No importa el signo político del gobierno de turno ni la ubicación geográfica del país. Los estallidos sociales se han extendido por diversos puntos de América Latina en las últimas semanas como no se veía desde la década de 1970. El reciente golpe de Estado en Bolivia es el caso más grave en la región, pero otros países como Chile, Ecuador, Panamá, Perú o Haití son también escenario de intensas protestas callejeras y crisis institucionales sin precedentes.
“En América Latina hay una crisis de desigualdad y de crecimiento. La democracia prometió garantías políticas y cívicas, como la libertad de expresión y/o las elecciones, que se recuperaron en todos los países al llegar la democracia, pero lo que no llegó fueron las garantías sociales”, dice a la diaria Marta Lagos, directora de la encuesta regional Latinobarómetro.
A partir de 2010, tras la crisis financiera global de 2008, se produjo un fuerte cambio en la demanda de las garantías sociales, continuó la analista política. “Vino también una nueva demanda que está relacionada con la imperfección de la democracia y que tiene que ver con una gran pregunta: ¿quién gobierna en realidad, la soberanía de la gente a través de las elecciones, o un pequeño grupo fáctico que domina el ámbito político-económico?”.
Lagos recuerda que según los datos de Latinobarómetro, 70% de la región cree que se gobierna para unos pocos y existe una demanda de que se gobierne para la mayoría. En Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá y Haití la población se manifestó de forma masiva en demanda de una mayor democracia y más garantías sociales. Pero vayamos caso por caso.
Bolivia
Las sospechas de fraude en las elecciones del 20 de octubre, que dieron como ganador en primera vuelta al presidente Evo Morales frente al candidato opositor Carlos Mesa, desataron en el país protestas y fuertes enfrentamientos entre manifestantes opositores y simpatizantes del líder indígena.
A medida que pasó el tiempo el conflicto recrudeció y se dieron hechos tan violentos como el que vivió la alcaldesa del poblado de Vinto, la oficialista Patricia Arce, que fue agredida por una turba de vecinos. La mujer fue golpeada, le arrojaron pintura roja, le cortaron el pelo y la obligaron a caminar descalza por la calle, hasta que finalmente fue rescatada por la Policía.
El 8 de noviembre se produjeron motines policiales en contra del gobierno de Morales en diferentes partes del país, lo que caldeó todavía más la situación. Pero no fue hasta el domingo 10 cuando todo cambió: la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó en un informe la repetición de los comicios porque detectó irregularidades “contundentes”, y Morales anunció que habría nuevas elecciones con un órgano electoral renovado.
La cúpula militar, sin embargo, prefirió “sugerir” al presidente que abandonara el gobierno, y Morales renunció a su cargo, denunciando un golpe de Estado. El líder del Movimiento Al Socialismo aceptó después el asilo político ofrecido por México, país en el que se encuentra por el momento, pese a que ya ha anunciado que está abierto al diálogo e incluso dispuesto a volver a Bolivia, sin ser candidato presidencial, para que la violencia termine en las calles.
El martes la vicepresidenta segunda del Senado boliviano, Jeanine Áñez, abogada ultracatólica y conservadora, se proclamó presidenta interina el país en un parlamento sin cuórum, lo que Morales consideró como “el golpe más artero y nefasto de la historia”.
El mismo jefe del Ejército, Williams Kaliman, que obligó a Morales a renunciar como presidente, puso a Áñez la banda presidencial.
La entrada de Añez al Palacio de Gobierno con una Biblia de grandes dimensiones no ha pasado desapercibida, y en estos últimos días fueron muchos los usuarios que en redes sociales recordaron los comentarios racistas que en varias ocasiones lanzó contra la población indígena, que conforma 60% del país. Bajo ese panorama, la tensión y la incertidumbre continúan en Bolivia.
Chile
Lo que comenzó como un acto de rebeldía estudiantil por el alza en los precios del metro de Santiago se transformó en la protesta más larga de la historia de Chile, a punto de cumplirse un mes de intensas movilizaciones. La ciudadanía, harta de la extrema desigualdad que existe en el país y de los abusos de la élite política y empresarial durante décadas, se ha manifestado en diferentes puntos del país en unas protestas que han dejado 22 muertos y miles de detenidos y heridos, afectados en muchos casos por graves lesiones oculares y ceguera que fueron provocadas por los balines de los carabineros.
“El poder político ha abdicado en esta crisis social. El poder político sigue estando en manos de las grandes empresas, de cinco grandes familias que dominan la economía del país y son quienes deciden cómo se hacen las cosas”, asegura Marta Lagos.
De nada sirvió que el presidente Sebastián Piñera anunciara días atrás un leve aumento de las jubilaciones y del salario mínimo o que reformulara su gabinete, porque continuó ignorando los cambios estructurales que reclama el pueblo.
El martes se vivió de nuevo una violenta jornada en las calles, que empujó a Piñera a buscar un acuerdo por la paz. Tras dos días de intensas negociaciones, el viernes la coalición derechista del gobierno y los principales partidos de oposición acordaron convocar un plebiscito para que los ciudadanos decidan si quieren cambiar la Constitución. La actual está vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, y cambiarla era uno de los principales reclamos de las protestas.
Desde que comenzó el estallido social, el 18 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) recibió en 20 días unas 2.300 denuncias de violaciones a los derechos humanos, que cuestionan el uso de la fuerza y el actuar tanto de los carabineros como de los militares desplegados en las calles durante los nueve días en que el gobierno estableció el estado de emergencia.
Además, según datos del INDH, se han presentado más de 200 acciones judiciales por torturas, tratos inhumanos y violencia sexual ocurridos en estas últimas semanas.
Ecuador
La crisis política y social en Ecuador se desató a principios de octubre, cuando el presidente, Lenín Moreno, anunció que iba a poner fin a un programa de subsidios a los combustibles y que impulsaría nuevas medidas de ajuste económico para reducir el déficit fiscal. A diferencia del caso chileno, en el que no hay un liderazgo identificable en las protestas, en Ecuador fue el movimiento indígena el que protagonizó las movilizaciones, si bien también se sumaron gremios como el de los transportistas, además de estudiantes.
Después de varios días de intensas manifestaciones, Moreno tuvo que dar marcha atrás, y el 14 de octubre derogó el decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles.
Desde entonces las calles han ido recuperando la calma, pero la tensión podría dispararse de nuevo en el país si el presidente no cumple con los compromisos adquiridos. Las mayores organizaciones indígenas de Ecuador, la Conaie y la Confeniae, ya han advertido que en caso de que el gobierno no lleve adelante su propuesta de alternativas al modelo económico, activarán las movilizaciones por todo el país.
Haití
Desde julio, se han producido en Haití numerosas protestas en las que miles de jóvenes han salido a las calles para pedir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. El mandatario está envuelto en un caso de corrupción por un presunto desvío de fondos del proyecto venezolano Petrocaribe, por medio del cual el país pudo comprar petróleo a precio más ventajoso durante casi una década.
Con una economía en picada, servicios públicos que apenas funcionan y escasez de combustible, desde mediados de setiembre el país es escenario de movilizaciones prácticamente diarias contra el presidente Moïse, en las que según datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 42 personas han muerto y otras 86 han resultado heridas. Por su parte, el presidente no se plantea la posibilidad de dejar el cargo.
Perú
El país andino también atraviesa una importante crisis política, pero esta es bien distinta: el presidente disolvió el Congreso, y a su vez el Congreso no reconoció al presidente. Ocurrió el 23 de setiembre, cuando Martín Vizcarra convocó elecciones legislativas para enero, después de que el Congreso le negara su apoyo para modificar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.
Después el propio Poder Legislativo, controlado por la oposición fujimorista, suspendió a Vizcarra de sus funciones por “incapacidad temporal” y nombró la vicepresidenta Mercedes Aráoz como presidenta interina. Pero luego Aráoz renunció al cargo porque consideró que el orden constitucional en Perú estaba roto.
Ese choque entre el gobierno y el Congreso abrió una crisis de Estado que no vivía el país desde que recuperó la democracia, con la caída de Alberto Fujimori.
Además de la disolución del Congreso, si hay algo que ha afectado especialmente a Perú en estos últimos años es la corrupción. Sus últimos presidentes –Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski– están en prisión o procesados por corrupción. Otro ex presidente, Alan García, se suicidó en abril cuando iba a ser detenido por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.
También la líder de la oposición Keiko Fujimori se encuentra en prisión por corrupción.
Crisis en Centroamérica
En los últimos días también hubo fuertes protestas en Panamá contra la reforma constitucional que impulsa el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y que pretende luchar contra la corrupción “fortaleciendo la institucionalidad y la transparencia”. Entre los cambios que propone el proyecto, que afectan a la educación pública y a la seguridad, hay un polémico artículo en el que sólo se reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer, que fue el origen de las movilizaciones.
Los manifestantes piden al Ejecutivo que retire el paquete de reformas al considerar que no mejora las condiciones de vida de la población y favorece la impunidad. En este caso, las protestas están lideradas por estudiantes universitarios, aunque han ido sumando a activistas y sectores opositores.
Este año también ha dejado otras protestas en Centroamérica y el Caribe. Ejemplo de ello es Honduras, donde se produjeron manifestaciones contra el presidente, Juan Orlando Hernández, señalado por Estados Unidos por estar implicado en el tráfico de drogas a gran escala. En octubre, la Fiscalía de Nueva York aseguró que el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán sobornó al hermano del presidente, Juan Antonio Tony Hernández, quien enfrenta un juicio acusado de traficar cocaína a Estados Unidos. El Chapo Guzmán habría entregado un millón de dólares a Tony para que este se los diera a Juan Orlando.
Meses atrás en Puerto Rico la presión ciudadana fue de tal magnitud que, tras varios días de intensas y multitudinarias protestas en las calles, Ricardo Roselló se vio obligado a dimitir como gobernador. Si bien el detonante de la crisis institucional fue la participación de Roselló en un chat sexista y homófobo junto a otros miembros de su gabinete, la indignación del pueblo puertorriqueño también se debió a la incapacidad del gobierno para enfrentar la grave crisis económica que sufre la isla, además de su mala gestión frente al embate del huracán María en 2017.