El gobierno de Chile, liderado por Sebastián Piñera, extendió este domingo el toque de queda que había instaurado el sábado, después de que el viernes decretara el estado de emergencia, dejando la seguridad en manos de los militares. El viernes fue el día en el que las protestas por el aumento del precio del boleto del metro, que en un comienzo fueron pacíficas, se desbordaron, con manifestaciones en las que se generaron destrozos, los carabineros aumentaron la represión –incluso lanzando gases lacrimógenos en estaciones de metro cerradas y subterráneas– y el gobierno asegurando que no revertiría la polémica medida.
El aumento había sido aprobado por el Ministerio de Transporte hace dos semanas, pero fue el lunes 14 cuando comenzaron las protestas. El alza fue de 800 a 830 pesos chilenos, o sea, menos de un dólar, en un país en el que el salario mínimo es de 424 dólares y se estima que al menos una décima parte se destina a pagar el transporte público para ir a trabajar. La principal medida de una protesta protagonizada por estudiantes de liceos y universidades consistía en ingresar en masa al metro para viajar sin pagar el boleto.
La situación en las estaciones de metro fue cada vez más tensa a lo largo de la semana pasada, en parte porque los manifestantes empezaron a causar destrozos en las estaciones del metro, pero también por las declaraciones que llegaban desde el gobierno. Varios ministros se dirigieron a los medios de comunicación con un mensaje coincidente: no se iban a escuchar los reclamos, quienes causan destrozos son delincuentes y el resto de la población debía adoptar medidas para evitar que la situación afectara, por ejemplo, sus horarios de trabajo. Finalmente, el viernes la empresa que gestiona el metro, que es semiestatal, anunció la suspensión del servicio en Santiago (que transporta a diario a casi tres millones de personas). La medida se extendió durante el fin de semana y este lunes opera sólo una de las seis líneas del metro en Santiago.
Esa decisión hizo colapsar el tránsito de vehículos y dejó a millones de personas sin su transporte habitual. Aumentó la presencia de carabineros en las estaciones de metro, hasta entonces epicentro de las protestas, y el nivel de la represión, que llegó a incluir gases lacrimógenos en espacios cerrados y subterráneos. Los disturbios se extendieron fuera de las estaciones y se recrudecieron durante la noche, cuando también circuló, en Twitter, una foto de Piñera cenando en una pizzería donde uno de sus nietos celebraba su cumpleaños.
Después de la visita a la pizzería, Piñera se reunió con su equipo de seguridad para decretar el estado de emergencia en varias zonas del país. La medida implica que la seguridad de esas zonas queda bajo el mando de un militar, en este caso el general de división Javier Iturriaga. Además, mientras esté en vigencia el estado de emergencia el Poder Ejecutivo puede restringir algunas libertades y ordenar el toque de queda. En la madrugada del sábado los militares se desplegaron para garantizar la seguridad en esas zonas, pero los enfrentamientos con los manifestantes, que ya se habían extendido a todo el país, se mantuvieron y para la noche siguiente las autoridades aprobaron el toque de queda para algunas localidades, que ayer fueron ampliadas.
Manifestantes se enfrentan con la policía antidisturbios, ayer, durante las protestas en Santiago.
Foto: Claudio Reyes, AFP
Miradas políticas
El sábado Piñera anunció que pretendía suspender el aumento del precio del boleto. “He escuchado con humildad la voz de mis compatriotas y no tendré miedo en seguir escuchando”, aseguró, después de estar durante dos semanas diciendo que no se iba a dejar llevar por quienes le pedían que se inclinara al “populismo”.
Para revertir el aumento es necesario que el Congreso apruebe una ley en ese sentido. Por eso ayer sesionó de urgencia la Cámara de Diputados, donde la iniciativa fue aprobada, y hoy será tratada en el Senado. Durante la sesión, el oficialismo respaldó totalmente las medidas adoptadas por el gobierno, pero la oposición lo acusó de haber cometido una serie de errores que derivaron en la situación actual. Tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista exigieron a Piñera que termine con el estado de excepción para poder comenzar un diálogo y responder a los demás reclamos de los manifestantes.
Anoche, ya comenzado el toque de queda, las manifestaciones continuaron en varios puntos del país, en su mayoría de forma pacífica, desafiando la medida del gobierno.
A última hora, desde La Moneda, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, comunicó en una conferencia de prensa la decisión de extender el estado de emergencia a nueve regiones del país y reconoció que este domingo hubo siete muertos como consecuencia de los hechos de violencia. El ministro dijo que se está “enfrentando una escalada que, sin duda, es organizada para causar grave daño a nuestro país y a la vida de cada uno de los ciudadanos. Una escalada de violencia y de vandalismo”. “Este gobierno va a ejercer toda la autoridad que la ley le confiere para combatir a los delincuentes, a los violentistas y a quienes desarrollan estos actos vandálicos”, sostuvo. Chadwick había informado más temprano la existencia de más de 700 detenidos.
Poco después, y tras una reunión con el general Javier Iturrriaga, a cargo del estado de emergencia, el presidente Sebastián Piñera dio una conferencia de prensa en la que aseguró: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada” y que “tiene por objetivo producir el mayor caos posible”. El presidente informó que se desplegarán hoy unos 9.500 efectivos para “resguardar la paz” y “los derechos”, llamó a tratar de “vivir un día con la mayor normalidad”, pero reconoció que “va a ser un día difícil”. También llamó “a todas las fuerzas políticas a condenar sin ninguna duda esta violencia y delincuencia”, porque “hay algunos que no lo han hecho” y otros, “cuando lo hacen, siempre dejan espacio a la ambigüedad”.