El día de ayer fue intenso en el paraninfo de la Universidad de la República (Udelar). Apenas tres horas después de terminada la ceremonia de despedida de los restos de Eduardo Bleier, en ese mismo lugar se dieron cita los integrantes del colectivo Memoria en Libertad, que reúne a hombres y mujeres que sufrieron en forma directa las acciones del terrorismo de Estado cuando eran niños, niñas o adolescentes. Acompañados por Mariana Mota en representación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Mariana González Guyer en su carácter de prorrectora de Extensión Universitaria, y Rodrigo Arim como rector de la Udelar, los integrantes del colectivo –representados en la mesa por Marisa Bursak– recordaron que el proceso de encontrarse y reconocerse como perjudicados directos por la acción del terrorismo de Estado fue un trabajo demorado, interrumpido en ocasiones, muchas veces doloroso pero también, y al mismo tiempo, con algo de sanador.
La ceremonia de ayer consistió en la presentación pública de la recomendación que la INDDHH cursó al Ejecutivo para reparar a estas personas que fueron afectadas en sus derechos por el propio Estado, precisamente en etapas de la vida en las que esas vulneraciones pudieron causar daños que afectan a la trayectoria posterior. Es el caso de los niños y niñas separados violentamente de sus padres, de los que atravesaron el ciclo educativo sin que su padre o su madre pudieran firmarles el carné de calificaciones o el permiso para un paseo, de los niños, niñas y adolescentes que soportaron la violencia durante las visitas a las cárceles, los que fueron discriminados, los que vivieron su propia historia como un secreto vergonzante durante muchos años.
Mota destacó que para el derecho internacional las víctimas no son únicamente los que padecieron en su propia persona la violencia del Estado, sino que también se reconoce a la segunda generación como afectada directamente, en sus propios cuerpos, en su psiquismo y en su vida cotidiana, por la violencia que alcanzó a sus padres o hermanos. Hubo, entonces, una injusticia del Estado cuando no se tomó en cuenta a esta población al momento de las reparaciones; hubo una invisibilización de su sufrimiento y una negación de las consecuencias, y es necesario reparar esa falla.
La INDDHH recomienda, entonces, entre otras cosas, la realización de un acto público de reconocimiento de la responsabilidad estatal, la inclusión en el relato histórico nacional de lo acontecido con esta población, la prestación de cobertura integral de salud y acompañamiento psicosocial, y la aprobación de la normativa necesaria para efectuar dicha reparación.