El presidente de Bolivia, Evo Morales, presentó este domingo su renuncia al cargo, al igual que su vicepresidente, Álvaro García Linera. Lo hizo después de perder el apoyo de la Central Obrera Boliviana y de que la Policía y las Fuerzas Armadas le pidieran que renunciara.
Después de dimitir y mientras permanecía en Bolivia, Morales denunció, mediante publicaciones en su cuenta de Twitter, que la Policía quería detenerlo y que grupos violentos asaltaron y vandalizaron su domicilio. “Los golpistas destruyen el Estado de derecho”, aseguró.
Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11 de noviembre de 2019
Horas antes, en un video en el que aparece respaldado por varios generales, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, leyó un comunicado en el que señala que después de “analizar la situación conflictiva interna” sugieren al mandatario “que renuncie [...] permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad” del país “ante la escalada de conflicto, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución”.
Por su parte, el comandante de la Policía, Yuri Calderón, utilizó el mismo medio para pedir la renuncia de Morales y reafirmar que la fuerza acompañará la investigación iniciada por la Fiscalía General boliviana tras la denuncia de irregularidades en las elecciones del 20 de octubre.
Además, en el transcurso del sábado y del domingo presentaron su renuncia varios integrantes del gobierno de Morales, así como representantes del Movimiento al Socialismo (MAS) que integraban la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. En la mayoría de los casos las renuncias no hacían referencia a un retiro de respaldo a Morales, sino que se mostraban como una consecuencia de los actos de violencia cometidos contra los dirigentes, sus familiares o sus casas, que en varios casos fueron incendiadas.
Uno de los renunciantes fue el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda: “Lamento mucho que mi hermano haya sido tomado como rehén. Por favor, basta de violencia”, pidió en redes sociales. Otro fue el ministro de Minería, César Navarro, quien contó que su sobrino fue tomado de rehén y que habían quemado la casa de su madre. Por su parte, el diputado de Potosí David Ramos también renunció luego de que su casa fue tomada por representantes de la oposición, y denunció que los diputados oficialistas estaban siendo víctimas de hostigamiento violento.
Morales, que horas antes había convocado a nuevas elecciones, compareció ante los medios de comunicación junto con García Linera para renunciar. Aseguró que se produjo en su contra un “golpe cívico, político y policial”, impulsado por “grupos oligárquicos que conspiran contra la democracia”. Lamentó la violencia desplegada en los últimos días y pidió a los opositores que la frenen para que no continúe el derramamiento de sangre. Mientras se escuchaban varios rumores sobre su paradero y su futuro, anoche Morales aseguraba que se encontraba en Cochabamba y que allí permanecería. “Vamos a continuar junto al pueblo boliviano como lo hicimos hasta ahora [...] Vamos a seguir desde las bases”, aseguró el mandatario.
Sin embargo, se multiplicaban las versiones que sostenían que las amenazas en contra de Morales y su familia, así como la posibilidad de ser arrestado, lo llevarían a irse del país, e incluso México le ofreció asilo. Justamente a la embajada de ese país se dirigieron anoche varios políticos del MAS en busca de refugio, después de ser objeto de persecución tanto ellos como sus familias. La cancillería mexicana informó que 20 políticos bolivianos recibieron asilo anoche en su embajada.
Los antecedentes de un domingo movido
Este giro final de la crisis boliviana parece haber comenzado en la mañana de este domingo con el informe emitido por la Organización de Estados Americanos (OEA) tras la realización de una auditoría sobre el conteo de votos en Bolivia, que estuvo en manos del Tribunal Supremo Electoral, que anunció que le daban la reelección a Morales en la primera vuelta.
En un informe lapidario, la misión repasa una serie de irregularidades cometidas durante el conteo de los votos en las elecciones del 20 de octubre, que hacen que el equipo no pueda “validar los resultados”. Su conclusión: debían anularse los comicios y repetirlos, “tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral”. Secundando este informe, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en la mañana de este domingo que eran necesarias las nuevas elecciones, pero que Morales debía terminar su mandato constitucional, lo que estaba previsto para el 22 de enero de 2020.
Poco después, el presidente hizo su primera comparecencia ante los medios en la jornada de este domingo. Sin mencionar a la OEA, dijo que anulaba las elecciones y convocaba otras, sin precisar la fecha, y anunció que serían supervisadas por un Tribunal Supremo Electoral de composición renovada. El mandatario dijo que había tomado esta decisión para “bajar toda la tensión” y “pacificar Bolivia”.
Enseguida, la Fiscalía General emitió un comunicado en el que anunció la apertura de una investigación a los miembros del Tribunal Supremo Electoral por estos “presuntos hechos irregulares”. La investigación avanzó después de la renuncia de Morales y en la noche de este domingo fueron detenidos 36 integrantes de ese organismo, entre ellos su presidenta, María Eugenia Choque, y su ex vicepresidente Antonio Costas. Fueron detenidos en sus respectivas casas, pero, según la Policía, estaban planificando dejar el país. Si bien la actuación policial decía obedecer una orden judicial, esta no fue presentada ni hubo juez que se hiciera cargo de haberla emitido.
La incertidumbre por delante
En las últimas horas de este domingo Morales denunciaba que la Policía buscaba detenerlo y que su casa había sido asaltada. El ex candidato de la oposición Carlos Mesa y el líder opositor de Santa Cruz, Luis Camacho, celebraban la renuncia del presidente y aseguraban que no fue fruto de un golpe de Estado, sino de la “presión popular” y de la comunidad internacional.
La duda recaía en quién gobernaba Bolivia. Con Morales acuartelado en Cochabamba y los rumores de que saldría del país y sin claridad en la línea de sucesión, la única institución que parecía estar en funcionamiento era la Policía.
En cuanto a los próximos días, la Constitución establece que la línea de sucesión para la presidencia se inicia en el vicepresidente, sigue en el presidente del Senado y termina en el de Diputados, sin prever cómo continúa. El vicepresidente García Linera renunció junto a Morales, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, lo hizo poco después que él, y horas antes había seguido los mismos pasos el presidente de la Cámara de Diputados, Borda, todos ellos representantes del MAS.
Varios analistas y constitucionalistas eran consultados este domingo por los medios de comunicación bolivianos. La posibilidad más repetida por estos era que asumiera la presidencia el senador más antiguo del país.