En las oficinas de la Fiscalía especializada en anticorrupción y legitimación de ganancias ilícitas se presentó este miércoles una orden de aprehensión en contra del mandatario depuesto de Bolivia, Evo Morales, por la comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, previstos en los artículos 123 y 133 del Código Penal.
De acuerdo a lo consignado por el diario El Deber, en el documento se afirma que la orden podrá ser ejecutada a cualquier hora y en cualquier día hábil recurriendo a la ayuda de la fuerza pública, respetando el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales del sindicado. El ministro del Gobierno de facto que encabeza la presidenta Jeanine Áñez, Arturo Murillo, hizo pública la disposición hecha por los fiscales de materia Jhimmy Almanza Pardo y Richard Villaca en un proceso iniciado de oficio por el Ministerio Público boliviano.
La orden judicial también incluye al dirigente cocalero Faustino Yucra Yarwi, sindicado en el mismo proceso, que se instauró tras haberse encontrado una conversación telefónica entre ambos, en la que coordinan medidas de presión contra las zonas urbanas en medio de las violentas manifestaciones que golpearon al país tras la renuncia del ex mandatario, quien actualmente se encuentra en Argentina bajo el estatus de asilado político. “Se ha cumplido con todos los requisitos investigativos, y la comisión de fiscales ha emitido los mandamientos de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Ayma y el señor Faustino Yucra por los ilícitos que se está investigando en la denuncia iniciada de oficio por la Fiscalía de La Paz”, informó a la red Unitel el mayor Luis Fernando Guarachi, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), según consignó el diario paceño La Razón.
Guarachi explicó que las investigaciones no cesaron desde que comenzó el caso, el 10 de noviembre, cuando Morales fue forzado a renunciar, y dijo que una posible petición de colaboración a la Policía de Argentina corresponderá al análisis del Alto Mando Policial y de la Fiscalía. El caso fue activado por el Ministerio de Público de oficio “por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo” que alcanza a los “coautores, cómplices y encubridores”, reseña el documento fechado este 18 de diciembre. La acusación contra Morales había sido adelantada días pasados por la presidenta Áñez, tras una presunta comunicación telefónica que hizo el presidente legítimo desde México, donde recibió asilo, en la que supuestamente llamaba a sus partidarios a emprender acciones de sabotaje en La Paz.
Morales negó haber hecho esas llamadas y consideró que las autoridades golpistas ahora inventan “acusaciones de terrorismo, de sedicioso; sin embargo, el pueblo unido, organizado, seguirá movilizado para el bien de la democracia”.