para favorecer a los interesados, además de otras conductas delictivas, como interceptaciones telefónicas clandestinas.

El MPF imputó a Bivar, en principio, por crímenes de formación de cuadrilla e interceptación de comunicación telefónica sin autorización judicial. Sin embargo, los delitos prescribieron antes de que terminara el proceso y no llegó a ser juzgado.

Actualmente, el presidente del PSL está acusado en un proceso que está en la segunda instancia, en la Justicia Federal de Pernambuco y el Tribunal Regional Federal de la Quinta Región (TRF5), por daño al medioambiente.

El caso de daño ambiental ocurrió en la ciudad de Ipojuca, en Puerto de Gallinas, Pernambuco. Entre 1990 y 2000, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama) actuó y embargó la obra Loteamiento de Marinas do Aquirá diez veces porque el emprendimiento invadía los manglares de la playa Toquinho para construir un puente artificial. Una casa en el condominio de Marinas do Aquirá puede llegar a costar más de medio millón de dólares.

Además de Luciano Bivar, respondían por el emprendimiento Pedro de Petribu Filho y la empresa Conicil Construção Industrial e Civil. El MPF y el Ibama presentaron una acción civil pública contar ellos por los perjuicios causados a los manglares, además de por haber construido en un área de preservación permanente. En 2005 fueron condenados por la Justicia Federal de Pernambuco a pagar más de dos millones y medio de dólares por daños ambientales. Sin embargo, 14 años después, la deuda todavía no fue pagada, porque todavía están tramitando recursos en el TRF5 y en la Justicia Federal de Pernambuco.

Según las actas del proceso que se tramita en la justicia pernambucana, Bivar y los demás responsables han intentado disminuir la condena impuesta en la sentencia, pero el pedido fue rechazado por el Supremo Tribunal de Justicia y el TRF5. De acuerdo con la decisión de la justicia federal, “los testimonios, las verificaciones en el lugar y los autos de infracción labrados dan cuenta de conductas lesivas practicadas por los tres demandados”.

Uno de los recursos interpuestos por Bivar pedía la reducción del valor de la multa porque, como no había un estudio para definir el grado de responsabilidad de cada uno de los condenados, no era justo que todos pagaran el mismo valor. Entonces, la Justicia federal sentenció que, después de que se concluyera el estudio de impacto, el costo debía ser dividido entre los condenados de acuerdo con la responsabilidad de cada uno.

“En lo que se refiere al cumplimiento del dispositivo de la sentencia, destaco que, sin la realización del estudio determinado en anticipación de tutela y ratificado en la sentencia, se muestra imposible la delimitación exacta de la responsabilidad. Mientras tanto, una vez concluido el estudio y constatados los límites de la responsabilización, el costeo deberá ser repartido en la forma establecida por el estudio y aquel que arribó con gastos la mayor será rápidamente resarcido por la otra parte”.

El MPF denunciaba a Bivar por la práctica de varias acciones predatorias en el área estuarina del río Aquirá, así como en la playa Toquinho, en el municipio de Ipojuca, sin autorización de la Agencia Estadual de Medio Ambiente ni de el Ibama.

En ese entonces, el actual presidente del PSL alegó que “las obras efectuadas en el local tuvieron como objetivo evitar la erosión y el avance del mar en una etapa de omisión del poder público, de forma que cada propietario adoptó medidas para contener los avances del agua”.

El último movimiento de la causa fue en setiembre de 2018. Además de la multa, los acusados también fueron impedidos de realizar o continuar con cualquier obra en la playa Toquinho.

El año pasado, el MPF pidió explicaciones a la alcaldía de Ipojuca, ya que la Associação de Moradores de Marinas no Aquirá estaba impidiendo el acceso público a un río y a playas locales.

Agência Pública intentó entrar en contacto con Bivar directamente a través de sus asesores, pero no recibió ninguna respuesta.

En la actual Dirección Ejecutiva del PSL, Bivar escaló sobre antiguos aliados para asumir posiciones cada vez más importantes. El tesorero es José Tpinambá, que se afilió en 1999, y el vicepresidente es Antônio de Rueda, afiliado desde 2003. Ambos están ligados también a empresas de Bivar, Excelsior Seguros y Porto Novo Recife.

Por el ala bolsonarista, en la dirección nacional el PSL los hijos del presidente, Flávio y Eduardo Bolsonaro, asumieron respectivamente las secretarías de Formación Política y Asuntos Parlamentarios. En las vicepresidencias de esas entidades están respectivamente acomodados el diputado federal Julian Lemos y Gustavo Bebianno, brazo derecho de Bolsonaro.

Jueza electa senadora está procesada en caso de contabilidad paralela

En el Senado, Bolsonaro contará con cuatro bancas de su partido: Flávio Bolsonaro (Río de Janeiro) y el mayor Olímpio Gomes (San Pablo) dieron seguimiento a sus carreras en el Parlamento, mientras que dos mujeres del ámbito jurídico debutan en la política directamente como senadoras. Además de haber practicado en la región Centrooeste del país, la abogada Soraya Thronicke (Mato Grosso del Sur) y la jueza jubilada Selma Arruda (Mato Grosso) tienen otra cosa en común: su discurso anticorrupción.

Selma Rosane Santos Arruda ganó notoriedad por mandar a apresar políticos de Mato Grosso, como el ex gobernador Silval Barbosa (Movimiento Democrático Brasileño), acusado de liderar un esquema de desvío de dinero público en el gobierno, y el ex presidente de la Asamblea Legislativa de Mato Grosso José Geraldo Riva (Partido Social Democrático).

Pero Santos Arruda también está procesada en la Justicia de Mato Grosso.

En uno de los procesos, la empresa Genius Produções Cinematográficas asegura que tiene que recibir más de 140.000 dólares, además de una multa de casi 170.000 dólares, por los servicios prestados a su campaña. Pero de acuerdo a la declaración de gastos divulgada por el Tribunal Supremo Electoral, la jueza recibió casi medio millón de dólares en donaciones, de los cuales destinó algo menos de 90.000 dólares para pagarle a Genius.

A causa de esta acción de Genius otra denuncia fue presentada ante la Justicia electoral, en este caso por el candidato al Senado que fue derrotado, Sebastião Carlos (Rede-Mato Grosso), que acusa a la senadora electa de abuso de poder económico y gastos fuera del período electoral por la contratación de la empresa.

“Si estamos intentando limpiar a este país no podemos crear una situación de desigualdad como la que ella creó en este proceso electoral, haciendo gastos fuera del período electoral y, encima de eso, superando el techo permitido para cada candidatura”, explicó a Agência Pública el ex candidato al Senado. El político considera que puede haber habido una caja paralela en la campaña de Santos Arruda: “Existen gastos que no fueron declarados por la senadora, entonces creemos que ella superó el límite permitido”. El techo para financiar las campañas al Senado en Mato Grosso es de tres millones de reales, aproximadamente 800.000 dólares.

A pedido de la Justicia electoral, se solicitó el fin del secreto bancario de Santos Arruda y de Beto Possamai. El 17 de enero, por medio de un documento, el juez Pedro Sakamoto dio un plazo de cinco días a los bancos para que enviaran los registros financieros de ambos.

El Ministerio Público Electoral (MPE) de Mato Grosso analizó las cuentas de la campaña y afirmó que hay indicios de gastos de naturaleza política-electoral efectuados fuera del plazo legal, así como de pagos con dinero no declarado o procedente de préstamos personales. Hoy, el MPE es coautor en la acción presentada por el ex candidato al Senado Sebastião Carlos.

Uno de los gastos identificados por el MPE refiere al abastecimiento de una aeronave. “No se encontraron los gastos electorales relacionados con el abastecimiento y piloteo de la aeronave cedida, lo que caracteriza la omisión de los gastos de campaña, los cuales deberían ser registrados en el momento de su contratación”, indica el órgano.

Sobre los procesos mencionados, la senadora electa afirmó: “Por ahora, prefiero sólo afirmar que confío en la Justicia electoral y estoy tranquila al respecto. Con relación al origen del dinero, está también probado en los autos [ESTA PALABRITA AGAIN] que vino de mi primer suplente, que fue el financiador de mi campaña. Se trata de un autofinanciamiento, por lo tanto, no hay límite de donación ni ninguna ilegalidad”.

Autofinanciamiento de campaña

La jueza Selma Arruda eligió como primer suplente al agricultor Gilberto Possamai, ex edil electo en 2004 en la ciudad de Sorriso (Mato Grosso) por el Partido de la Social Democracia Brasileña. Su esposa, Adriana Possamai, fue la segunda donadora individual más grande de las campañas del PSL, con una transferencia de más de 265.000 dólares para la lista de su marido, que a su vez declaró un autofinanciamiento de aproximadamente 80.000 dólares.

Estas cifras surgen de un relevamiento hecho por Agência Pública sobre las personas físicas que más invirtieron en los candidatos del partido, a partir de las declaraciones presentadas ante el Tribunal Supremo Electoral. Los cinco mayores donadores participaron directamente como candidatos en las elecciones de 2018.

Empresario del agronegocio y candidato derrotado al Senado en Rondônia, Jaime Bagattoli lidera el ranking de donadores individuales, con casi 600.000 dólares entregados a diversas candidaturas en su estado. Entre ellas, la suya y la del diputado electo coronel Chrisóstomo de Moura, que recibió 12.000 dólares.

El tercer mayor donador individual para las candidaturas del partido de Bolsonaro fue el abogado Luiz Fernando Guerra Filho, electo diputado estadual del PSL en Paraná, que aportó más de 240.000 dólares para su candidatura y 11.000 para la de Felipe Francischini. En cuarto lugar está Lisiane Gurgel Rocha, de la familia dueña de Lojas Riachuelo, que transfirió casi 165.000 dólares a tres candidatos del PSL a diputados estaduales por San Pablo.

En quinto lugar está Clébio Lopes Pereira, empresario de Nova Iguaçu (Río de Janeiro) y ex candidato a diputado federal por el partido de Bolsonaro. Incluso habiendo financiado su propia campaña con poco más de 135.00 dólares según los datos del Tribunal Supremo Electoral, no logró ser electo.

Este artículo fue publicado en portugués por Agência Pública. Traducción al español: Andrea Martínez.