El gobierno y varios sectores de la oposición chilena acordaron comenzar el camino para la elaboración de una nueva constitución, que remplace a la de 1980. Pese a este acuerdo, que se anunció en la madrugada de ayer, la crisis social continúa.
Tal como sucede desde hace cuatro semanas, ayer se repitieron las manifestaciones populares masivas en la plaza Italia de Santiago, y una vez más actuaron los carabineros.
Si bien la elaboración de una nueva constitución era una de las demandas de las protestas que comenzaron el 18 de octubre, las condiciones en que se elaboraría no terminaron de convencer a una parte del espectro político y de la sociedad chilena. Varios de los partidos que conforman la alianza de izquierda Frente Amplio se opusieron a firmar el acuerdo.
La diputada Pamela Jiles, del Partido Humanista, que integra el Frente Amplio pero no se plegó al pacto, escribió en su cuenta de Twiter que “lo que proponga la Asamblea Constituyente será vetado por la derecha, pues establecen cuórum de dos tercios”, lo cual “asegura control de la élite corrupta sobre todas las decisiones”.
La cuestión del cuórum, la mayoría requerida para aprobar artículos, fue el gran punto de discordia entre las colectividades políticas, ya que algunos sectores de la oposición pretendían que se fijara en tres quintos.
El documento fue firmado por partidos de derecha en el gobierno (la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Evolución Política), de la coalición de centroizquierda Nueva Mayoría (Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista) y del Frente Amplio (Partido Liberal, Revolución Democrática y el Partido Comunes). Establece que mediante un plebiscito, en abril del año que viene, la ciudadanía debe elegir si desea modificar o no su carta magna, y, en caso afirmativo, a través de qué mecanismos. Si la mayoría vota en contra se mantendrá la constitución vigente, que se mantiene desde la dictadura de Augusto Pinochet.
Según informaron medios chilenos, la consulta contendrá dos preguntas. En la primera los ciudadanos tendrán que responder si quieren o no una nueva constitución; en la segunda, deberán optar sobre qué tipo de órgano deberá redactarla. Las posibilidades son una “convención mixta constitucional”, compuesta por 50% de parlamentarios y 50% de ciudadanos electos para integrarla, o una “convención constitucional”, cuyos integrantes serán todos electos para realizar esa tarea. En los dos casos, los miembros de esas convenciones se elegirían en octubre de 2020, simultáneamente a las elecciones regionales y municipales.
El órgano constituyente que se elija deberá aprobar las normas y el reglamento de votación por una mayoría de dos tercios de sus miembros. Una vez redactada la nueva constitución, esta será sometida a su ratificación, en otro plebiscito, mediante sufragio universal obligatorio.
El acuerdo, denominado “Por la paz social y la nueva constitución”, anunciado en las primeras horas de ayer, se logró tras dos largas jornadas de debates entre las fuerzas políticas oficialistas y la mayoría de las opositoras. El presidente del Senado, Jaime Quintana, del centroizquierdista Partido por la Democracia, señaló que con este acuerdo la política asume su responsabilidad sobre “una serie de injusticias e inequidades” que los chilenos señalaron en las movilizaciones.