Un juzgado de Valencia admitió a trámite una denuncia contra varios integrantes de la Brigada Político-Social –la Policía política que funcionó durante la dictadura de Francisco Franco en España– por torturas cometidas durante la detención de 12 militantes del Partido Comunista en 1971. La abogada que presentó la querella, Aradia Ruiz, explicó al diario español Público que los acusados llevaron a los jóvenes a la Jefatura Superior de Policía de Valencia, donde permanecieron 19 días “detenidos, incomunicados, y sufriendo torturas como ‘el pato’, que consistía en atar las manos a los pies a prisioneros y hacerlos andar, o ahogarlos en la bañera hasta cerca de perder el conocimiento”.
Cuando fueron liberados, los 12 militantes se presentaron en grupo a la comisaría para denunciar las torturas que habían sufrido durante su detención. Pero la denuncia no avanzó, y ahora seis de ellos volvieron a presentarla. Por el momento, la Justicia admitió a trámite una de estas querellas y tiene que pronunciarse sobre las otras cinco.
La acción judicial que fue aceptada denuncia torturas “en un contexto de crímenes de lesa humanidad”, un elemento crucial para que los delitos sean considerados imprescriptibles. La resolución del juzgado, a la que tuvo acceso el periódico digital eldiario.es, solicita al Archivo Histórico Nacional que envíe todos los documentos que tengan relación con el querellante y, en concreto, con su detención como miembro del Partido Comunista.
En los últimos meses, víctimas de la dictadura han presentado 18 querellas en Madrid, Oviedo y Valencia contra miembros de la Policía franquista por torturas. Esta es la única que, por el momento, ha sido admitida por un juzgado español. Para Ruiz, se trata de “un precedente jurídico muy importante en todo el Estado”. La abogada afirmó: “Es un paso adelante muy positivo, ya que es la primera vez que sucede, y esperamos que anime a otras víctimas a acudir ante los tribunales para reclamar justicia”.
En Valencia, las seis demandas presentadas fueron impulsadas por la Asociación Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano. Después de conocer la noticia, la agrupación valenciana dijo que la resolución judicial “representa un hito importante para revertir la situación de impunidad que, hasta la fecha, mantiene el Estado español en relación con la falta de investigación de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista”. Agregó: “Aunque tarde, es el momento de que por fin el Estado español reconozca a las víctimas de la dictadura franquista los derechos que los asisten: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.