El estallido social que tiene lugar en Chile desde hace una semana sigue estando marcado por masivas movilizaciones populares callejeras en la mayor parte del país, que siguen siendo reprimidas con un alto nivel de violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, cuestión que ha llamado la atención a nivel internacional. Este viernes se llevó a cabo una histórica marcha de cerca de un millón de personas que tomó las calles de Santiago; por estas horas los manifestantes estaban rodeando la Casa de la Moneda y la policía había comenzado a reprimir.
En ese sentido, ayer la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, anunció el envío de una misión de verificación de expertos del organismo a su país para investigar las posibles violaciones a las libertades fundamentales durante las protestas. “Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Chile”, afirmó Bachelet en su cuenta oficial de Twitter. “Parlamentarios y el gobierno han expresado su interés en recibir una misión” de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, agregó la ex mandataria.
También ayer, un rato antes del anuncio de la ex presidenta, el canciller chileno, Teodoro Ribera, había confirmado que el gobierno solicitaría a la ONU el envío de observadores de derechos humanos al país.
De acuerdo con datos oficiales, desde que comenzaron las movilizaciones sociales hubo 18 muertos, cinco de ellos a manos de las fuerzas de seguridad. Sobre este punto se expresó el presidente del Senado chileno, Jaime Quintana, integrante del centroizquierdista Partido por la Democracia –uno de los sectores que conforma la opositora Convergencia Progresista–, quien lamentó “profundamente las muertes producto del accionar de agentes del Estado” y reclamó que “el gobierno debe transparentar a la brevedad las circunstancias de cómo ocurrieron las muertes y lesiones que se han producido durante las manifestaciones”.
Según consignó el diario El Mercurio, Quintana agregó: “La democracia debe imponerse al uso de la fuerza, y el Poder Ejecutivo debe asumir la responsabilidad política de lo que está ocurriendo, sin perjuicio de la autocrítica que todos debemos hacer por la vergonzosa inequidad que padece nuestro país”. Ante esta crisis, sostuvo, “es indispensable que se efectúe un cambio de interlocutores, toda vez que el propio mandatario ha rectificado sus prioridades y su agenda social”.
Paralelamente, Quintana expresó la necesidad de que algunas autoridades del Ejecutivo se pronuncien. “Aún no escuchamos a la Subsecretaría de Derechos Humanos y al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género mientras se acumulan las denuncias por tortura y delitos en contra de las mujeres”. “Es al presidente de la República a quien le corresponde gobernar. Es urgente que La Moneda garantice el derecho de las personas a manifestarse libremente y sin represión. También debe actuar eficazmente contra los actos de delincuencia y vandalismo, para resguardar el orden público”, agregó el líder del Senado.