El Grupo de Puebla, que reúne a varios dirigentes de la izquierda de los países de América Latina y el Caribe, culminó ayer su segundo encuentro, en Buenos Aires, con un documentó final, en el que se refiere a la situación de la región. En el encuentro estuvieron presentes, entre otros, el argentino Alberto Fernández, electo presidente en su país, los brasileños Dilma Rousseff y Celso Amorim, el ecuatoriano Rafael Correa, los chilenos Marco Enríquez-Ominami y Karol Cariola, el paraguayo Fernando Lugo y la colombiana Clara López Obregón, así como la uruguaya Mónica Xavier.
Los referentes progresistas empezaron a llegar el viernes a la capital argentina, mientras las novedades se sucedían en la región: ese día fue liberado Luiz Inácio Lula da Silva, el sábado la situación en Bolivia se hizo aun más crítica y ayer su presidente, Evo Morales, renunció. Antes de eso, el grupo había manifestado en su documento final el respaldo al presidente boliviano.
El Grupo de Puebla se refirió a la situación de varios de los países de la región. Acerca de Chile, considera que se trata de un pueblo que “se levantó contra la desigualdad”, y sobre Bolivia, que “una clase dominante no resiste que el poder esté en manos de un presidente que se parece a los bolivianos”.
Pero los protagonistas del encuentro fueron el argentino Fernández y el liberado Lula, que participó en la cumbre por medio de un mensaje en video. “Tengo un objetivo en la idea de construir una integración latinoamericana muy fuerte”, aseguró, antes de prometer que va a “viajar” por América Latina. “Estoy libre, estoy con muchos deseos de luchar” y “de volver”, subrayó el ex presidente brasileño.
Tanto Lula como otros dirigentes presentes en Buenos Aires señalaron a Fernández como el primer representante de un giro progresista en la región. “Queremos estar a la altura a la que estuvo el peronismo”, dijo el chileno Enríquez-Ominami.
El primer punto del mensaje final del encuentro llama a promover “la integración latinoamericana y caribeña”, así como el rol de organismos regionales como el Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas. El siguiente punto llama a la comunidad internacional “a rechazar la articulación del poder judicial con los medios de comunicación”, que, consideran, están sirviendo en varios países para “perseguir arbitrariamente a líderes y lideresas progresistas para obstaculizar sus proyectos políticos”.