El domingo se cumplirán dos años del día en el que Donald Trump se convirtió en el presidente de Estados Unidos con la promesa de hacerlo “más grande”. Fueron dos años marcados por cambios significativos, tanto dentro de la administración como en la posición que adoptó el gobernante en relación con el resto del mundo. Si el primer año de mandato de Trump implicó la bajada a tierra de sus principales promesas de campaña, especialmente en materia de inmigración, el segundo se caracterizó por su intento de llevarlas más lejos y no ceder en la lucha para construir el muro en la frontera con México.
Todavía no lo consiguió. De hecho, Trump comenzará su tercer año de gestión con 25% de la administración paralizada precisamente por no haber podido negociar con la oposición demócrata la inclusión de los fondos para el muro en el presupuesto de 2019. La parálisis administrativa, que comenzó hace 28 días y no tiene perspectivas de solucionarse en el corto plazo, afecta a unos 800.000 funcionarios públicos que han dejado de recibir sus salarios. También trastocó el funcionamiento de distintos espacios turísticos y las actividades de agencias del gobierno a las que no se les han asignado nuevos recursos.
Pero podría tener consecuencias más graves. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, advirtió ayer que el cierre parcial de la administración atenta contra la seguridad del país. “El cierre de Trump socava nuestra seguridad. No les estamos pagando a las personas que nos mantienen seguros, incluyendo agentes de la Administración de Seguridad del Transporte, agentes del FBI y funcionarios de inmigración que patrullan la frontera”, dijo Pelosi en una conferencia de prensa en el Congreso. “Quizá [Trump] piensa que está bien no pagarle a la gente para que haga su trabajo, pero yo no lo creo”, agregó.
El día anterior Pelosi también hizo referencia a motivos de seguridad en su solicitud a Trump de que se postergue el tradicional discurso sobre el estado de la Unión, previsto para el martes 29, hasta que finalice la parálisis parcial de la administración. La presidenta de la cámara baja señaló que, como consecuencia del cierre, el Servicio Secreto, que es el encargado de coordinar, planear e implementar las medidas de seguridad en estos actos, lleva casi un mes sin recibir financiación. Pelosi aclaró ayer que no pone en duda la “profesionalidad” de los funcionarios, pero insistió en que deberían recibir sus retribuciones por proteger a los dirigentes “más poderosos” del país durante ese discurso, en el que están presentes el presidente, el vicepresidente, los miembros del gabinete, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y todo el Congreso.
En el mencionado discurso, el presidente estadounidense suele informar al Congreso sobre la situación que atraviesa el país y presenta, a grandes rasgos, sus propuestas legislativas para el año que comienza. Es muy probable que varias de las iniciativas que tiene en mente Trump para este año choquen con la oposición de los congresistas demócratas, que desde las elecciones legislativas de noviembre controlan la Cámara de Representantes.
Las legislativas fueron otro de los factores que marcaron el segundo año de Trump. Las midterm elections suelen servir para evaluar al presidente en la mitad de su mandato y, en el caso del multimillonario, no pasó la prueba con una nota muy buena. El Partido Republicano perdió la mayoría parlamentaria en una de las dos cámaras y cayó en la cuenta de que la situación iría cuesta arriba si el presidente no sacaba a relucir la capacidad que dice tener para negociar. Por lo pronto, la primera gran pulseada, que fue la votación en torno al presupuesto de 2019, no la ganó.
Donald Trump, habla durante el anuncio de la Revisión de la Defensa de Misiles, ayer, en el Pentágono.
Foto: Mandel Ngan
La frontera como cerco
La construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos no fue sólo una de las promesas más polémicas de su campaña: también fue una de las primeras que anunció. Lo hizo en el mismo discurso en el que lanzó su candidatura a la presidencia, a mediados de 2015. La propuesta original fue variando desde ese entonces: logró aceptar que México no lo pagaría y hace poco dijo que el muro sería de acero y no de cemento. La esencia, sin embargo, es la misma de siempre. Es decir, crear una barrera para frenar la entrada de drogas y de inmigrantes indocumentados provenientes de México.
Trump avisó desde el principio que la batalla contra la inmigración ilegal sería uno de los pilares de su gobierno y, pese a todos los decretos que firmó en ese sentido cuando recién desembarcó en la Casa Blanca, durante su segundo año de gestión insistió en endurecer la política migratoria.
Su política de “tolerancia cero” contra la inmigración irregular, impulsada en abril, llevó a que más de 2.000 familias fueran separadas en la frontera con México. Mientras las autoridades resolvían el retorno de los adultos a sus países de origen, miles de niños y adolescentes quedaron en centros de detención administrados por el Estado. Las imágenes de ellos encerrados en jaulas, entre lágrimas, y pidiendo por sus padres, recorrieron el mundo y provocaron una indignación masiva que obligó al presidente a dar marcha atrás en junio.
Pero no fue sencillo: para cuando el gobierno decidió anular la medida, el Departamento de Seguridad Nacional se encontró con que muchos adultos ya habían sido deportados sin sus hijos. Además, varios niños no habían podido identificar a sus padres porque eran muy pequeños para brindar algún dato.
La frontera entre México y Estados Unidos volvió a estar en el centro de atención cuando, en octubre, una caravana de inmigrantes centroamericanos partió desde Honduras hacia México con el objetivo de ingresar finalmente a Estados Unidos. Trump reaccionó con amenazas. Primero, dijo que cortaría la ayuda económica a Honduras, El Salvador y Guatemala si los gobiernos no impedían que sus ciudadanos entraran a Estados Unidos de forma ilegal. Después, advirtió que militarizaría la frontera para impedir la entrada de la caravana. Llegó a decir, incluso, que si los inmigrantes tiraban piedras sus fuerzas podían responder con balas.
Un mes después, cuando miles de centroamericanos esperaban en la frontera la solicitud de asilo para entrar a Estados Unidos, Trump emitió una orden que prohibía por 90 días que los extranjeros que ingresaran al país solicitaran asilo. Argumentó que había razones de “seguridad nacional” para imponer esa prohibición. Organizaciones sociales rechazaron un veto que, según argumentaron, vulneraba la ley migratoria estadounidense, además de ser profundamente xenófobo.
La guerra comercial con China fue otro problema al que se enfrentó Trump en este segundo período y el que prácticamente acaparó la agenda en materia de política exterior. A mediados de junio, Washington impuso aranceles de 25% a mercadería china por valor de 50.000 millones de dólares, y Pekín le respondió adoptando la misma medida. Esto desató un ping-pong de sanciones entre las dos potencias económicas que recién pudo resolverse, de manera temporal, cuando los dos países firmaron una “tregua” en la cumbre del G20 celebrada en diciembre.
Está previsto que a fines de enero el vice primer ministro chino y principal negociador comercial de su país con Estados Unidos, Liu He, viaje a Washington para reanudar las conversaciones bilaterales y convertir la tregua en el final de la guerra.