La crisis ecuatoriana tomó ayer una nueva dimensión a nivel nacional e internacional. Llegó a Quito la anunciada movilización indígena: unas 10.000 personas se manifestaron en un parque que era el lugar de concentración para protestar por las medidas económicas anunciadas la semana pasada por el presidente Lenín Moreno. Entre otras cosas, el mandatario anunció que pondrá en marcha varias reformas, incluida la laboral, y el fin del subsidio al combustible, lo que implicó un aumento de su precio y el de otros productos, como los alimentos.
En las calles de la capital se vieron escenas de violencia, y un grupo de unos 100 manifestantes logró ingresar, superando las vallas policiales, a la Asamblea Nacional. Una hora después, los manifestantes fueron desalojados por la Policía que, con el respaldo de los militares, recurrió a la fuerza y lanzó gases lacrimógenos. Poco después, se replicaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en los alrededores del Parlamento. Además, un grupo de personas causó destrozos en la sede de la Contraloría General del Estado. A raíz de esto, el gobierno decretó el toque de queda en los alrededores de los edificios gubernamentales a partir de las 20.00.
Antes de que la movilización llegara a Quito, el presidente ordenó el traslado provisorio de la sede de gobierno a Guayaquil. Desde allí emitió un mensaje televisado en el que aseguró que se está gestando en su contra un “intento de golpe de Estado”, detrás del cual está su antecesor, Rafael Correa, que cuenta con el respaldo de Venezuela, país que, dijo, visitó hace algunas semanas. Las autoridades venezolanas negaron ayer que esa visita haya existido.
Fuera de fronteras
La sola mención de Venezuela internacionalizó la situación de Ecuador. Siete países latinoamericanos que integran el Grupo de Lima –Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Paraguay– manifestaron que “rechazan toda acción encaminada a desestabilizar nuestras democracias por parte del régimen de Nicolás Maduro” que busquen “extender los lineamientos de su nefasta obra de gobierno”. Por su parte, Uruguay llamó al diálogo.
También desde el extranjero se pronunció Correa, quien reside en Bélgica junto a su familia desde que dejó el gobierno. El ex presidente rechazó la acusación de Moreno y señaló: “Nos llaman golpistas cuando llevamos dos años de la peor persecución política”, en referencia a las investigaciones judiciales en su contra que han llevado a que se emitiera una orden de prisión preventiva en Ecuador. Además, Correa pidió que se convoque a elecciones anticipadas: “Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas, y es precisamente lo que pedimos”, aseguró.