Las calles de París y más de 250 ciudades y localidades francesas fueron el escenario ayer de grandes movilizaciones realizadas en el marco de una masiva huelga general en rechazo al proyecto de reforma de jubilaciones propuesto por el gobierno del presidente Emmanuel Macron.
Si bien se produjeron algunos incidentes entre manifestantes radicales y la Policía en algunos puntos de la capital francesa, como la Plaza de la República y los Campos Elíseos, y en las ciudades de Lyon, Rennes y Nantes, la enorme mayoría de las marchas fueron pacíficas y tuvieron un apoyo masivo. Según informaron medios franceses, trabajadores de sectores como el metro parisino, ferrocarriles de todo el país, plantas nucleares, recolectores de basura, funcionarios de escuelas y hospitales, controladores de tránsito aéreo y empleados de aerolíneas, entre otros, comenzaron una huelga que gradualmente se extenderá hasta el lunes y pondrá a prueba la resistencia de Macron, que está afrontando el paro más duro desde 1995. En aquel año el motivo que generó un masivo paro general que duró tres semanas contra el gobierno que encabezaba Jacques Chirac también fue un plan de reforma de la seguridad social y las pensiones impulsado por el primer ministro Alain Juppé, que finalmente no pudo imponerse ante la presión popular.
La huelga que comenzó ayer tuvo una particular adhesión en el sector del transporte, debido a que la reforma propuesta por el gobierno pretende terminar con el régimen jubilatorio que actualmente tienen la Sociedad Nacional de Ferrocarriles y la entidad del transporte metropolitano de París, cuyos trabajadores pueden retirarse a partir de los 52 a 57 años, según las categorías, producto de las condiciones laborales a las que están expuestos todos los días. Durante el primer día del paro numerosos servicios de trenes no funcionaron, y según se informó lo mismo sucederá hoy.
La idea del Ejecutivo de Macron es unificar los 42 planes jubilatorios que existen en Francia y pasar a tener un sistema universal por puntos, según el cual cada euro aportado otorgará el derecho a recibir la misma prestación. El principal problema para los que se oponen a la reforma es que la especificidad de los oficios ya no se tendrá en cuenta, y los sindicatos temen que los puntos terminen perdiendo valor. Según consignó el sitio Euronews, el segundo gran cambio que busca esta reforma es en el método de cálculo. Actualmente el importe de las jubilaciones se determina sobre la base de los mejores 25 años para los trabajadores del sector privado y los últimos seis meses para los funcionarios públicos. Si la reforma es aprobada, los puntos se acumularán a lo largo de toda la vida laboral, por lo cual las personas cuyas carreras hayan tenido altibajos temen resultar perjudicadas.
Otra de los medidas más polémicas de la reforma es la denominada “edad de jubilación de equilibrio”. Básicamente se trata de elevar a 64 años la edad de jubilación para poder cobrar la pensión completa, frente al mínimo actual de 62 años. En caso de que se implemente el nuevo régimen, jubilarse a los 62 años seguirá siendo legal, pero quien lo haga perderá una parte de su jubilación, al tiempo que existirá un bono adicional para quienes trabajen más tiempo.
Encuestas divulgadas en los últimos días en Francia dejaron claro que la mayor parte de los habitantes del país se muestran masivamente a favor del mantenimiento de la edad oficial de jubilación en 62 años, una de las más bajas entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
De acuerdo a lo que informaron medios franceses, Macron se reunió ayer con su Consejo de Ministros y en esa instancia le pidió a su Ejecutivo que “no subestime” las movilizaciones populares pero que, paralelamente, siga firme en la necesidad de reformar el sistema.
El gasto del Estado francés en pensiones públicas, que representa 14% del Producto Interno Bruto (PIB), es uno de los más elevados del mundo. Una comisión independiente creada especialmente para analizar la cuestión jubilatoria prevé que el sistema registrará en 2025 un déficit de más de 17.000 millones de euros (18.740 millones de dólares), es decir, 0,7% del PIB, en caso de que el sistema siga funcionando como en la actualidad.