El gobierno de Guatemala decidió adelantar el fin del acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y les dio a sus funcionarios un plazo de 24 horas para abandonar el país. La decisión fue comunicada el lunes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. La funcionaria viajó a la sede de la organización en Nueva York de manera imprevista debido a esta crisis.
En un comunicado público, Guterres rechazó “enérgicamente” la decisión de las autoridades guatemaltecas e invocó el artículo 12 del acuerdo de creación de la CICIG, que establece que “toda controversia entre las partes [...] se resolverá por negociación” entre ellas “o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido”.
Para fundamentar su decisión, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, argumentó que el organismo violó leyes internas y convenios internacionales, especialmente en el período del último comisionado, el colombiano Iván Velásquez Gómez, que fue declarado persona non grata por su gobierno. Según dijo Morales durante una conferencia de prensa, la actuación de la CICIG “puso en riesgo el orden público, la gobernabilidad y la soberanía del Estado de Guatemala”. Acusó directamente a Velázquez Gómez de “seguir contribuyendo a una cultura de polarización”, mediante “medios de comunicación nacionales e internacionales”, y de haber puesto “en riesgo” bienes “internacionales de Guatemala”. Agregó que las investigaciones que inició la CICIG “deberán seguir su curso a instancias de la autoridad competente en Guatemala”.
En el acto en el que Morales anunció la cancelación del convenio participaron familiares de personas encarceladas por investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público. Entre otros, estuvieron junto con el presidente dos hijos del ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, detenido en octubre y luego procesado bajo la imputación de tortura y ejecución extrajudicial. Los familiares dijeron que el proceso es irregular y acusaron a los investigadores de la comisión de haber pactado con delincuentes para que testificaran contra el ex funcionario.
Esta crisis ha generado una fuerte polémica en Guatemala porque la continuidad de la comisión en el país ha sido respaldada por la Corte de Constitucionalidad, por lo que varios analistas advirtieron que ese tribunal podría actuar en contra de Morales.
La CICIG es un organismo internacional independiente establecido por un acuerdo entre la ONU y el Estado de Guatemala en 2007, en respuesta a la solicitud de asistencia que hizo el gobierno de ese país. Según se establece en el sitio web de la CICIG, el objetivo del organismo “es apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad: grupos criminales que han infiltrado las instituciones estatales fomentando la impunidad y socavando los logros democráticos alcanzados en Guatemala desde el final del conflicto armado interno, en la década de 1990”.
Anoche la CICIG le pidió a su personal que abandonara Guatemala hasta nuevo aviso.