El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha insistido desde octubre en que las protestas en su país tuvieron influencia de intereses políticos extranjeros contrarios a su gobierno, y volvió a esa hipótesis la semana pasada, cuando se cumplieron dos meses del estallido social que comenzó el 18 de octubre. En una entrevista con medios extranjeros, informó El Mostrador, Piñera reiteró que hubo una “ola de violencia sin dios ni ley”, con “tecnología de punta”, “organización militar” e injerencia extranjera. “Así lo han dicho el secretario general de la Organización de los Estados Americanos [Luis Almagro] y el Departamento de Estado de Estados Unidos y países amigos”, agregó.
El presidente estadounidense, Donald Trump, le manifestó su apoyo a Piñera en octubre y dijo que otros países querían “socavar las instituciones, la democracia o la sociedad chilenas”. A su vez, Almagro afirmó por entonces que “las brisas del régimen bolivariano impulsadas por el madurismo y el régimen cubano traen violencia, saqueos, destrucción y un propósito político de atacar directamente el sistema democrático y tratar de forzar interrupciones en los mandatos constitucionales”.
Lo mismo dijo la ministra vocera del gobierno de Piñera, Karla Rubilar. “Mucho del incentivo de la protesta social violenta ha venido de fuera de Chile”, afirmó, y agregó que “el informe que tiene el ministro [del Interior, Gonzalo] Blumel sí tiene información clara de organizaciones de fuera de Chile para incentivar la protesta violenta”.
Blumel, que se reunió días atrás con el fiscal nacional Jorge Abbott, dijo que les había entregado a los investigadores “información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnologías de big data, con tecnologías de la información”. Algunos funcionarios del gobierno afirmaron que se aportaron datos “de inteligencia”, mientras que otros aclararon que eran sólo “de fuentes abiertas”.
Este domingo el diario La Tercera informó sobre el contenido del documento que el gobierno le entregó a la Fiscalía, y publicó que en sus 112 páginas repasa lo que se publicó en las redes sociales y presenta teorías sobre la injerencia extranjera, pero no incluye datos al respecto. Señala que después de que Piñera dijera el 20 de octubre que el país estaba “en guerra” y anunciara que los militares saldrían a las calles, más de cuatro millones de usuarios de Twitter, Facebook e Instagram repudiaron esa decisión. En total, el documento releva casi 60 millones de comentarios sobre la crisis chilena publicados en unas cinco millones de cuentas entre el 18 de octubre, cuando comenzaron las grandes protestas contra la suba del precio del transporte, y el 21 de noviembre, informó el diario chileno.
El análisis de big data concluye que 19,3% de esos comentarios fueron emitidos desde el extranjero, y permite identificar a personas y grupos que postearon sus opiniones sobre lo que pasaba en Chile, unos en contra y otros, menos, a favor del gobierno. Entre los primeros, se menciona al medio ruso RT y a Telesur, así como a dirigentes peronistas y, en particular, kirchneristas que criticaron desde Argentina al modelo económico y al gobierno de Chile. También aparecen los músicos Ismael Serrano y René Pérez, conocido como Residente.
Quienes apoyaron al gobierno chileno son usuarios de redes de Venezuela, Argentina, México y España, que en muchos casos hablan de una supuesta injerencia venezolana. El informe nombra al periodista Jorge Lanata, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado y la ex ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich, publicó La Tercera.
Otro grupo, que integran varios dirigentes chilenos, como las izquieristas Karol Cariola y Beatriz Sánchez, es definido en el informe como impulsor del discurso contrario al gobierno. Sus integrantes, dice, tienen el mayor impacto por la cantidad de seguidores con los que cuentan.
En cambio, aparece otro grupo, integrado por jóvenes chilenos que tienen menos de 5.000 seguidores, que no solían hacer publicaciones sobre asuntos políticos antes de esta crisis y que comparten la característica de que muchos son “aficionados al K-Pop”, según señala el periódico. Enfocan sus críticas en las muertes y violaciones a los derechos humanos, y “ridiculizan” las teorías de que el gobierno venezolano es el promotor de la crisis. Al momento de identificar a algunos de sus integrantes, aparecen la comediante Paola Molina y la cantante Mon Laferte.
Como exponentes de la postura contraria aparecen la cuenta de Carabineros, del Ejército de Chile, de los dirigentes oficialistas José Antonio Kast y Karla Rubilar, y de otros que en sus posteos se enfocan en el orden público y la defensa del gobierno. Completan la lista unos “11.000 bots o usuarios con actividad anómala”, así como grupos que surgieron en Whatsapp y Telegram, y eventos en Facebook que aparecen como respuesta a esta crisis política y social, que también generó pronunciamientos de Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas.
Continúa la violencia
Aunque las manifestaciones en Chile ya no son multitudinarias, como hace dos meses, todavía se mantienen, y también la violencia. Durante la noche del viernes un camión blindado de Carabineros giró hacia un manifestante en Santiago, lo atropelló y lo estrelló contra otro de esos vehículos, conocidos como “zorrillos”. El joven, que sufrió una fractura en la pelvis, necesitaba una intervención quirúrgica y hasta este domingo estaba internado. Su madre, Marta Cortez, manifestó en Twitter: “Mi hijo Óscar fue brutalmente, intencionalmente atropellado y aplastado por dos zorrillos. Milagrosamente está con vida. ¡Esta barbarie avalada por el monstruo del Interior y el Estado de Chile debe parar!”.
Desde que comenzaron las manifestaciones murieron 23 personas, casi 3.550 sufrieron heridas, más 200 de ellas perdieron un ojo, y hubo denuncias de tortura y violencia sexual.